La Cámara de Diputados la Nación le dio media sanción al proyecto que busca ampliar la ley de Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), la cual busca expandir el padrón de villas y asentamientos de nuestro país, y con él la cantidad de personas con la capacidad de acceder a la inserción sociourbana de los lugares donde viven, obtener un certificado de vivienda, acreditar su domicilio ante cualquier autoridad pública y así solicitar servicios como la conexión a la red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural o transporte.
La modificación “construye un pie de igualdad entre todos los barrios populares de la Argentina independientemente de que siga les tocó estar”, dijo a este diario Antonio Salinas, titular de la Oficina de Defensa al Consumidor y militante de la ley de Registro de barrios populares, cuya ampliación fue acompañada por 227 legisladores y legisladoras a través de cuatro artículos: ampliar el anexo de la ley para sumar aquellos asentamientos y villas ubicadas en localidades de entre 2 mil y 10 mil habitantes, prorrogar los desalojos de los polígonos territoriales delimitados en el registro por el periodo de 10 años, decretar la emergencia sociourbana y sanitaria en estos territorios y declarar como derecho el acceso a los servicios básicos urbanos: el agua, la luz, el gas y el servicio a cloacas.
Consultado por El Ciudadano sobre los efectos de esta reforma de la ley, Salinas destaca que “incorpora a todos esos nuevos barrios y les da el mismo tratamiento jurídico que los 4.416 primeros, que es declarar de utilidad pública y sujeto expropiación a todos los barrios que se suman al Registro”. En Argentina, la ley 27.553 de Integración Socio Urbana de Barrios Populares tiene en su registro a 4416 barrios populares, número que hoy asciende a más de 5600 en todo el territorio nacional.
La norma define a la integración socio urbana como el conjunto de acciones que busca ampliar, desde el accionar estatal, el equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos para habilitar la accesibilidad, el saneamiento ambiental y la conectividad a los territorios. En este sentido, la norma también tiene por objetivo la eliminación de barreras urbanas y el redimensionamiento parcelario. En lo que atiende a la cuestión material de las familias que habitan esos barrios, el Registro habilita el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, la seguridad en la tenencia de los terrenos y las viviendas y la regularización del dominio de las mismas.
Los barrios populares, secos y sin electricidad: cuando el corte de luz y de agua es todos los días
Por otro lado, la primera edición de la Ley había suspendido en todo el territorio nacional los desalojos de todos los polígonos registrados en el Renabap por el plazo de cuatro años, por lo cual la suspensión caducaría a fines del corriente año: la ampliación de la norma extiende hasta el 2032 la expulsión por medio del uso de la fuerza pública a los pobladores de los barrios populares.
“Otra cosa interesante es que decreta la emergencia sociourbana y sanitaria en todos los barrios populares de la Argentina», lo que Salinas define en breves palabras como el «agilizar mecanismos administrativos dice que cuando se decretan la declaran las emergencias tiene que ver con poder hacer cosas más rápido, sin tanta burocracia. Fertilizar mecanismos administrativos. Entonces lo que hace esta modificación es también como hacer esa esa modificación o sea declarar la emergencia sociourbana en los barrios populares por dos años”.
Otro de los aspectos del proyecto de ley que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados es la declaración del derecho de los habitantes de los barrios populares a tener acceso a los servicios públicos. Este artículo no sólo que declaran el derecho, sino que insta a los organismos nacionales a las prestatarias del servicio para los ministerios y a todos los a los niveles del Estado a trabajar en programas específicos y en adecuaciones normativas para llegar con los servicios básicos a los barrios populares, los cuales, según los datos del Renabap, se ven desprovistos de luz, agua, gas y servicio a cloacas. El objetivo es transformar en usuarios formales de los servicios a los habitantes de las villas y asentamientos.
¿Que si puedo o si quiero?
De las planillas del Registro Nacional de Barrios Populares se desprende que hay 341 barrios populares en la provincia de Santa Fe. En Rosario, el total es de 112 asentamientos y villas, de las cuales 49 de ellas aparecieron entre 1990 y 2016, siendo actualmente habitadas por aproximadamente 120 mil personas.
El relevamiento en cuanto al acceso formal a los servicios revela la urgencia de la regularización en estos espacios: el 98% de los vecinos no accede al agua potable y el 95% no tiene acceso a la luz. A esto se le agrega que el 97,32 no tiene acceso formal a la red cloacal, mientras que el 99,11 no tiene acceso formal a la red de gas natural.
Salinas advirtió que el artículo de la reforma que declara el acceso a los servicios como un derecho inalienable para los vecinos de los barrios populares: «Quedan en Rosario muchos barrios provistos por cuba, por camiones cisternas que cuando no van, la gente se queda directamente sin agua por días”. El acceso al agua en los barrios populares queda limitado a la instalación precaria y autogestiva de los propios vecinos, en las cuales la misma muchas veces genera pérdidas del recurso, situación que se repite con las instalaciones eléctricas. «En pleno siglo XXI, en el año 2022, tenemos muchísimos rosarinos que al día de hoy acarrean agua», se lamenta Salinas.
Salinas reveló a este diario que la empresa Aguas Santafesinas S.A., debido a una norma que data de las épocas de la privatización de la empresa, no puede acercarse a los barrios a instalar el servicio de agua corriente debido a que la mayoría de éstos no está denominado como zona servida. Ahora bien, es la propia empresa la que debe señalar estas áreas urbanas como zonas servidas: “La obligación de la empresa sólo aparece en el área servida, por ende las áreas no servidas, que son básicamente los barrios populares y toda la periferia de la ciudad, al no considerarse como área servida la empresa no está obligada a brindar el servicio”, lo cual obliga a los vecinos a la autogestión.
“Eso es una es una aberración, porque básicamente la ley dice que quien dictamina que esa área es servida y cuál no, es la misma empresa. La empresa no genera obligaciones y después no tiene la obligación de proveer el servicio”, denunció el funcionario.
Salina advierte que la falta de acceso formal y pleno a la energía y al agua hará que las altas temperaturas que se vaticinan para el verano, cada vez más pronto a llegar, compliquen aún más el día a día en los barrios: “Ahora que se viene el verano otra vez, la problemática del agua y de la luz y los cortes intermitentes van a ser otra vez un problema en Rosario».
Rosario vio crecer sus villas y asentamientos precarios durante la década de 1980, con el establecimiento de 31 villas, pico de construcción de barrios populares en la ciudad. El punto de mayor crecimiento de los barrios populares en la provincia fue en los años 90, mientras que el país registró la mayor proliferación de asentamientos en la década del 2000.
