Por Leonel Zanotto
Podríamos hacer un revisionismo histórico de los vaivenes que ha tenido nuestro sistema tributario a lo largo del tiempo pero no nos alcanzarían los pocos caracteres que tengo permitidos para esta nota.
Tal vez se pueda resumir con tres palabras: la deuda, el compromiso y la caja. Veamos:
¿A qué llamo «la deuda»? No señor lector, no me refiero al FMI o los holdouts. Me refiero a un gran pendiente que tenemos como país y consiste básicamente en ponernos de acuerdo como repartir los recursos públicos. Una nueva ley de coparticipación federal, con reglas claras y que defina cuáles son los parámetros para la distribución del ingreso.
¿El «compromiso»? Bueno, hubo varios… No es por meter el dedo en la llaga, pero por mencionar uno: la reforma constitucional del 94 comprometía a sancionar una nueva ley de coparticipación antes de la finalización de 1996… Se nos venció un poquito el plazo. Pero vamos a ahondar en el acuerdo firmado por los gobernadores provinciales, el jefe de gobierno de la CABA y el presidente de la Nación en el año 2017, llamémosle Consenso Fiscal Parte I. En dicho acuerdo se comprometía entre otras cosas consensuar una nueva ley de coparticipación federal en algún horizonte no tan lejano (permítanme por ahora la inocencia).
Con esta iniciativa también se buscaba re-adecuar cómo las provincias generan recursos públicos y cómo los gastan. En lo que hace al principal y más distorsivo impuesto provincial, el impuesto sobre los ingresos brutos, este compromiso buscaba, entre otras tantas cosas: Eximir inmediatamente a las exportaciones de bienes (hasta ese momento solo la provincia de Misiones las gravaba). Eximir antes del 31-12-2019 a las exportaciones de servicios, esto es servicios prestados en Argentina con utilización económica en el exterior. Y, progresivamente bajar la carga tributaria en varias actividades pero fundamentalmente en la industria manufacturera hasta llegar a eximirla en 2022.
Asimismo, en materia de impuesto de sellos y de impuesto inmobiliario algunos de los compromisos fueron: No incrementar las alícuotas del impuesto a los sellos correspondientes a la transferencia de inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios; Establecer, para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima de impuesto a los sellos del 0,75% a partir del 1 de enero de 2019, 0,5% a partir del 1 de enero de 2020, 0,25% a partir del 1 de enero de 2021 y eliminarlo a partir del 1 de enero de 2022; Fijar alícuotas del impuesto inmobiliario en un rango entre 0,5% y 2% del valor fiscal.
La Nación también comprometió varios cambios respecto a compensaciones a provincias y también algunos que hoy nos podrían llamar un poquito la atención, como por ejemplo: No crear impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del impuesto sobre los bienes personales.
¿Qué pasó luego? La «caja»… otra vez no cierra. ¿Mucho gasto público para los ingresos que tenemos o poco ingreso público para afrontar los gastos? El paradigma del ajuste.
La historia continúa con la firma de un «consenso fiscal parte II» en 2018 que modifica el primer acuerdo y entre otras cosas suspende el compromiso de no incrementar Bienes Personales.
Y ahora, tenemos un nuevo acuerdo firmado el 17 de diciembre de 2019, el Consenso Fiscal parte III. Esta nueva modificación vino a suspender todos los compromisos arriba citados (entre tantos otros no mencionados en este artículo) hasta el 31 de diciembre de 2020. Claramente, esta ¿última? modificación viene a permitir el incremento de impuestos provinciales o suspensión de reducciones de alícuotas que elevarán la carga tributaria provincial para los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto de sellos y del impuesto inmobiliario, entre otros. Esto se suma a la creación de nuevos impuestos y elevación de alícuotas en el orden nacional, que nos siguen posicionando como uno de los países con la mayor presión tributaria de la región.
Comenzó el 2020, y nuestro sistema tributario sigue reflejando esa deuda que tenemos hace más de 20 años: no nos podemos poner de acuerdo. Continuamos con compromisos pospuestos u olvidados que terminan siendo rehenes de las políticas de corto plazo. Y otra vez esa caja que no cierra…
Contador Público (UADE). Licenciado en Administración de Empresas (UADE). Asociado por el Departamento de Asesoramiento Fiscal de SMS–San Martin Suarez y Asociados.
