El oficialismo consiguió en Diputados emitir dictamen favorable de comisiones para el proyecto del Poder Ejecutivo que dispone la reapertura del canje de deuda, que podría ser ley mañana mismo, ya que será debatido en el recinto de sesiones y cuenta con sanción del Senado.
La iniciativa, que permite ingresar en la reestructuración de la deuda a los bonistas que no aceptaron hasta ahora la propuesta argentina, recibió dictamen tras un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.
Tras una reunión de tres horas a la que concurrieron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el viceministro, Axel Kicillof, la bancada del Frente para la Victoria obtuvo el dictamen de mayoría con el apoyo en disidencia de legisladores de otras bancadas
Al hablar sobre la reapertura de canje ante un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto de Diputados, Lorenzino recordó que «ya hemos pagado 21.000 millones de dólares a los bonistas de la deuda reestructurada», y destacó la cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese contexto, Lorenzino dijo que el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York «es una fuente de incertidumbre», aunque recalcó que está muy clara «la voluntad de pago que ha tenido la Argentina».
El Gobierno envió un proyecto de ley para reabrir por tercera vez el canje para el siete por ciento de los bonistas que no sumaron a la reestructuración de la deuda, y cuyos títulos están en manos de fondos buitre que mantienen un juicio contra la Argentina, con un fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos.
El proyecto no tendría dificultades para recibir dictamen favorable, ya que el kirchnerismo y sus habituales aliados votarán a favor, en tanto el radicalismo mantiene diferencias internas sobre si acompañar o no la iniciativa o, por el contrario, sumarse a la postura de los bloques que se oponen al proyecto.
El texto enviado hace diez días por el Ejecutivo para disponer la reapertura del canje de deuda suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en «términos y condiciones financieras» similares a la operación concretada en 2010.
La iniciativa apunta a «llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos» que no ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010.
