Para Marcelo Maisonnave, abogado y magíster en Derechos Humanos, la redacción del dictamen de mayoría, “deja una ventana muy grande a las autoridades públicas para no responder a los pedidos de acceso a la información pública”. La preocupación es que esta oportunidad de denegar información que se les brinda a los funcionarios públicos convierta en regla el rechazo de las solicitudes