En la continuidad de una audiencia que se celebró bajo modalidad virtual, los fiscales que llevan adelante la investigación por daño ambiental en Petroquímica Bermúdez expusieron los argumentos para solicitar la nulidad del cierre de la causa determinada por la Justicia de San Lorenzo, a expensas de una orden impartida por el entonces fiscal regional Patricio Serjal al fiscal sanlorencino Juan Ledesma para que archive el expediente.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y Pablo Lanza fundamentaron el pedido de nulidad de la resolución emitida por el juez Juan José Tutau en 2019. Anticiparon las pruebas que presentarán en la próxima audiencia programada para el martes 11 de mayo al mediodía por parte del magistrado Carlos Gazza. Y aseguraron que en el juicio oral no sólo testificarán profesionales que investigan el daño ambiental en la planta abandonada de Capitán Bermúdez, sino que también lo harán el fiscal general Jorge Baclini y el propio juez Tutau.
«Lo que quedó en aquella resolución se parece un cheque en blanco. Se extinguió la acción penal sin imputados. Hay víctimas que no fueron avisadas de la audiencia: los trabajadores de Celulosa que sufrieron las consecuencias de la emanación de gas cloro en la planta de Petroquímica. Ni siquiera al taller ecologista avisaron de la resolución», cuestionó Schiappa Pietra en su argumentación.
«Las pruebas y los testigos que pasarán en el juicio refutarán la resolución cuando se cerró la causa sin imputados. Ni siquiera se les notificó a las víctimas», reforzó Edery. «¿Está firme la resolución? Las víctimas también pueden constituirse como querellantes», advirtió antes de repasar el ofrecimiento de prueba que harán desde el Ministerio Público de la Acusación.
Schiappa Pietra cuestionó el procedimiento de su colega Juan Ledesma al acatar la instrucción de Serjal, detenido en la megacausa por juego clandestino y uno de los imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa de Petroquímica Bermúdez. «Sabemos que las instrucciones ilegales no deben ser cumplidas. Mucho menos por un fiscal. Hablaron de multas, cuando un daño ambiental jamás podría remediarse con plata si afecta a nuestras futuras generaciones», aseveró en la audiencia.
También fustigó contra el accionar del juez Tutau en aquella resolución del 8 de marzo de 2019. «Podría haber llamado al fiscal regional (por Serjal) y que lo explicara en audiencia, por tratarse de un caso de contaminación ambiental». Y se retrotrajo al año 2017, cuando el entonces gobernador Miguel Lifschitz «emitió un decreto pidiéndole al fiscal de Estado para que vaya a la Justicia. Por un escape de gas cloro en la empresa se advierte una posible contaminación en la planta lindera de Celulosa», refirió Schiappa Pietra.
Recordaron que cuando el fiscal de Estado Pablo Saccone realizó una denuncia por contaminación dolosa a los empresarios Sergio Tasselli, Máximo Tasselli y Matías Gallego del directorio de Petroquímica Bermúdez SA, «se trataba de una conducta dolosa y no podían alegar imprudencia». Constataron el nivel de contaminación de agua, aire y tierra. «Pero el fiscal del Estado adjunto (por el también imputado Gustavo Luzzini) mandó a archivar la causa».
Y reconoció Schiappa Pietra que «la ley provincial no aplica el principio de oportunidad cuando se trata de una causa que compromete al interés público». Y añadió que «el compromiso de remediación no fue cumplido por Tasselli. Los especialistas pudieron acreditar la contaminación existente en la planta en un allanamiento e inspección realizado en agosto de 2018».
En el cierre de la audiencia, el juez Gazza propuso un plazo para la presentación de pruebas. El martes 11 de mayo a las 12 se celebrará una nueva audiencia en donde las defensas de los imputados y acusados podrán contestar lo planteado por el MPA. El jueves 6 tendrán que ofrecer las pruebas por escrito en la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales de San Lorenzo.
