Un tema que arrastra años: ¿quiénes arrojan residuos contaminantes, en particular cloacales, al saturado arroyo Ludueña? Lo último, su mal estado, es evidente, pero sobre las responsabilidades continúa la controversia y este martes desde el Concejo Municipal volvieron a reclamar inspecciones y estudios para certificar qué pasa. Son varias las fuentes sospechadas, pero en esta ocasión los ediles de la Comisión de Gobierno hicieron eje en al barrio cerrado Country Golf y en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas.
Los reclamos quedaron expuestos durante la reunión de Gobierno realizada en el anexo Alfredo Palacios del Palacio Vasallo. La comisión es presidida por Caren Tepp, de la bancada de Ciudad Futura.
Los pedidos fueron enviados a la comisión de origen, Ecología, donde habían sido presentados el lunes 25 de abril. Ambos proyectos ordenan inspecciones ante sospechados vertidos en el arroyo que desemboca en el Paraná, a la altura del barrio Arroyito, luego de su entubamiento. Las dos iniciativas fueron presentadas por María Luz Ferradas, de Ciudad Futura, acompañadas por Tepp y por sus compañeros de espacio Juan Monteverde, Jesica Pellegrini y Pedro Salinas.
Uno de los decretos encomienda al Departamento Ejecutivo para que la Dirección General de Hidráulica «o la repartición que corresponda» realice una inspección en el barrio cerrado Country Golf “a los fines de determinar si su producción de vertidos a las redes de desagües de la ciudad, particularmente al arroyo Ludueña, y la disposición final de los efluentes que genera, son realizados según la normativa vigente”. El otro requiere lo mismo respecto del Aeropuerto. En ambos casos, se plantea que, en caso de detectarse infracciones o faltas a la normativa vigente, se instruya al Tribunal Municipal de Faltas para que fije sanciones administrativas.
El Ludueña nace como red de drenaje, con una cuenca de 800 km² y una extensión, incluyendo a sus tributarios, de 19 km de los cuales a lo largo de 1,5 sus aguas transitan entubadas. Atraviesa Rosario en la zona norte, pero a su vera se encuentran localidades como Pérez, Zavalla, Pujato, Funes, Roldán, San Jerónimo, Luis Palacios, Ricardone, Ibarlucea y Aldao. Múltiples son las afectaciones humanas al cauce: desde los químicos de industias y producciones agrícolas hasta un mayor aporte pluvial derivado de la impermeabilización de suelos que remiten, además, a la proliferación de desarrollos inmobiliarios en su cuenca. Y, además, están los vertidos cloacales, directos o por descarga de los llamados camiones atmosféricos.
Larga data, mal olor
La polémica por las aguas servidas no es nueva, y tampoco exclusiva del Ludueña. De hecho, en Rosario no hay tratamiento de esos efluentes, que se vuelcan al Paraná en la zona sur de la ciudad para que la corriente las traslade aguas abajo, fuera de las zonas urbanizadas, confiando en la capacidad de degradación del ancho curso de agua. Pero hay otras descargas ilegales. Un caso repetido es el de las conexiones cloacales clandestinas a los conductos de desagues pluviales que, esos sí, desembocan en el río frente a la ciudad.
La polémica con el Country Golf se encendió en febrero del año pasado a partir de un pedido del concejal peronista Lisandro Cavatorta, quien acusó a los administradores del barrio privado por presuntos vertidos ilegales. La sequía prolongada, que provocó el descenso de las aguas del Ludueña, expuso grandes concentraciones de materia fecal en su desembocadura sobre el parque Alem. El olor nauseabundo impidió disimular el alto nivel de esa contaminación orgánica. Sin embargo, los habitantes del desarrollo habitacional afirmaron en ese momento que habían acreditado ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia la existencia de un tendido cloacal bajo la normativa vigente.
Una medición del agua que en enero del mismo año había realizado la empresa estatal Aguas Santafesinas arrojó niveles de presencia de residuos orgánicos por encima de los recomendados. A igual conlusión llegó el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, pero nunca quedó en claro su procedencia.
Algo hay que hacer
Las acciones de los Estados provincial y municipal tampoco fueron contundentes. No se profundizó la investigación tras las alertas de los análisis químicos y físicos que expusieron umbrales de riesgo. Y las «soluciones» promocionadas para morigerar la alteración de la calidad de las aguas pusieron en evidencia su carácter apenas simbólico. Como ejemplo, el famoso «Sabalito barredor», en su caso destinado a limpiar los plásticos y otros sólidos que pululan en el arroyo. La embarcación apenas sobrevivió a su presentación pública. Sin mantenimiento y vandalizada, rápido se volvió chatarra, otra basura más.
Además del barrio cerrado y el Aeropuerto, otros potenciales responsables estuvieron en la mira y llegaron incluso a instancias judiciales. En 2020, el entonces procurador Jorge Barraguirre ordenó a la Fiscalía extrapenal que conducía María Laura Martínez una investigación luego de que apareciera una mancha oscura en el arroyo, en plena bajante del Paraná. Aguas Santafesinas tomó muestras y constató que se estaban arrojando efluentes cloacales sin tratamiento.
Esa vez, todo apuntó al Shopping Fisherton Plaza Open Mall, precisamente frente al Aeropuerto. El Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación de Rosario condenó a la empresa Rusitano SA a regularizar el tratamiento de los efluentes cloacales, y a presentar el certificado de aptitud ambiental en el término de seis meses. Además, dispuso que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe controle la gestión de los líquidos cloacales de la empresa condenada y presente un informe mensual al respecto.
