Especial para El Ciudadano
El Instituto de Pensamiento Popular Soberanía presentó en la noche de este miércoles el informe “Los cien caños. Enemigos ocultos del Paraná”, documento inaugural del espacio que pretende aportar datos preliminares sobre la contaminación del río Paraná. La investigación realizada muestra con un mapa interactivo las locaciones de los desagües con salida directa al Paraná en un ratio de 100 kilómetros, nombrando también a las diferentes empresas responsables de dichos vertederos.
Las muestras analizadas de los componentes orgánicos químicos de los desechos vertidos al río revelan una presencia diez veces mayor a los valores considerados normales. Los resultados analíticos son preliminares, con el objetivo de profundizar en la presencia de metales pesados y sustancias más complejas. Al informe lo acompañó un documental de catorce minutos, ilustrando una recorrida marítima de los investigadores a lo largo del cauce, ilustrando tanto los caños que asoman desde las cosas como así también los grandes aglomerados empresariales responsables.
El informe comienza dando cuenta de la situación del río: según el Instituto Nacional del Agua (INA), “sufre la bajante más pronunciada desde 1944 y se presenta, especialmente, desde Corrientes hacia el sur, donde desemboca en el río de la Plata”, habiendo pasado de un caudal promedio de 17.000 metros cúbicos por segundo, a registrar una caída hasta los 7.000 metros cúbicos por segundo, “apenas por encima del valor mínimo histórico de 5.800 m3/s, registrado en 1944. Por ese motivo, en julio pasado el gobierno declaró la emergencia hídrica por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná”.
Según Germán Mangione, periodista y coautor del informe, se pone de manifiesto dos cuestiones que preocupan a la hora de hablar de la contaminación en el río: la bajante histórica del Paraná es el motivo del porqué los caños se encuentran a la vista, ya que en temporadas de normal caudal se encuentran bajo el agua. Denuncia la falta de controles de Prefectura sobre estos tubos de desagüe al momento de hacer las diferentes recorridas: estos desagotes son completamente ignorados por las autoridades ejecutivas y de control. La segunda preocupación radica en que “la reducción (del caudal) del Paraná implica la reducción de la capacidad de autodepuración del río” dice Mangione.
Con fotos y videos, el equipo de investigación del Instituto Soberanía marca los efluvios de diferentes e identificados polos industriales: “Los desagües en algunos casos son obras regulares, en otros casos chorrean directamente desde la barranca” donde se pueden observar “caños, vertientes de cemento y hasta verdaderas cataratas de desechos”. Los autores afirman que el conteo ronda las 75 vertientes industriales y cerca de 25 vertientes cloacales. Todas están identificadas en un mapa interactivo en el que se puede ver fotos y su ubicación a lo largo de la costa ribereña.
La capacidad del río para autodepurarse de sus contaminantes se ha visto reducida hasta la mitad, debido tanto a la histórica bajante como al crecimiento poblacional de la región y la ampliación del sistema cloacal: “En los últimos 120 años la población que utiliza el sistema cloacal y arroja sus desechos al Paraná creció más de 10 veces, pasando de 112 mil habitantes a más de 1,4 millones” argumenta el informe, y añade: “La actividad bacteriana generada por el aumento de los desechos y la baja del caudal del río reduce los niveles de oxígeno en agua, que se va acercando a niveles peligrosos para la fauna ictícola”.
Los análisis del equipo investigador revelan que la contaminación del río llega a ser diez veces mayor a los parámetros normales del Paraná: la mayoría de los efluentes industriales sobrepasan los parámetros “normales aproximados” de contaminantes que se pueden encontrar en el Paraná, con presencia de coliformes.
El informe explica que “la denominación genérica coliformes designa a un grupo de especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en común e importancia relevante como indicadores de contaminación del agua y los alimentos”. Según la comparación realizada por el Instituto Soberanía, los niveles bacterianos en las muestras recogidas superan entre 10 y casi 20 veces, según el caso, a los parámetros normalmente encontrados en el cauce.
Públicos y privados: el “tercer Estado soberano” y el Estado ausente
El informe del Instituto Soberanía revela un listado de 35 empresas que vuelcan residuos industriales al río. Carlos Del Frade, uno de los referentes del Instituto dijo que, al sobrevolar las costas del río para observar los efluvios de las empresas, detectaron que algunas tienen aeropuertos propios.
Para Del Frade, el nivel de incumplimiento de las normativas ambientales por parte de las empresas que vierten sus desechos al río y el grado de independencia de las mismas, reflejado en el control de sus terrenos y el secretismo que manejan puertas adentro tanto de sus finanzas como del tratamientos de sus desperdicios, las coloca en la posición de un “tercer estado independiente”. El legislador provincial además lo comparó con sus investigaciones junto con Fernando “Pino” Solanas en el caso de la Barrick Gold, en la década de 1990.
“El agua le corresponde supuestamente a la jurisdicción nacional, pero los chorizos, los caños de los cuales habla el informe, pertenecen a supervisión que deberían hacer tres ministerios: Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia y Ministerio de la Producción” dicen desde el instituto, y añaden: “Y ahí tenemos otro problema: tanto en el presupuesto nacional como en el presupuesto provincial, todo lo que tiene que ver con el ambiente está subordinado a la producción”.
“La contaminación ambiental revela el grado de dependencia en Argentina. Revela el doble desprecio: desprecio primero con la salud humana de los trabajadoras y trabajadores de esa empresa puertas adentro y el desprecio por el ambiente, y revela la segunda gran dependencia: (a las empresas señaladas en el informe) no les importa para nada ni la legislación provincial ni la legislación nacional”, dice el legislador.
La resolución 284 del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe explica en su Anexo I que menos del 1% de las industrias tiene el Certificado de Aptitud Ambiental vigente en la provincia de Santa Fe. El informe da cuenta de las normativas vigentes tanto nacionales como provinciales, pero lo cierto es que dichas leyes, que establecen procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de verificación de los parámetros para la ejecución de obras y procesos productivos “acordes con la normativa ambiental vigente”, no se cumplen.
Otro informe que aporta preocupación en ese mismo sentido es el que realizó en conjunto la Dirección de Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Observatorio de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), según el cual sólo el 10% de las empresas trata de manera adecuada sus residuos industriales. El estimado de empresas activas generadoras de residuos industriales, especiales y peligrosos en Argentina es de 255.000 mientras que sólo 26.900 contratan tratamiento de residuos industriales, especiales y peligrosos.
«Sólo algunas de las empresas del cordón industrial tienen sus propias plantas de tratamientos, pero muchas con viejas estructuras no las tienen o están obsoletas”, dice el informe, y añade que las tres principales causas que contribuyen a que las generadoras de residuos peligrosos no realicen una correcta gestión y tratamiento se debe a “la falta de control y sanción por parte del Estado, la falta de conciencia ambiental y la competencia desleal en el sector de los generadores de residuos, ya que al disponerlos de manera ilegal descargan este costo en la sociedad”.
El dejar hacer: entre la complicidad y la impotencia
A modo de conclusión, el reporte sostiene que “con respecto a los efluentes industriales la falta de control por parte del Estado se puede constatar no sólo en la impunidad con que las empresas contaminan, en cualquier momento, a plena luz del día, sino que en las recorridas realizadas” se puede observar “la ausencia total de entes oficiales en el Paraná que ha quedado en manos de las empresas en su mayoría extranjeras”.
El fenómeno más visible es “la privatización de nuestras costas”, que da cuenta también de una “apropiación de nuestros bienes comunes por parte de sectores minoritarios”. Describen desde el instituto: “La ausencia del Estado en el patrullaje y control de lo que sucede en nuestro río se parece más a la complicidad que a la desidia”.
Al finalizar la presentación, en la mesa compuesta por Marianela Scocco, flamante titular del recién nacido Instituto Soberanía, la ingeniera química Mercedes Meyer, Mangione y Del Frade dieron cuenta de que el relevamiento “está tomado desde Villa Constitución hasta Timbúes. Son casi 100 kilómetros en donde las cosas no nos pertenecen a nosotros”.
Asimismo, Mangione observa que en el recorrido “casi no hay playas accesibles a los pobladores y pescadores”, y agrega Del Frade que “esa zona de sirga -como dice en el Código Civil- no le pertenece al pueblo. Ni siquiera respetan el Código Civil con esto de la sirga: les pertenecen simplemente a las empresas que están allí. Por eso este es un material que está definiendo el rol dependiente del gobierno de la provincia de Santa Fe, el rol dependiente del gobierno nacional”.
