El Senado retomó este mediodía el debate sobre la nueva ley de telecomunicaciones, denominado «Argentina Digital», con las exposiciones de expertos de compañías de cooperativas y organizaciones que nuclean a asociaciones de telecomunicaciones.
En la audiencia que se lleva a cabo en el salón Azul del Senado, Rafael Sánchez, de la Federación de Cooperativas Telefónicas de Argentina, que representa a 260 cooperativas telefónicas de todo el país, calificó como «positivo regular la convergencia de servicios».
«Apoyamos esta ley pero queremos participar», advirtió, y evaluó que «habría que precisar algunos conceptos sobre la autoridad de aplicación» y reclamó «mayor participación en la apertura de accesos y la desagregación de redes».
Remarcó en ese sentido que de ese modo se puede evitar que las cooperativas «puedan ser sometidas a presión por las grandes cooperativas para llevarse la crema del negocio».
Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre, declaró por su parte que la propuesta «es bienvenida» en todos los sectores, ya que se trata de «una deuda central de la democracia».
«La ley es esencial, tan esencial como la ley de medios que llevó una enorme discusión», sostuvo, y consideró que «si bien es cierto que hay que democratizar la palabra, también es importante poner atención en quién la lleva» porque «sino puede convertirse en una trampa».
También opinó que «la comunicación no es un derecho humano, es una condición que nos hace humanos», calificó como «auspiciosa» la ley y destacó que se nota que «quienes la han redactado han puesto el mejor de sus esfuerzos» pero advirtió que «el resultado es insuficiente».
Alertó que «la cuestión es demasiado compleja para tratarla con apresuramiento» y llamó la atención sobre «la protección de la confidencialidad de las comunicaciones» y sobre las deficiencias en el acceso a Internet y a la red de telefonía celular que se registran en Argentina.
La lista de oradores continuará durante toda la jornada para avanzar en el debate sobre la nueva normativa que el oficialismo espera aprobar en sesión a fines de noviembre.
Se preveía que concurrieran a brindar su opinión del proyecto la abogada Graciana Peñafort, el diputado del Frente Amplio UNEN Gerardo Milman, representante de la oposición en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y Guillermo Desays, del Centro de Profesionales de las Telecomunicaciones, el especialista en telecomunicaciones Henoch Aguiar; y el periodista Alejandro Alfie, entre otros.
El proyecto que se debate en la Cámara alta define como «servicio público en competencia» a las TIC. El objeto de regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares, mencionadas como «última milla» o «bucle local».
Uno de los puntos sobresalientes del proyecto es el que permite a las telefónicas que puedan prestar servicios audiovisuales. Lo único que deben hacer esas empresas para dar contenidos audiovisuales es tener contabilidades separadas y no ser «anticompetitivas».
Los licenciatarios audiovisuales podrán prestar servicios de telecomunicaciones a través de la misma red. Los TIC tendrán la obligación de suministrar acceso e interconexión a otros operadores.
Pero todo uso de infraestructura compartida deberá ser previamente autorizado por la autoridad de aplicación que designará el Poder Ejecutivo Nacional, que también definirá qué operadores deben «desagregarse de la red local» o sea obligar a los que tienen una posición dominante a no brindar servicios domiciliarios y abrir su red a otros.
