Cada vez que la Justicia garantiza impunidad, sentarla en el banquillo de los acusados debería ser un acto justo. Este miércoles, un tribunal “ético, popular y feminista” se conformó frente a los tribunales provinciales de Rosario para enjuiciar a la “Justicia patriarcal y capitalista”. Los testigos fueron tres casos de femicidio donde se vulneraron los derechos reclamados por Rocío Segovia (la adolescente de 15 años que cursaba un embarazo de nueve meses y apareció “ahorcada” en 2014); Vanesa Celma (la muchacha “prendida fuego” en 2010 con ocho meses de gestación) y Rosalía Jara (la joven mamá de Fortín Olmos que lleva desaparecida diez meses).
La audiencia pública de este miércoles fue la primera en Rosario, pero la séptima que se realiza en ciudades de la Argentina y la región, en el marco de una iniciativa del colectivo Feministas del Abya Yala. Una de sus integrantes y referente de Pañuelos en Rebeldía, Claudia Korol, recordó que este proceso comenzó en Chaco, en el 32° Encuentro Nacional de Mujeres de 2017, donde se presentaron unos 20 casos de violencia sufridas por mujeres en el país y también en Honduras y Chile. Las audiencias continuaron en Uruguay, Paraguay, además de Buenos Aires y el sur de la Argentina.
“Para fines de junio va a estar la sentencia, las conclusiones de más de 45 relatos concretos de cómo actúa la Justicia patriarcal legitimando la violencia que sufrimos las mujeres. Va a ser un pronunciamiento político, ético y feminista”, adelantó la dirigente.
Korol explicó que más allá de los casos de violencia en sí, el juicio a la Justicia Patriarcal analiza si su intervención es para defender la situación de las mujeres violentadas o para favorecer a quienes la ejercen.
“Las instituciones deberían defender y hacer justicia, no generar espacios para garantizar la impunidad”, dijo en relación a situaciones que se repiten en los tribunales de distintas latitudes, como fiscales y funcionarios judiciales que no investigan y cuando los familiares piden respuestas los mandan a buscar pruebas.
El sistema “es patriarcal y capitalista, en conjunto, porque impide el acceso efectivo a la justicia. Existe una ley contra la violencia hacia las mujeres que en la práctica no se puede realizar. Es una barbaridad que la familia de la víctima sea la encargada de investigar o pagar los gastos de la investigación, debería ser el Estado en defensa de la vida y de la seguridad de las mujeres”, remarcó Korol. Y aclaró: “Vemos que las que siempre sufren estas violencias son las mujeres pobres, o mejor dicho, empobrecidas por este sistema, por no tener capacidad para costear peritajes o por no estar en condiciones de resolver desde la precariedad” en la que viven.
“En todos los relatos se escucha cómo son maltratadas cuando van a hacer la denuncia. Los fiscales, los jueces las discriminan y las vuelven a culpabilizar porque no hicieron tal o cual trámite. Cuando una mamá es asesinada, los niños quedan al cuidado de las abuelas que cargan con lo económico, lo afectivo y además buscan justicia. Se les hace muy cuesta arriba sobrevivir sin apoyo económico ni psicológico”, dijo Korol.
Ese es el tipo de relato desgarrador que se escuchó en la audiencia de ayer, con un estrado que además de Korol completaron Sonia Tessa y Mabel Gabarra.
Sin respuestas
Este miércoles se escucharon las historias de Rocío Segovia, Vanesa Celma y Rosalía Jara a través de sus seres queridos. La lista de víctimas es mucho más extensa pero esos casos son emblemáticos porque muestran el padecimiento que le sigue a la muerte de un ser amado, cuando se busca Justicia.
“Escuchar los tres testimonios fue algo muy fuerte y conmovedor por la asimetría de poder. Todas personas a las cuales la Justicia no les ha dado ningún tipo de respuestas”, dijo la periodista Sonia Tessa, quien remarcó que si esas mujeres no cuentan con el acompañamiento de la sociedad civil quedan “totalmente indefensas”.
Una hermana de Rocío Segovia contó que la fiscal del caso les dijo que les lleven pruebas porque de lo contrario iba a archivar la causa. A una tía de Rosalía Jara le explicaron que no se iba a poder realizar una pericial crucial de celular porque no había plata para pagarla. También una cuñada de Vanesa Celma, víctima de violencia de género, contó cómo fue revictimizada por distintas instituciones estatales, que fueron cómplices para que el caso quedara impune. En junio, la sentencia.
