Tras dos maratónicas jornadas el Concejo Municipal aprobó en la tarde de ayer, por unanimidad, una ordenanza que establece nuevas normas de seguridad para las entidades bancarias, financieras y casas de cambio con la intención de procurar reducir el delito de “salideras”.
La ordenanza fue largamente debatida en las últimas 48 horas, dado que el tema había logrado aprobación en la comisión de Planeamiento el lunes pasado, pero al no reunirse la de Seguridad quedó sin despacho. A partir de ello y luego de intensas discusiones en la comisión de Labor Parlamentaria, en la antevíspera se acordó que la comisión de Seguridad se iba a reunir luego de que la sesión del Concejo de anteayer pasara a cuarto intermedio.
Así lo hizo la comisión que preside el socialista Aldo Gómez, la que deliberó entre las 20 y las 22 de anteanoche y volvió hacerlo durante más de dos horas en la mañana de ayer, ocasión en la que se consensuó un proyecto a partir de iniciativas de los ediles Edgardo Falcón, del bloque Socialista; Jorge Boasso, de Intransigencia y Renovación Radical (IRR), y de propuestas de Diego Giuliano, de Rosario Federal y Daniela León, de la Unión Cívica Radical.
Se establece en la ordenanza votada que regirá “en forma supletoria, siempre que no se contraponga con las medidas de seguridad bancarias exigidas por la normativa nacional y las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) vigentes o que se dictaren en el futuro”.
Entre las disposiciones se establece que en la línea de caja “se deberá garantizar la privacidad al cliente a través de boxes individuales que no permitan que las operaciones bancarias que realizan puedan ser visualizadas por los demás desde el exterior de los mismos”. Tales tabiques “deberán ser conformados con materiales opacos con la finalidad de impedir la visualización de las operaciones bancarias que se efectúen”.
Igualmente indica la ordenanza que los bancos deberán disponer de un retiro de al menos dos metros de distancia entre las cajas y el lugar donde se ubiquen quienes aguardan acceder a las mismas.
En el mismo ítem se establece que los bancos deberán disponer la formación de tres filas de sillas dispuestas a lo largo de las cajas de atención para su utilización por parte de los clientes.
La ordenanza también plantea que “se deberá propender a diseñar un sistema de cajas multifunciones, a los fines de impedir la individualización de la operatoria a realizar en la entidad bancaria por parte de los clientes, previniendo la posible comisión de delito en las filas destinadas únicamente a la extracción de dinero”.
Alude asimismo la norma en el inciso vinculado a la línea de cajas que las cámaras de videovigilancia que están establecidas detrás de dichas cajas según la comunicación “A” 3390 del BCRA, “deberán filmar al cliente y al empleado bancario que participan de las distintas operaciones”.
Con respecto a los cajeros múltiples que están ubicados en los locales de atención al público de los bancos “deberán estar separados por tabiquería a fin de garantizar al cliente la privacidad y evitar que sus operaciones sean observadas por terceros”. También se determina que todos los cajeros automáticos deberán contar con cámaras de ubicación fija que permitan determinar de manera fehaciente a las personas que realicen trámites.
Por otra parte en la norma votada por el Concejo rosarino se determina la obligatoriedad de la colocación de dos cámaras de seguridad en cada una de las puertas de los locales bancarios, direccionadas hacia el interior y el exterior del edificio. Respecto a este tema el edil Orlando Debiasi, del bloque Socialista, pidió que se dejara constancia de su abstención.
Igualmente se determina que los bancos deberán establecer bloqueadores de celulares, tanto para los usuarios como para los empleados bancarios.
Al considerarse la ordenanza en el recinto, los ediles Falcón y Boasso destacaron la misma. El radical resaltó que “se aprueba una muy buena ordenanza” y enfatizó que se lo hace antes de la ley nacional, dado que el Senado todavía la tiene en debate.
Por su parte, Fernando Rosúa, de Encuentro por Rosario, consignó que cuando se empezó a considerar el tema “la duda había sido si había competencia” y recordó que desde su bloque habían señalado que en tal caso “lo debería resolver la Justicia”.
En tanto el edil Héctor Cavallero, del Partido del Progreso Social, mencionó que aún no había bloqueadores homologados.
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