El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, contra la orden de la Cámara de Casación, insiste en darle domiciliarias a los seis represores condenados en el marco de la causa Laguna Paiva. Organismos de Derechos Humanos convocan a una concentración para el miércoles 9.
Tras un recurso de la APDH Rosario, la Cámara Federal de Casación Penal anuló en diciembre pasado una resolución del Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe que había beneficiado al represor Eduardo Riuli, junto a otros genocidas, con la libertad condicional. Riuli había sido condenado a seis años en el marco de la Causa Laguna Paiva o Causa Chartier. Sin embargo, el TOF le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria por segunda vez a Riuli.
En repudio a estas decisiones judiciales, un nutrido grupo de organismos de Derechos Humanos se harán presentes en la puerta del TOF de la ciudad de Santa Fe (Primera Junta 2601) el próximo miércoles 9 a las 10:00, para manifestar su repudio y exigir la prisión preventiva de los seis genocidas por nuevos crímenes de lesa humanidad que forman la segunda parte de la causa. Están encabezados por la APDH Rosario y con la participación del Foro contra la Impunidad y la Justicia, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas Santa Fe e HIJOS Santa Fe, entre otros.
Es la segunda vez que el TOF de Santa Fe le otorga la libertad a Eduardo Riuli, a quien condenó el 7 de julio de 2021 por unanimidad. Por su parte, el Juzgado Federal 1 denegó las prisiones preventivas de los imputados.
Los genocidas son culpables de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos. Condenaron a 16 años de prisión e inhabilitación perpetua a Germán Chartier; a Fernando Sebastián Mendoza a cinco años e inhabilitación perpetua; a Eduardo Riuli a seis años y seis meses e inhabilitación perpetua; a Rubén Insaurralde a seis años de prisión e inhabilitación perpetua; a Antonio González a cinco años e inhabilitación perpetua; y a Omar Molina a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua.
Junto a otros represores condenados en el marco de la Causa Laguna Paiva, Riuli gozaba de libertad condicional y circulaba orondo por la misma localidad donde viven sus víctimas sobrevivientes, Laguna Paiva. Frente a esta situación, la APDH había reclamado ante la Cámara de Casación, que ordenó el encarcelamiento: destacaron la «ineficacia de la restricción impuesta a Riuli», en referencia a su libertad condicional con el impedimento de acercarse a los domicilios de sus víctimas, «dadas las concretas características de la ciudad santafesina de Laguna Paiva». Oportunamente, Casación Penal había conminado al Tribunal Oral Federal de Santa Fe a «evitar decisiones que pongan en riesgo la responsabilidad internacional del Estado Argentino en relación a las obligaciones de juzgamiento y sanción» en delitos de lesa humanidad establecidos en el derecho internacional vinculante para nuestro país.
Rubén Insaurralde, Sebastián Mendoza, Antonio González y Riuli fueron condenados el 7 de julio por delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en septiembre ya tenían la libertad condicional. El argumento del tribunal fue que los condenados ya habían cumplido parte del proceso en prisión. Se trató de prisiones domiciliarias, que incluso fueron violentadas por los entonces acusados. Por ejemplo, en el caso de Riuli, todavía vecino de Laguna Paiva, la APDH denunció oportunamente la violación de la domiciliaria mientras estuvo imputado.
Ante el nuevo paso atrás del TOF, Federico Pagliero, miembro de la APDH Rosario y abogado de los sobrevivientes, señaló a Pausa: “Estamos muy preocupados con la situación del TOF de Santa Fe que procura activamente la liberación de genocidas condenados. Riuli fue sentenciado en 2021 en la Causa Laguna Paiva y luego de eso el TOF le otorgó la excarcelación, algo que para nosotros nos parece que no corresponde”.
“Esta decisión del TOF de Santa Fe, a contraposición de lo que ordenó la Cámara de Casación, genera incumplimiento de las obligaciones internacionales que nuestro país ha asumido en erradicar la impunidad y sancionar en forma adecuada estos delitos”, agregó.
El horror en Paiva
La causa Laguna Paiva mostró el entramado policial, militar y judicial que sostuvo las redes del circuito represivo en la dictadura. Los condenados fueron el ex oficial ayudante del Departamento de Informaciones D2, Eduardo Riuli; el ex responsable de la Comisaría 13 de Laguna Paiva, Fernando Mendoza; el ex sargento del Departamento de Informaciones D2, Rubén Insaurralde; el ex cabo de la División Robos y Hurtos de Unidad Regional I, Antonio González; el cabo del Departamento de Investigaciones, Omar Molina y el ex jefe del Departamento de Investigaciones e Informaciones de la URI, Germán Chartier. Los ex policías son acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, y por el delito internacional de genocidio.
El 7 de julio de este año culminó la primera etapa de la causa, que juzgó el secuestro y tortura de once militantes del brazo sindical del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la mayoría oriundos de Laguna Paiva, y de sus familiares durante la última dictadura.
Los hechos ocurrieron a principios de 1980 y los sobrevivientes estuvieron privados de su libertad en el Departamento de Informaciones D2 y en la Guardia de Infantería Reforzada. Los secuestros también tuvieron como víctimas a niñas y niños que pertenecían a las familias de los militantes perseguidos.
Hoy los sobrevivientes piden que inicie el segundo tramo del juicio. Esto implica que se llame a indagatoria a los ex policías por nuevos hechos que se desprendieron de las testimoniales del primer caso. Además, piden que se convoque al represor Víctor Brusa, quien aparece reiteradamente en los testimonios pero nunca fue citado por el TOF.
La clave del segundo tramo de este juicio es que se trate el secuestro y abandono de 16 niñas y niños y el abuso sexual que sufrió una de ellas a manos de la patota del D2.
Fuente: www.pausa.com.ar
