Los trabajadores de la planta santafesina de Naranpol están a un paso de recuperar la fábrica, cerrada hace más de un año, a través de una cooperativa: un hecho inédito en la historia de la capital provincial por la magnitud de la empresa, cuya quiebra fue resuelta por la Justicia –después de un año y medio de haberse presentado a concurso de acreedores– el pasado 26 de octubre. El jueves 8 de noviembre la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que propone la expropiación de la planta y de las máquinas a favor de la cooperativa de trabajadores.
La decisión de la Cámara baja –avalada por todos los bloques excepto el de la UCR– apunta a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el “uso temporal” del inmueble con sus maquinarias e instalaciones propiedad de la empresa Productora Alimentaria SA para adjudicarlo a la cooperativa de trabajo Naranpol Limitada. De sancionarse la ley, más de cien operarios de la ciudad de Santa Fe –que no cobran sus haberes desde octubre del año pasado– podrían retomar sus tareas.
El autor del proyecto, Avelino Lago, destacó que la decisión alcanzaría a un “significativo número de familias que dependen de esas fuentes de trabajo” y agregó: “Sin duda, servirá de eficaz aporte para mejorar la situación laboral de esos ciudadanos afectados, preservando los establecimientos productivos y las fuentes de trabajo”.
La matrícula
Para completar el trámite –además del aval del Senado– los trabajadores esperan que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Ines) le otorgue la matrícula a la cooperativa, así podrán comenzar a gestionar los créditos necesarios para comprar los insumos que les permitan reiniciar la producción, suspendida desde hace un año por los empresarios de Productora Alimentaria.
Uno de los líderes de la cooperativa, Marcelo Bleckman, explicó tras la media sanción de la Cámara baja: “Vamos a seguir trabajando porque todo este tiempo fue de lucha y de trabajo para buscar alternativas para demostrar que estamos en condiciones de administrar una empresa”.
Bleckman dijo que intentarán negociar con los senadores la sanción definitiva de la ley antes de fin de mes; caso contrario, deberán esperar que el Ejecutivo incluya el proyecto entre los que habilitará para su tratamiento en sesiones extraordinarias. “Habíamos tenido algunas conversaciones con los senadores pero ahora vamos a empezar a recorrer los distintos bloques; calculamos que vamos a tener también acompañamiento, como en la Cámara de Diputados, porque hay voluntad”, declaró Bleckman.
Un año y medio de conflicto
Los conflictos en Naranpol comenzaron hace un año y medio. El 4 de mayo de 2011 la firma se presentó a concurso preventivo de acreedores. El juez Eduardo Sodero accedió al pedido y dio por caído el convenio colectivo de trabajo. En octubre la planta cerró y los operarios dejaron de cobrar sus salarios. En abril de 2012, los hermanos Galán, dueños de la empresa, la traspasaron a manos del corredor de Top Race Carlos De los Santos con el argumento de que su explotación era inviable por el elevado “costo laboral”. En rigor, los sueldos representan apenas el 16 por ciento de los ingresos de la firma, según quedó establecido en el expediente de la quiebra.
Desde octubre de 2011, con el cierre de la planta y el cese del pago de salarios, los obreros se declararon en huelga y tomaron el predio ubicado en el norte de la capital provincial. En noviembre de 2011 iniciaron los trámites para conformar la cooperativa y gestionar la expropiación de la fábrica. Asistieron a casi 40 conciliaciones obligatorias en el Ministerio de Trabajo de la provincia, en las cuales –y pese a los compromisos que asumió De los Santos– no se resolvió ni la reapertura de la planta ni el conflicto salarial: la deuda ya ronda los 900 mil pesos, según el cálculo de los trabajadores.
La cooperativa delineó un plan de autogestión y de negocios, que llevaron a la Legislatura con el objetivo de avanzar en el proyecto de expropiación. El justicialista Lago, del bloque Producción y Trabajo, presentó el proyecto de expropiación y, en paralelo, la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados se entrevistó con todos los actores involucrados: el empresario De los Santos, los obreros de la cooperativa y los que decidieron no conformarla a la espera de la eventual reapertura de la fábrica por parte del actual dueño.
El presidente de esa comisión, Marcelo Piccardi, explicó: “El proyecto fue analizado durante mucho tiempo, hemos pedido todos los informes respectivos, no se vino charlando de un día para el otro sino que estuvo mucho tiempo en la comisión. No nos quedó nadie sin escuchar o sin entrevistar”.
—¿Y qué explicaciones dio De los Santos?
—No recibimos muchas explicaciones del empresario. Algo que nos llamó la atención es que él se dedica al levantamiento de empresas caídas. Ya cuando empezamos con eso, nos dio dudas. Por otro lado, vimos que la cooperativa reúne los requisitos necesarios para esta actuación: cantidad de firmas y de trabajadores que participan. Como en su gran mayoría los requisitos estaban a la vista, creemos que hemos dado un paso para que la empresa se pueda reactivar.
Un camino de experiencias
Entre los fundamentos del proyecto de expropiación de Naranpol, el diputado Avelino Lago enumeró algunos casos de empresas recuperadas por sus trabajadores.
“Podemos citar, como ejemplos de la figura legal que proponemos, numerosos casos de empresas cerradas cuyos trabajadores mantienen la continuidad y el control de las actividades productivas agrupados en cooperativas”, dijo el legislador del peronismo provincial.
Entre otras, la Cooperativa de Trabajo Frigorífico Yaguané, la Cooperativa de Trabajo Frigorífico J.J. Gómez, la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo de Empresas Reconvertidas que incluye, entre otras, a la Cooperativa Ladrillera Palmar, la Cooperativa de Trabajo Frigorífico Minguillón, y la Cooperativa de Trabajo Frigorífico Santa Isabel Avícola Máximo Paz.
