“Cambió todo, y para bien”, celebró Víctor Lombardo, presidente de la cooperativa Fabricaciones Rosario, la metalúrgica de zona oeste que volvió a la vida como empresa recuperada y que apenas unas horas antes había estado a un tris de desaparecer: poco antes de la medianoche del jueves, una febril negociación había logrado casi raspando que no se concretara el desalojo de la planta que ya habían comenzado a ejecutar fuerzas policiales en presencia del juez que lo había ordenado. “Todo lo que queríamos era trabajar tranquilos. Y creo que lo logramos”, se esperanzó el trabajador en la mañana de ayer, ya con la seguridad de que los 22 miembros que tiene la cooperativa tendrán al menos otros seis meses de respiro.
El acuerdo les otorga a los trabajadores un plazo de seis meses para conseguir una nueva planta para instalar los equipos y seguir haciendo lo que hacían antes de que la empresa para la que trabajaban quebrara y los dejara en la calle. Fabricaciones Rosario produce insumos para la industria del GNC en vehículos, y es la menor de las sólo dos del rubro que existen en Rosario. Y en rigor una de las no tantas que existen en el país: su producción se vendía –y se siguió vendiendo tras la puesta en marcha de la producción de válvulas en manos de sus empleados– en provincia de Buenos Aires y en el NOA. Y con el acuerdo que frenó el desalojo por la fuerza se logró que la maquinaria quede para ellos en forma de pago por la indemnización que les correspondía.
En la puerta
El juez Marcelo Ramón Bergia, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, llegó el jueves por la tarde a Fabricaciones Rosario acompañado por las fuerzas policiales dispuesto a desalojar la cooperativa. Eran las 18.30 y había cuatro personas trabajando. La decisión fue inmediata: aguantar en el lugar hasta que llegaran los compañeros. Afortunadamente, la cooperativa logró no sólo movilizar a sus compañeros, sino a miembros de otras cooperativas, legisladores nacionales, provinciales y funcionarios de todos los arcos políticos, entre ellos, el ministro de Justicia provincial, Juan Lewis; el diputado provincial del Movimiento Evita Eduardo Toniolli, la diputada nacional Josefina González, el director del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Santiago Bereciartúa, y representantes de las carteras de Trabajo de la Nación, y de Trabajo y de Producción de la provincia.
“Gracias a Dios el apoyo fue impresionante. Es más, creo que sin Lewis no se hubiese dado marcha atrás con la intervención del juez. Fue una locura: estoy seguro que si pasaban la noche acá nos vaciaban todo. Lo que hay acá es nuestro trabajo y esfuerzo como cooperativa”, suspiró Lombardo. Las negociaciones terminaron pasada la medianoche. Se acordó obtener las máquinas como forma de indemnización y alquilar la fábrica por seis meses, con un costo mensual de 40 mil pesos, pero pagaderos de un saque: 120 mil pesos se harían efectivos a la brevedad y otros 120 mil en un mes, con fondos del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Ministerio de la Producción de la provincia, con colaboración de la entidad federada que reúne a las cooperativas de trabajadores de empresas recuperadas.
Los trabajadores irán devolviendo esas sumas y a la par ir buscando hasta encontrar un nuevo galpón apto para instalarse. Ahí deberán mudarse, sin frenar la producción. Parece complicado, pero para ellos es buena noticia. “Veo un buen futuro. La fábrica funciona, tenemos trabajo y se arriman a ofrecernos más trabajo”, explicó el titular de la cooperativa.
Derechos en pugna: capital versus trabajo
Fabricaciones Rosario comenzó a funcionar en 1977 produciendo distintas piezas para la industria automotriz. Dos décadas después, con la expansión sin freno del gas natural comprimido como combustible de vehículos, se había especializado en válvulas, aros y otras piezas para la industria. Pero algo salió mal: en junio del año pasado, cuando la Justicia dictó la quiebra de la empresa, hacía siete meses que su propietario, Carlos Oggero, no pagaba los salarios ni los aportes previsionales y sociales de sus empleados. Y también había dejado de comprar insumos y materiales, por lo que tampoco aceptaba pedidos; por esto los trabajadores habían decidido la “ocupación pacífica” de la planta. Y con permisos provisorios la volvieron a poner en funcionamiento.
La fábrica que está en Presidente Perón 7415 estaba en plena producción ayer, cuando el desalojo parecía inevitable. Para entonces, los 22 trabajadores habían logrado evitar el retiro de maquinarias y conformar la Cooperativa de Trabajo Fabricaciones Rosario Limitada, logrando la autorización del mismo juez Bergia para funcionar. Para ello habían presentado un “plan de factiblidad” y con monitoreo desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR.
Con una autorización “provisoria” por seis meses la cooperativa quedó como depositaria judicial de las maquinarias, las que los trabajadores esperaban comprar con las indemnizaciones que les correspondían: algunos acumulaban más de 25 años de trabajo. Durante esos seis meses, los trabajadores mantuvieron la fábrica en pie. Pagaron deudas, pusieron en funcionamiento la planta, consiguieron obra social, seguro de vida y seguro contra incendios. El 28 de febrero la Justicia tenía que expedirse, decidir qué iba a pasar con las máquinas y el espacio físico. Pero se mantuvo en silencio hasta casi un mes más tarde, cuando llegó la noticia de que el desalojo era inminente. Tras una movilización, apertura de diálogo con el juez y la expropiación tratándose en la Legislatura provincial, llegó el desalojo, un desalojo que no resultó ser tal y derivó en el acuerdo que por tantos meses de buscó.
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