Por Pablo Ponza
El Cordobazo fue una protesta obrero-estudiantil por mejores condiciones de trabajo que devino en una insurrección urbana. Fue la rebelión popular más radicalizada de un largo ciclo de protestas que proliferó en todo el territorio nacional entre el Golpe de Estado al presidente Perón en 1955 y el retorno a la democracia en 1973. En ese contexto, el Cordobazo fue la cúspide de un paulatino proceso de radicalización ideológica que impugnaba el intento de consolidar un proyecto económico regresivo por la vía autoritaria.
Visto desde el presente, el proceso que condujo a la explosión del Cordobazo destaca catalizadores políticos, económicos y sindicales. Si nos detenemos en los políticos, es importante considerar el carácter fuertemente represivo de la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía, quien el 28 de junio de 1966 intervino por la fuerza el gobierno de Arturo Illia (Unión Cívica Radical del Pueblo) marcando el fin de la segunda experiencia civil que intentaba regularizar la vida institucional del país desde la proscripción peronista impuesta en 1955.
La dictadura autodenominada Revolución Argentina suprimió por decreto toda práctica política, y antepuso a la Constitución Nacional un acta de prohibición que cesó a los jueces de la Corte Suprema, ilegalizó todos los partidos políticos y confiscó sus bienes. Los gobernadores, las legislaturas provinciales e intendentes fueron relevados por mandos militares, se clausuró el Congreso Nacional y se instauró una dictadura que, además de utilizar los clásicos instrumentos de la coerción, intervino también las instituciones educativas y los medios de comunicación.
Es relevante considerar que desde 1955, los sucesivos gobiernos de Aramburu, Frondizi e Illia habían mantenido relativamente activos los canales institucionales a través de los cuales se licuaban las controversias entre los distintos sectores sociales. La diferencia cualitativa de la dictadura de Onganía, fue la cancelación indefinida de dichos canales, conduciendo los conflictos a una confrontación sin mediaciones y a la búsqueda de resoluciones directas cada vez más radicalizadas. El politólogo Guillermo O´Donnell señala que la experiencia de Onganía (1966-1970) fue la más perfecta expresión de un Estado burocrático autoritario que acentuaba la tendencia de las Fuerzas Armadas argentinas a confundir sus funciones institucionales específicas con la del resto del Estado. También James Brennan, Mónica Gordillo y Daniel James coinciden en que el excesivo uso de la fuerza aglutinó la reacción y la bronca en su contra, puesto que mayormente era considerado un gobierno ilegítimo y antipopular.
En cuanto a los factores económicos, cabe mencionar que en enero de 1967 Onganía nombró como ministro de economía a Adalbert Krieger Vasena (en sustitutición de Jorge Salimei), quien eliminó los controles de cambio y aplicó una política de endeudamiento con el FMI. En octubre, noviembre y diciembre de 1966 gestionó empréstitos extranjeros por un valor de 400 millones de dólares, congeló los salarios y devaluó la moneda un 40 por ciento, suprimió subsidios a industrias regionales y aplicó retenciones impositivas a las exportaciones agropecuarias. Su política abandonó la protección arancelaria que Illia había proporcionado a las pequeñas y medianas empresas locales, el principal fundamento sobre el cual se había apoyado la rápida recuperación económica del país en los últimos tres años. A partir del primer trimestre de 1967 comenzaron las críticas, principalmente de los pequeños empresarios industriales nacionales que veían restringidas sus ventas, el crédito y la capacidad de competencia frente a los productos importados que ingresaban sin mayores trabas al país.
Si nos interrogamos sobre el protagonismo que en este período tuvieron los sindicatos cordobeses en la escena nacional, hay que subrayar especialmente lo perjudicado que se veía el cordón industrial cordobés con las políticas económicas adoptadas por el gobierno nacional. Recordemos que Córdoba, desde mediados de la década de 1950 había alcanzado un alto grado de desarrollo industrial cuando buena parte de las industrias militares del país se establecieron en la provincia: la Fábrica militar de Aviones, la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos, la Fábrica de armas Portátiles y la Fábrica de Municiones para Artillería. A dichas fábricas se sumaron algunas de las autopartistas más grandes de Latinoamérica, tanto de origen nacional como extranjero, entre las que se cuenta la Fábrica de Motores y automotores Mecánica del Estado IAME, que empleaban miles de obreros y fabricaba aviones, camiones, automóviles, y motocicletas-, la italiana Fiat, la norteamericana KAISER (IKA), la francesa Renault o la inglesa Perkins.
Estos datos nos ayudan a comprender cómo surgió allí con tanta fuerza el sindicalismo clasista, democrático o combativo, cuyo carácter antagónico -tanto respecto de la dictadura como de las centrales obreras burocráticas-, representaban ideales democráticos y de honestidad como nuevo paradigma de representación sindical, con tres de las figuras más destacadas de la historia sindical argentina: Agustín Tosco, René Salamanca y Atilio López, tres dirigentes que luego fueron víctimas de la violencia paraestatal: López fue asesinado por la Triple A el 16 de septiembre de 1974, Tosco murió el 5 de noviembre de 1975 producto de una dolencia de la que no pudo ser atendido por estar obligado a vivir en la clandestinidad, y Salamanca fue secuestrado y desaparecido el 2 de abril de 1976 tras el golpe de Videla.
Un dato distintivo del Cordobazo fue la concurrencia de intereses entre obreros y estudiantes universitarios. Hecho que se explica, en parte, por el Decreto Ley 16.912 de julio de 1966, que terminó con más de medio siglo de autonomía en las universidades públicas, colocándolas bajo el control del Ministerio del Interior. Este hecho, sumado al ethos liberacionista y anti-imperialista de la época, habilitó un encuentro solidario entre obreros y estudiantes que bajo condiciones democráticas normales difícilmente habría cobrado esa intensidad. De hecho, fue la severa represión propinada a un grupo de docentes y estudiantes que se propuso resistir la intervención en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, la que dio nombre a la tristemente célebre noche de los bastones largos.
En cuanto a los hechos que puntualmente dieron lugar a la explosión del Cordobazo, hay que destacar el llamado conflicto por las quitas zonales, una diferencia económica en las retenciones saláriales que eran mayores en las provincias del interior que en Buenos Aires. Se trataba de un conflicto de larga data que se había mantenido irresuelto, y por el cual el 6 de mayo de 1969 la UOM convocó a un paro de 24 horas. Seis días más tarde el gobierno respondió a la huelga con la derogación de la Ley 3.546 anulando el sábado inglés, una reivindicación lograda por los trabajadores en 1932.
El 15 de mayo durante una repulsa a propósito del cierre del Comedor Universitario en la ciudad de Corrientes, la policía asesinó a balazos al estudiante Juan José Cabral, desatando manifestaciones en varias provincias. Pero esto, lejos de disminuir la intensidad represiva pareció generar en el régimen una pulseada por no dar el brazo a torcer y terminó por cobrarse las vidas de dos nuevos estudiantes en Rosario: Adolfo Bello y Luís Norberto Blanco, cuando la multitud en actitud de franca insurrección enfrentó a la policía. Con menor envergadura, pero con idénticos motivos se registraron revueltas en Capital Federal, La Plata, Mendoza, Salta y Resistencia.
A la conmoción generalizada que provocaron estos crímenes, el 26 de mayo fue detenido Raimundo Ongaro (dirigente de la CGT de los Argentinos) en Córdoba y las dos CGT decidieron convocar a un paro nacional para el día viernes 30. No obstante, la CGT Regional Córdoba -debido a la gravedad de la situación provincial- decidió extender la medida a 48 horas y comenzar el paro con movilización el jueves 29. Ese día, como a las diez de la mañana la policía intentó cortar el camino de los manifestantes hacia el centro de la ciudad lanzando gases y disparos en el barrio de Santa Isabel, asesinando a Máximo Mena, obrero de IKA-Renault de sólo 27 años de edad. La muerte de Mena actuó como una chispa en la pradera, pues no sólo enfureció a los manifestantes que inmediatamente respondieron al ataque, sino que la noticia recorrió muy pronto toda la ciudad y desató espontáneamente una revuelta urbana generalizada que se multiplicó con una intensidad y una ira inesperada.
El saldo de la protesta fue de treinta y tres muertos y noventa y tres heridos. No obstante, en términos políticos el sacrificado fue el ministro de economía Krieger Vasena, y el herido de muerte Onganía, quien poco después se vio obligado a deponer su cargo.
Investigador del CONICET en el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR, CONICET-UNC) y Profesor Asistente en Historia Argentina Contemporánea, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba.
