El hacinamiento y la superpoblación en las cárceles de la provincia de Santa Fe agravan las condiciones de detención y ponen en riesgo la integridad física de las personas, en el marco de la pandemia producto del coronavirus. El personal del Servicio Penitenciario trabaja con las medidas de seguridad –guantes y barbijos–, pero los internos no cuentan con esos insumos y ni siquiera reciben lavandina todos los días. Esas fueron las principales definiciones de la defensora general de la provincial, Jaquelina Balangione, durante una reunión por videoconferencia con los integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia.
La videoconferencia fue para que la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal expusiera ante los legisladores sobre la situación carcelaria y las acciones adoptadas por el organismo en el marco de la pandemia.
Balangione les explicó a los diputados que el Servicio Penitenciario acarrea desde hace tiempo dificultades estructurales para asegurar condiciones dignas de encierro y sobre todo, para garantizar la resocialización de las personas privadas de su libertad. Tanto el hacinamiento como la superpoblación, que agravan las condiciones de detención y ponen en riesgo la integridad física de las personas, fueron denunciadas oportunamente por la Defensa Pública, cuestión que se agravó en el marco de la pandemia mundial.
En este sentido, la defensora general señaló que a medida que se detectan vulneraciones de derechos se busca el camino más idóneo, siempre que se pueda, solucionar por vía de presentaciones administrativas o gestiones institucionales. Cuando eso no sucede, se efectúan las acciones judiciales correspondientes. Gran parte de éstas se habían realizado con anterioridad a los trágicos sucesos ocurridos en la primera semana de la cuarentena, que dejaron un saldo de cinco internos asesinados en la cárcel de Las Flores (Santa Fe).
Balangione destacó además que, si bien se logró un resultado favorable a partir del habeas corpus colectivo presentado en favor de los internos, el nivel de cumplimiento en el sistema carcelario fue bajo, sobre todo en lo que tiene que ver con medidas de seguridad e higiene. Integrantes de la Defensa Pública, en el marco de sus visitas habituales, constataron que escaso personal penitenciario lleva guantes y barbijos y que los internos no reciben lavandina todos los días, entre otros problemas que pueden tener impacto sanitario.
Incidentes en tres penales
Por otro lado, la defensora brindó información sobre los hechos violentos ocurridos en las cárceles de Piñero, Las Flores y Coronda, como así también sobre la cantidad de personas afectadas. En relación a Piñero, relató que el 23 de marzo se produjo una revuelta en el Pabellón 14 de la Unidad Penitenciaria Nº 11 (Piñero) a raíz de la cual un celador y ocho internos resultaron heridos, éstos con postas de goma. En cuanto a Las Flores, el penal sufrió múltiples destrozos, entre ellos la enfermería y un pabellón debió ser desalojado. Producto de ello, se realizaron numerosos traslados de manera temporal a diferentes cárceles, a saber: Pérez, Santa Felicia, Coronda y la Alcaidía Regional de Rosario.
Asimismo, informó sobre el habeas corpus presentado para que el Servicio Penitenciario permita la utilización de celulares debidamente registrados por parte de los internos dada la suspensión de las visitas y ante la falta de vinculación con sus familiares y/o allegados. Y explicó la situación general de las 331 causas planteadas por la Defensa Pública en toda la provincia a raíz de la crisis sanitaria.
Además del control y monitoreo de los centros de detención, la Defensora Provincial dio cuenta de las acciones desplegadas por la Defensa para alertar y denunciar posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
