Ecuador cumplió este lunes su primera semana bajo el estado de excepción decretado por la pandemia del coronavirus con un balance preocupante: en siete días multiplicó por 26 el número de personas enfermas y se convirtió en el país con la tasa de infectados más alta de Sudamérica en términos relativos.
El lunes 16 de marzo, cuando el presidente Lenín Moreno anunció al país la suspensión de vuelos internacionales, limitó la actividad comercial y productiva, restringió la movilidad entre provincias e impuso un toque de queda nocturno, los casos de infectados eran 37 y los muertos dos.
Ahora el balance oficial fue de 981 personas contagiadas y 18 muertos en una población de poco más de 16,5 millones de habitantes que ya antes de la pandemia atravesaba una profunda crisis económica, marcada por una masiva deuda externa y una política de austeridad que afectó especialmente las áreas de salud y educación.
El principal brote del país -más de 78% de los casos- se encuentra en la provincia de Guayas y, especialmente, en su capital y la ciudad más poblada y rica del país, Guayaquil.
«El gobierno local recién en los últimos días empezó a tomar medidas más estrictas para el confinamiento de la ciudadanía y recién este domingo el gobierno nacional dispuso que las Fuerzas Armadas intervengan en la provincia por el nivel altísimo de desobediencia ciudadana», describió Franklin Ramírez, profesor del Departamento de Estudios Políticos de Flacso Ecuador, en diálogo con Télam.
«Por ejemplo, hubo muchos espectáculos públicos, como un partido de fútbol, en Guayaquil, mientras en otras ciudades ya se empezaba a imponer el confinamiento; además, el caso cero del país entró por Guayaquil, una mujer que ya falleció y vino de Italia, y no se hizo nada para establecer un cerco epidemiológico u obtener la red de contactos de esa persona», agregó el investigador social.
En la provincia de Guayas ya van tres alcaldes infectados, incluida la de Guayaquil, Cynthia Viteri, según informó este lunes el diario local El Telégrafo, y el toque de queda nacional arranca a media tarde, no a la noche como en la mayoría del país.
Sin embargo, las provincias vecinas temen que la situación no pueda ser contenida.
«La situación es compleja, el crecimiento exponencial de los casos hace que la demanda de atención del sistema de salud publica se vuelva incontrolable, porque, además, estamos seguros de que hay muchos más casos no detectados, quizás un 100% más», advirtió a Télam Yaku Pérez, el prefecto de Azuay, una provincia vecina de Guayas con una población de unos 900.000 habitantes.
En Azuay ya hay Policía Nacional y funcionarios del gobierno local controlando algunos ingresos a la región y Pérez aseguró que están concentrando sus esfuerzos en garantizar la «soberanía alimentaria» con «canastas solidarias y compras virtuales».
Pero la gestión de la salud pública, destacó Pérez, está en manos del gobierno nacional.
«Hay falencias importantes, sobretodo en la prevención; le pido al gobierno nacional, primero, que decrete un toque de queda total, las 24 horas, en las provincias mas afectadas o en todo el país, y segundo, que adquiera de manera urgente los test para hacer las pruebas del coronavirus y todos los suministros necesarios para enfrentar la crisis,» agregó.
Perez no es el único funcionario o voz pública que cuestiona la gestión nacional de la pandemia.
El viernes pasado hubo un cacerolazo organizado por la Conaie -principal colectivo indígena del país-, movimientos sociales y la izquierda en reclamo de mayor intervención estatal, financiamiento a la salud y protección de los más vulnerables.
Al día siguiente, la entonces ministra de Salud Catalina Andramuño renunció y, pese a que el gobierno informó que le había pedido la dimisión, la prensa local difundió su carta de renuncia, una directa crítica a la falta de fondos y coordinación política para hacer frente a la pandemia.
Su sucesor, Juan Carlos Zevalllos, garantizó este lunes en una conferencia de prensa que hay recursos suficientes para enfrentar la emergencia sanitaria, según reprodujo el diario La Hora.
Al mismo tiempo, el flamante ministro de Salud informó que en los próximos días llegará al país una compra de 200.000 kits para tests de coronavirus, no de dos millones, como había anunciado Andramuño poco antes de renunciar.
“Tenemos los fondos para las compras que sean suficientes; no debe quedar dudas que los recursos están disponibles”, aclaró el ministro.
Télam preguntó al Ministerio de Salud ecuatoriano en que se basó la decisión de reducir en 90% la compra de kits, pero no recibió respuesta.
Pese a los intentos del gobierno nacional por transmitir tranquilidad y confianza, la renuncia de Andramuño no solo desnudó las internas y la falta de coordinación dentro del Poder Ejecutivo, sino que a encendió alarmas entre la dirigencia política.
Este domingo, en un gesto poco común, todas las bancadas de la Asamblea Nacional -desde el correísmo hasta la derecha liberal- le pidieron al gobierno de Moreno que suspenda el próximo pago de intereses y capital de la deuda externa para destinar esos recursos al fortalecer el sistema de salud y la gestión pública de la pandemia.
«Una crisis humanitaria sin precedentes requiere de una salida de igual dimensión», sostuvieron los jefes de todas las bancas en un comunicado, citado por El Comercio.
Varios prefectos, entre ellos Pérez, apoyaron este pedido.
«Las críticas llueven de todos lados; se sostiene el consenso social sobre el ‘Quedate en casa’ que pidió de manera temprana Moreno, pero las demandas surgidas ya con el confinamiento -tests masivos, mayor control estatal, financiamiento de la salud, medidas económicas profundas para ayudar a los más vulnerables en esta crisis- se multiplican», advirtió Ramírez.
