Es cualquier día de cuarentena y la casa de Miryam Auyeros se llena de putas. Con las caras tapadas con barbijos caseros llegan al oeste de Rosario para buscar un bolsón o un plato de comida para ellas, sus hijas e hijos. Algunas se quedan un rato a charlar. Ella les cuenta cómo era ser puta hace 20 años, les habla de las detenciones de la Policía de las que eran blanco y de quién era Sandra Cabrera. Las más grandes recuerdan a la líder sindical asesinada en 2004 andando en moto y recorriendo las esquinas de trabajo. Para las más chicas es la primera vez que tienen contacto con un gremio que le habla de sus derechos. Miryam es secretaria general de Ammar Rosario, el gremio que representa a 6.000 trabajadoras y trabajadores sexuales en todo el país. No puede salir de su casa desde que empezó el aislamiento porque tiene a cargo a su mamá de 91 años. En el encierro la tarea gremial no frena. Incluso se volvió más intensa e imprescindible que nunca. “La situación es desesperante. Hago sindicalismo hasta cuando duermo”, dice para resumir el último mes y medio. Todos los días junto a otras compañeras del sindicato y del colectivo travesti y trans de Rosario asisten a 400 trabajadoras y trabajadores sexuales, quienes desde que empezó la cuarentena no tienen ingresos económicos porque viven del día a día, sin obra social, aportes jubilatorios ni acceso a derechos laborales básicos. A nivel nacional 4.000 personas que ejercen la prostitución reciben algún tipo de ayuda alimentaria, sanitaria o económica del gremio.
La pandemia de coronavirus puso aún más en evidencia la precaria situación de trabajadoras y trabajadores sexuales. Sin ningún derecho laboral, el aislamiento social, preventivo y obligatorio afecta particularmente a quienes viven del día a día en la economía informal. Las putas tuvieron que dejar de trabajar y no pueden generar ingresos para pagar comida, alquileres, servicios y cualquier gasto. El gremio a nivel nacional creó un fondo propio de emergencia pero la demanda crece día a día y habla de una situación desesperante. En Rosario, las representantes de Ammar distribuyen viandas y bolsones todos los días. Tampoco alcanza. Cada vez son más las trabajadoras y los trabajadores sexuales sin nada para comer y darle a sus hijas e hijos.
“La necesidad que tienen las compañeras es de alimento, muchas cobraron o están por cobrar los 10 mil pesos pero no alcanza. Nosotras recibimos fondos de Ammar nacional y compramos alimentos al por mayor. Armamos los bolsones y en pocas horas nos quedamos sin nada. También entregamos entre 120 y 180 viandas en mi casa y en la Siberia que nos da la Universidad Nacional de Rosario (UNR)”, explica Miryam Auyeros en un hueco de la tarea gremial que mudó a su casa.
La ayuda de distinto tipo llega a más de 400 mujeres, varones, trans y travestis que ejercen la prostitución en la ciudad. La población trans es abarcada por la militancia de referentes de esa comunidad, que reparten en los barrios de Rosario bolsones y viandas, articulando con funcionarias nacionales para acceder a distintos programas paliativos. “Estamos trabajando todas juntas para llegar a la mayor cantidad de gente posible”, agrega Miryam Auyeros.
La sindicalista cuenta que las trabajadoras sexuales llegan a su casa con barbijo, vergüenza e inseguridad. A muchas les pesa el estigma de la sociedad sobre el trabajo que hacen. Ella les habla, les cuenta su experiencia y les explica qué es el sindicato. Les dice que su mamá, a quien cuida en la casa, también fue trabajadora sexual. “Vemos que las chicas que no conocían al sindicato lo están conociendo en el living de mi casa. Se ponen a contar sus problemas. La pandemia llegó para hacerme sentir que como secretaria general la población te necesita. Yo les cuenta cómo era antes, cuando Moralidad Pública nos llevaba presas todos los días”, recuerda. Hace unos días una chica que trabaja en la calle le mostró un tatuaje de su abuelo. Cuando lo vio, Miryam Auyeros se sorprendió pero no dudó un segundo en reconocerlo: era uno de los policías de Moralidad que las llevaba detenidas. Había muerto hacía unos años y ahora su nieta puta escuchaba otra parte de la historia familiar.
En la calle
Gabriela Hemela es secretaria adjunta de Ammar Rosario y tampoco para un segundo. A diferencia de Miryam Auyeros, está en la calle. Todos los días reparte comida en la zona de la Siberia, recorre casas para ver qué problemas tienen, va a zona oeste a armar bolsones, atiende llamados y mensajes de consultas sobre cómo hacer los trámites para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, habla con otras organizaciones y con los distintos niveles del Estado. En las últimas semanas, lograron mandar bolsones a Villa Gobernador Gálvez donde había varias personas en situación crítica.
“La demanda está empezando a sentirse con más fuerza y no sabemos cómo hacer para que las compañeras tengan todos los días al menos una comida para ella y sus hijes. Repartimos 150 bolsones y no dimos más porque no tenemos. Se complica recaudar el dinero para tener todo el tiempo mercadería porque tenemos una población muy grande de trabajadores y trabajadoras sexuales”, cuenta Gabriela, y agrega que otro problema es el pago de alquileres: “Ninguna tiene para pagar. Venimos articulando con asociaciones de inquilinos de Rosario para ver cómo hacemos con esta problemática. No podemos salir a trabajar, ni siquiera tenemos comida en la mesa, las que no pueden comer terminan exponiéndose en su salud y salen igual a trabajar. Es mucha la desesperación de quienes vivimos en el día a día, algunas tienen 3 o 4 hijos a cargo y están desesperadas”.
“Es una realidad que nos golpea fuertemente por ser trabajadoras sexuales, porque no tenemos ningún derecho. Estamos de acuerdo con las medidas de Alberto pero nosotras estamos muy mal como todos los trabajadores de la economía popular. Somos trabajadores informales y necesitamos medidas más concretas. Como sindicato hacemos 100 por ciento territorio. La herramienta sindical es transformadora, nos gratifica muchísimo, porque sabemos que el no reconocimiento de nuestro trabajo es el que nos pone en esta situación. Este es el sindicato de la diversidad y estamos construyendo un modelo distinto de la construcción gremial”, agrega.
Georgina Orellano: “Estamos cansadas de ser quienes llenamos los índices de pobreza de nuestro país”
A principios de febrero, el tema “Puta” de Jimena Barón abrió un debate no saldado en los feminismos de la Argentina en relación a la despenalización del trabajo sexual en contraposición a las posturas que plantean que la prostitución no es trabajo y debe abolirse. Desde algunos sectores del feminismo, criticaron las acciones que llevaba adelante Ammar en todo el país y su secretaria general, Georgina Orellano, fue tildada hasta de proxeneta. Desde el gremio repetían que la discusión no era trabajo sexual sí o trabajo sexual no, sino que se trataba, como en el aborto, de dar derechos a quienes lo ejercen y alternativas a quienes no quieren hacerlo. En ese momento, nadie imaginaba que un mes y medio más tarde un virus llegaría al mundo y a Argentina para poner en evidencia la fragilidad de las economías informales.
Georgina Orellano no tiene tiempo para detenerse en ese debate. La realidad y la solución a los problemas de trabajadoras y trabajadores sexuales son ahora. Contesta las preguntas de El Ciudadano de madrugada, con voz cansada y firme, cuando termina otra jornada en la que hicieron una olla popular, armaron una jornada de limpieza en un hotel, pelearon con la Policía para que no lleven a putas y travas detenidas por salir al supermercado o la farmacia. Desde que empezó la cuarentena el gremio está desbordado de demandas: hambre, desalojos en hoteles y viviendas con condiciones insalubres, falta de insumos de salud y de elementos de higiene básicos, hijas e hijas que no pueden alimentar, violencia institucional acrecentada.
Apenas comenzó la expansión de la pandemia de Covid-19 en Europa, desde Ammar hablaron con sindicalistas de Italia, España y Francia para ver cómo afrontaban la crisis económica. “Las compañeras nos contaron la precarización a la que estaban expuestas, la violencia, la desesperación de muchas que estaban imposibilitadas de regresar a sus hogares, quedando encerradas y teniendo que vivir en cabarets, whiskerías, la casa de cita o clubes. Además, nos decían que las medidas sociales llevadas adelante por los gobiernos de la Unión Europea dejaban por fuera a las trabajadoras sexuales. En España hace muy pocos días se implementó una política pero que revictimiza a las compañeras y elimina la identidad como trabajadora sexual dándole poder de tutelaje a miradas asistencialistas, abolicionistas y punitivas sobre nuestro trabajo”, explica Orellano.
Con ese panorama en mente, desde el sindicato decidieron adelantarse y buscar la forma de generar fondos propios para afrontar la crisis. Lanzaron el Fondo de Emergencia para Trabajadorxs Sexuales, una colecta a nivel nacional de alimentos, de insumos de salud e higiene y de dinero, que cualquier persona puede depositar en la cuenta del sindicato. Con esos fondos hoy están ayudando a 4.000 trabajadoras y trabajadores sexuales en todo el país. Pero no dan abasto. Todos los días reciben llamados y mensajes de distintos lugares del país, muchos de los cuáles no tienen presencia sindical. “Hace una semana un grupo de 50 trabajadoras sexuales se comunicó con nosotras porque la estaban pasando muy mal, no tenían para comer literalmente”, dice Orellano a modo de ejemplo.
Además de la colecta, desde Ammar hacen acompañamiento ante violencia institucional, dan asesoría legal, jurídica y gratuita, y facilitan el acceso a subsidios habitacionales. Trabajan con el Inadi y con la Defensoría LGBT para impedir desalojos en hoteles porque muchos dueños y dueñas dicen desconocer que están abarcados por el decreto que suspende desalojos hasta el 30 de septiembre y muchas trabajadoras sexuales tampoco saben su alcance.
“La actual emergencia sanitaria que atravesamos a nivel mundial ha afectado enormemente a nuestro colectivo, dejando en evidencia más que nunca nuestra precarización laboral. A más de un mes de cumplirse la cuarentena obligatoria, nos ha arrojado una realidad que queda mucho más en evidencia en este contexto de emergencia sanitaria, pero que nosotras ya sabíamos que era la situación que atraviesan nuestras compañeras por no tener un reconocimiento laboral a nuestro trabajo y por la clandestinidad del mismo. El 90 por ciento de quienes ejercemos el trabajo sexual sólo tenemos el ingreso que generamos a partir del día a día. Frente a la imposibilidad de trabajar nos enfrentamos a una precarización de nuestras vidas, nos endeudamos días, semanas y meses por los pagos de alquileres, ya sea en hoteles de familia o de las casas que sostenemos. Además, al ser informales los alquileres nos cuestan tres veces más que a cualquier persona cuyo trabajo esté aceptado socialmente y no esté atravesado por la criminalización, el estigma y la discriminación”, explica.
Orellano agrega que es particularmente crítica la situación de trabajadoras sexuales trans, travestis y migrantes: “Muchas vieron interrumpidos sus tratamientos hormonales ya que la asistencia sanitaria tiene prioridad para Covid-19. Hay muchas que necesitan acompañamiento psicológico y una respuesta ante el no acceso a su medicación, y las expone a mayor vulnerabilidad de sus derechos. También hay muchas sin documentación, que hace que sean un blanco de la Policía”.
La violencia institucional es otro de los problemas que desde el gremio vienen registrando, con un aumento y recrudecimiento de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad. También, explica Orellano, notan un crecimiento del estigma por parte de vecinos y vecinas: “Creemos que no es esa la respuesta que tiene que llevar adelante el Estado para paliar el hambre y la incertidumbre. Nuestras compañeras han denunciado situaciones de violencia institucional cuando se dirigían a hacer filas a los comedores, en el pago fácil, para comprar barbijo o alcohol en gel o para entrar al supermercado. La mayoría son compañeras del colectivo travesti-trans migrante, que justamente son señaladas en este contexto de pánico sanitario como personas peligrosas. Nosotras ya cargábamos con un estigma, asociadas siempre a delitos criminales. En esta mirada sanitarista que está teniendo la sociedad, volvemos a ser objeto de persecución por la mirada social y por la respuesta de las fuerzas de seguridad. Hay denuncias de vecinos y vecinas que al ver a una compañera trans caminando por la calle la denuncian por incumplir la cuarentena en vez de preguntarle si necesita algo, si tiene para comer. Apelan siempre a un sistema punitivo como respuesta a todo y ese sistema se ha reforzado en este contexto”.
Para la secretaria general de Ammar, la discusión sobre economía versus salud no es igual para todos los sectores sociales y la garantía de la salud requiere de recursos económicos: “Nos preocupa la profundización de la crisis económica. Para quienes venimos de los sectores populares es una cuestión de salud vivir en una vivienda digna, tener un techo donde pasar una cuarentena en condiciones no insalubres. También es una cuestión de salud tener dinero para poder comprar un jabón, alcohol en gel y barbijo. También es salud poder garantizarle a nuestros hijos e hijas al menos un plato de comida al día. Nos preocupa mucho qué va a pasar después del levantamiento de la cuarentena. El objetivo de nuestra organización es que quedemos lo más desendeudadas posibles y no más precarizadas de lo que ya estamos y de lo que ya somos. Estamos cansadas de ser nosotras las que llenemos el índice de pobreza de nuestro país, cuando los ricos van a seguir siendo ricos y los pobres vamos a ser más pobres, con condiciones de insalubridad, precariedad, viviendas hacinadas, y en contextos donde se recrudece aún más la violencia institucional”.
