Nicolás Lantos
El Destape
En el municipio de Castelli, provincia de Buenos Aires, un grupo de concejales opositores le pidió al intendente Francisco Echarren que recorte los sueldos de la clase política para dedicar ese dinero a un paquete de lucha contra la pandemia. El jefe comunal, en respuesta, propuso una resolución para crear un fondo de emergencia y financiarlo, en parte, con una suma extraída del salario suyo y de los concejales. El resto del dinero sería aportado por los productores agropecuarios de ese partido, a la razón de entre 9 mil y 36 mil pesos cada uno, de acuerdo al tamaño del campo de cada uno. El bloque opositor, integrado por varios productores “del campo”, no participó de la sesión en la que se ratificó esa iniciativa.
Con el dinero recaudado se está avanzando en la construcción de un hospital de contingencia que duplicará la cantidad de camas en el distrito, explica Echarren ante la consulta de El Destape. El intendente denuncia la doble intencionalidad detrás de los reclamos por una rebaja en los salarios de políticos que resonó en los últimos días en todo el país, avivados por la oposición más intransigente. “Me produce indignación que los mismos que impulsan este reclamos al Presidente son los mismos que echan gente aprovechando la emergencia”, dice. Castelli es el primer municipio que establece una contribución de este tipo, pero hay otros jefes comunales y gobernadores que estudian medidas similares.
La decisión prevé que los productores hagan por única vez un aporte extraordinario cuyo valor va desde el equivalente a medio ternero, para los campos de entre 200 y 300 hectáreas, hasta dos terneros, para los de más de 1000 hectáreas. En ningún caso, ese aporte resulta más cuantioso que los 40 mil pesos que Echarren descontó de su propio sueldo. «Todos los municipios están teniendo gastos extraordinarios en salud, en seguridad, en alimentos, que deben ser sustentados de alguna manera», justifica. Los fondos que se recauden por esta vía pero no sean necesarios durante la pandemia, serán devueltos a quienes hicieron el desembolso.
El debate de fondo es quién costea las pérdidas que traerá aparejada la pandemia y el costo de reactivar, después, una economía que ya venía maltrecha desde antes del primer caso. A nivel nacional, aunque se pusieron sobre la mesa algunas medidas que apuntan en el mismo sentido, por ahora aplicar un impuesto extraordinario por única vez a las grandes fortunas no está en la paleta de opciones que maneja el gobierno en el corto plazo. Se estudió, en cambio, recaudar una parte de los fondos declarados en el último blanqueo, pero el presidente Alberto Fernández decidió que no es el momento de avanzar con una decisión que puede resultar polarizante en el actual contexto político y comunicacional.
La opción de recurrir a una contribución especial de las familias y empresas más ricas de un país se utilizó muchas veces ante situaciones excepcionales, como guerras o crisis económicas globales. Hoy existe un consenso entre economistas de todo el mundo de que la situación reviste una gravedad similar o superior. Aunque pocos gobiernos se animaron aún a dar ese paso, la discusión está ganando terreno: esta semana, la diputada Saskia Esken, presidenta del oficialista Partido Socialdemócrata Alemán, propuso un impuesto extraordinario del 5% a todas las fortunas superiores al millón de euros para afrontar el costo de la crisis. Medidas similares fueron propuestas por la oposición en otros países.
