La Unesco solicitó que las vacunas contra el coronavirus sean declaradas bien de interés público mundial para garantizar un reparto equitativo, sumándose así a las recientes advertencias de Gobiernos y organismos que acusan a los países más ricos de acaparar dosis, y exhortó al G-7 a traducir en hechos sus anuncios de donación.
«Cuando se anunciaron las campañas de vacunación en todo el planeta, el mundo respiró aliviado, pero sin la solidaridad estamos lejos de lograr el objetivo y más de 130 países aún no han recibido una sola dosis», lamentó la directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Audrey Azoulay.
«Los más vulnerables no están protegidos», agregó durante una conferencia virtual de la que participaron, entre otros, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y dos comités científicos y de bioética.
La Unesco recalcó que mientras algunos países se aseguraron vacunas como para proteger a toda su población varias veces, las regiones del sur «se están quedando atrás», según la agencia de noticias Europa Press.
En la misma línea, reclamó al G-7 que traduzca sus palabras en hechos concretos, después de que la semana pasada el grupo expresara su intención de enviar millones de dosis a estos lugares.
«Tal como están las cosas hoy, los habitantes de muchos países en desarrollo no tendrán acceso a las vacunas hasta bien entrado el año 2022», advirtió Azoulay.
En tanto, el director de la OMS reiteró que la pandemia no acabará «en ningún lugar» si no se combate contra ella de la mejor manera «en todas partes».
«En última instancia, la equidad en las vacunas no es solo lo correcto, sino la mejor manera de controlar la pandemia, restablecer la confianza y reiniciar la economía mundial», insistió Tedros.
Tanto para el Comité Internacional de Bioética (CIB) de la Unesco y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (Comest), la responsabilidad de la desigual distribución es responsabilidad de las farmacéuticas.
«Tienen la responsabilidad de compartir la propiedad intelectual» lograda gracias «al apoyo de los Gobiernos para permitir a los fabricantes de todos los países» el acceso a ellas, aseguraron ambos comités.
Asimismo, defendieron la necesidad de aplicar criterios basados en «la igualdad, la equidad, la protección, la reciprocidad y el interés superior de los niños» como parte de los avances de los programas de vacunación en los países más vulnerables.
Por último, manifestaron que quienes muestren reticencias en el momento de la vacunación deben ser persuadidos a través de información y no sanciones punitivas.
«El rechazo a la vacunación no debe afectar a los derechos fundamentales de la persona, en concreto a su derecho de acceso a la sanidad o al empleo», concluyeron.
