Varios países europeos y latinoamericanos propusieron implementar un impuesto a las grandes fortunas con el fin de combatir la crisis económica provocada o exacerbada por la pandemia del nuevo coronavirus, relevó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en coincidencia con el aporte por única vez que propone el Gobierno argentino.
En total, cinco países europeos y seis latinoamericanos desarrollaron propuestas de medidas fiscales que comprenden el «aumento de las alícuotas para los tramos más altos de impuesto a las ganancias y bienes personales», tal como recomendó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril pasado.
Según destacó CEPA en su reporte, en la mayoría de los países latinoamericanos las iniciativas son impulsadas por la oposición, mientras que en los europeos también lo hacen desde el oficialismo.
En España, la coalición de Gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el izquierdista Unidos Podemos acordó a fines de octubre subir los impuestos para las grandes empresas y las ganancias más altas.
La nueva fiscalidad comprende una suba de tres puntos del impuesto de sociedades para los grandes grupos empresariales para rentas del capital de más de 237.000 dólares, y de dos puntos del impuesto a las ganancias para rentas del trabajo de más de 356.000 dólares.
Si bien en España solo un 0,5% del total de los contribuyentes declara ganancias superiores a 118.000 dólares, según la Agencia Tributaria española, esta suba tiene un valor político y simbólico muy significativo en uno de los países más golpeados por el Covid-19 en Europa.
En tanto, en Rusia, el presidente Vladimir Putin anunció que aplicará un impuesto del 15% a los dividendos en las cuentas extranjeras y uno del 13% a los depósitos bancarios de más de 13.000 dólares, que afectará solo al 1% de los titulares.
También en Italia, el Gobierno de Giuseppe Conte busca impulsar un impuesto progresivo durante 2020 y 2021, más conocido como Tasa Covid, que pretende tributar un 4% a las ganancias anuales de entre 94.000 y 118.000 dólares, un 6% a aquellas entre 356.000 y 593.000 dólares, y 8% a las que superen los 1,18 millones de dólares.
Esta medida, que pretende abarcar a más de 800.000 contribuyentes, no alcanzará, sin embargo, a los médicos, en solidaridad a su desempeño durante la crisis sanitaria.
En la vecina Suiza, un partido opositor propuso un impuesto único al patrimonio, denominado Tributo de Solidaridad de Coronavirus, que grave la riqueza a partir de los 3,18 millones de dólares con una alícuota única del 2%, con el fin de recaudar más de 18.000 millones de dólares para paliar la crisis económica producto de la pandemia.
En el Reino Unido, referentes del opositor Partido Laborista sugirieron un impuesto a las grandes riquezas, pero la formación no presentó aún ninguna propuesta formal.
En América Latina, Bolivia es el único país, además de Argentina, en el que el oficialismo impulsó un plan para aplicar un impuesto a los ricos.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas boliviano, Marcelo Montenegro, ratificó hoy su plan para implementar un tributo a las grandes fortunas anual y permanente aplicado a patrimonios superiores a los 4,2 millones de dólares, que afectaría al 0,01% de la población del país, reportó el diario La Razón.
La recaudación anual del impuesto podría oscilar entre los 14,4 y 116 millones de dólares, estimó Montenegro, en función del patrimonio y de la tasa impuesta.
La propuesta está aún en elaboración, pero pronto debería ser definida, aclaró.
En Brasil, el país más afectado por el brote en la región, fueron presentados cuatro proyectos para gravar a las grandes fortunas en el Senado.
Entre ellos, se destaca el presentado por el Partido de los Trabajadores (PT), principal opositor al Gobierno de Jair Bolsonaro, que pretende gravar a los patrimonios superiores a los 10 millones de dólares con una alícuota inicial de 2,5%, que puede reducirse a 1,5% si el contribuyente se presenta voluntariamente para el pago.
Otro proyecto, que viene de organismos e institutos, plantea un impuesto progresivo a partir de un patrimonio superior a 4 millones de dólares con una alícuota inicial de 1%.
En Perú, un partido opositor presentó en el Congreso una propuesta legislativa que plantea que las personas físicas y jurídicas que facturen más de 276.000 dólares por año paguen un impuesto solidario de 1%, que asciende hasta 3% cuando se superen los 13 millones de dólares.
En el vecino Chile, el Partido Comunista, opositor al Gobierno de Sebastián Piñera, presentará un proyecto legislativo para gravar al patrimonio que abarque al 1% del sector más rico del país con una alícuota anual del 2%.
También en Ecuador, la oposición alineada con el exmandatario Rafael Correa apoya una iniciativa similar, pero que no ha prosperado porque la única persona que tiene atribución legislativa para definir cuestiones tributarias es el presidente, es decir, Lenín Moreno.
