Ya es oficial: la provincia se hará cargo de la Clínica Sagrada Familia, ubicada en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe, que había cerrado sus puertas el pasado 31 de enero.
Este viernes se firmó el convenio por el cual el inmueble es declarado “de interés general y sujeto a ocupación temporal”, tal como dispone el decreto 330/2020 del gobierno provincial dictado el último 11 de abril.
El secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, explicó que “se materializó una situación que se había iniciado luego de que el gobernador emitiera el decreto previendo la ocupación temporal de la clínica”.
“En aquellas conversaciones –siguió el funcionario– se había establecido que el dinero que fuera utilizado para indemnizar el uso por parte de la provincia del inmueble y las instalaciones iba a estar destinado a abonar la deuda que el sanatorio tenía con los empleados, correspondiente a los salarios del mes de enero y, a su vez, el compromiso del Ministerio de Salud de relevar al personal que está en disponibilidad y formados, para que en el marco de la emergencia se desempeñen allí o en otro efector de salud. Hoy se firmaron los convenios respectivos que hicieron efectivos estos acuerdos”.
“La idea preparar el lugar en el caso de que se presenten casos de coronavirus. De acuerdo a cómo se desarrolle la situación, el Ministerio de Salud podrá ir disponiendo otras finalidades”, finalizó Pusineri.
La decisión del gobierno santafesino se apoya en los decretos 213 y 270 por los cuales la provincia adhirió a los decretos nacionales de necesidad y urgencia 260 y 297, dictados en virtud de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud en atención a la evolución de la situación epidemiológica con relación al coronavirus.
En su tramo resolutivo, el decreto 330 dispone declarar “de interés general y sujeto a ocupación temporal” al Instituto Sagrada Familia y explica que es en el marco de las acciones para afrontar la pandemia del coronavirus en Santa Fe.
A través del mismo decreto, el gobernador faculta al ministro de Salud a convenir con los propietarios de la clínica “las condiciones de la ocupación y la compensación por la privación temporal del uso”, tanto del edificio como de su equipamiento.
El sanatorio, que cerró sus puertas a fines de enero, despidió a sus 53 trabajadores y dejó a la capital de la provincia con 42 camas menos, que ahora podrán ser utilizadas por el sistema público de salud.
