Reclamos desoídos y motines en ebullición. Esa es la dramática situación que se vive en la tarde-noche de este lunes en las unidades penitenciarias de la provincia y que dejó al menos un muerto y un reguero de heridos, confirmaron fuentes oficiales.
Durante el fin de semana, internos de distintos penales de Santa Fe realizaron reclamos sobre la falta de medidas de seguridad para evitar que la pandemia ingrese a los lugares detención, espacios proclives a la propagación del coronavirus.
Las denuncias se realizaron a través de videos donde se leyeron comunicados o enviaron audios que alertaban sobre hacinamiento, requisas realizadas por penitenciarios sin guantes ni barbijos, falta de elementos de higiene y de alimentos que antes de la cuarentena les proveían sus familiares y dejaron de recibir por restricciones de las autoridades.
Si bien los reclusos aclararon haber aceptado la suspensión de visitas, precisamente para evitar contagios, aseguraron que los miles de empleados que entran y salen a diario de las prisiones no cumplen ningún protocolo de seguridad, poniendo en riesgo a toda la población carcelaria.
La situación, también expuesta en un habeas corpus colectivo que presentó este domingo la defensa pública provincial, se desbordó este lunes con motines en los penales más poblados de Santa Fe, que dejó al menos un muerto y una cantidad de heridos incierta ya que al cierre de esta edición las autoridades penitenciarias no habían informado.
Entre las imágenes que circularon por las redes sociales se vieron gran cantidad de presos trepados a los techos, focos de incendio dentro de los pabellones y sonidos de disparos por doquier.
Los focos de conflicto más intensos se desataron en las cárceles ubicadas en las ciudades de Santa Fe, Coronda y Piñero, aunque hubo reclamos de todas las Unidades Penitenciarias, incluida la que aloja a mujeres y niños en Rosario.
¿Qué reclaman?
A nivel general, el reclamo de los internos fue en torno de las condiciones de salud, higiene y seguridad para evitar el contagio masivo dentro de las cárceles, ya que el encierro y el mal estado edilicio de los lugares de detención son un caldo de cultivo para el coronavirus: hay sobrepoblación que produce hacinamiento, humedad y falta de ventilación, muchos internos de riesgo con enfermedades respiratorias y un deficitario acceso a la salud, según coinciden en destacar funcionarios de la defensa pública, defensores privados, los propios internos y sus familiares.
Al respecto exigieron que el personal penitenciario utilice medidas de seguridad para realizar requisas, como barbijos y guantes, denunciaron que muchos empleados volvieron de vacacionar en Brasil y Paraguay sin cumplir la cuarentena antes de reintegrarse a sus tareas y pidieron que las autoridades los provean de elementos básicos de higiene como lavandina, alcohol y jabón.
Desde Coronda
Uno de los reclamos que anunció el violento desenlace fue grabado y enviado por Whasapp por un delegado de la Unidad 1 de Coronda –antes del motín que dejó, según las fuentes consultadas, al menos un preso muerto en esa penitenciaría y un empleado con ambas piernas fracturadas–, quien leyó un petitorio dirigido a fiscales, jueces, funcionarios del Ministerio de Seguridad y organismos de Derechos Humanos.
“Sólo pelamos por los derechos que la ley nos dice”, explica el joven con el rostro cubierto y aclara que están “pagando” sus errores pero por eso no tienen por qué sufrir “abandono de persona”.
En ese sentido el interno advierte que las respuestas de las autoridades fue que iban a aislar pabellones, como en las unidades de Piñero y Las Flores, lo que les daba a entender que los iban a mandar “a morir en un pabellón”.
Mujeres y niños
Las internas de la Unidad 5 de Rosario también expresaron su angustia ante el agravamiento de las condiciones de detención por falta de comida para ellas y sus hijos pequeños, además de elementos de higiene.
Según expresaron en distintos audios por redes sociales, al dejar de recibir paquetes de sus familiares no pueden alimentarse en forma adecuada como tampoco cuentan con ningún elemento para la higiene como lavandina y jabón, además de que el agua siempre escasea.
“La mayoría de los menores sufre de broncoespasmos por la humedad del establecimiento, con problemas en la piel, todos brotados por los colchones en que dormimos”, denuncia una interna que agrega: “No tenemos para darles de comer a nuestros pequeños, incluso nosotras también necesitamos alimentarnos. Estamos presas pero seguimos siendo seres humanos y tenemos la misma necesidad que cualquier persona”.
Desde otro pabellón, una de las internas denunció: “Somos presas y por eso mucha gente dice que no tenemos derechos a nada, pero nosotras también somos seres humanos y necesitamos que nos ayuden. Estamos a la deriva. No tenemos nada de nada, ni para comer ni para higienizarnos. Nos tenemos que cuidar porque las empleadas son las que vienen de la calle, y lo único que hacen es verduguearnos”.
Habeas corpus
Parte de esos reclamos quedaron plasmados este domingo en un habeas corpus colectivo que presentó la defensa pública, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP). El mismo es a favor de las personas privadas de la libertad alojadas tanto en Unidades Penitenciarias como en dependencias policiales de la provincia.
En el documento, la defensora provincial Jaquelina Balangione informa que en distintos lugares de detención se constataron fallas, faltas y deficiencias que vulneran el derecho humano a la salud, como así también el incumplimiento de las medidas sanitarias que debieran ser adoptadas en el marco de la pandemia mundial.
Entre esas irregularidades advierte que al ingresar a sus lugares de trabajo, los empleados penitenciarios no son revisados por un médico para constatar síntomas del covid-19, ni se le exige adoptar las medidas de salubridad e higiene imprescindibles como la utilización de guantes, barbijos, alcohol en gel, lo que pone en riesgo el contagio y la propagación del virus a los internos.
Agrega que los presos carecen de elementos de limpieza e higiene y que las raciones de comida que reciben son insuficientes, lo que tiene una incidencia directa en el sistema inmunológico. Tampoco les permiten recibir alimentos de sus familiares.
La semana pasada, en distintas reuniones que mantuvieron jueces, fiscales, defensores y autoridades de la Secretaría de Justicia, la provincia anunció una inversión de 15 millones de pesos para acondicionar los penales con el fin de evitar traslados extramuros. Por el momento la medida no se vio plasmada, al menos en los reclamos básicos de los detenidos.
