La comuna de Coronel Domínguez aplicó una multa de casi 300 mil pesos a un productor agropecuario y a un aplicador de fitosanitarios por realizar una fumigación aérea ilegal cerca del ejido urbano sin solicitar las autorizaciones correspondientes ni respetar los límites establecidos por las normativas vigentes. Se trata de la sanción más alta prevista por la legislación de esa localidad ubicada a unos 30 kilómetros de Rosario. El gobierno local busca que sea “ejemplificadora” y, a la vez, avanza en una ordenanza conjunta con otras localidades del sur santafesino ante la ausencia de una legislación provincial (la ley vigente es de 1995).
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“Nuestra ordenanza establece entre 500 y 5 mil litros de gasoil de multa para este tipo de situaciones y decidimos aplicar la más alta”, explicó a El Ciudadano la presidenta comunal de Coronel Domínguez, Mónica Villegas. “La multa se plantea como una sanción con un fin ejemplificador para que cambien las conductas en las aplicaciones irresponsables”, dijo. Hoy el precio del gasoil ronda los 60 pesos por litro, por lo que la multa pisa los 300 mil pesos.
La denuncia fue presentada por el tesorero de la comuna, Héctor Tasso, en la subcomisaría 14° de esa localidad, el sábado 22 de febrero. Eran poco más de las 9 de la mañana y a 2 mil metros del ejido urbano una avioneta, sin ningún tipo de autorización de la comuna, aplicaba agrotóxicos. “No había receta de ningún ingeniero agrónomo, no había pedido a la camuna ni había motivo para realizar una aplicación aérea, porque es un cultivo de soja muy baja donde se podrían haber aplicado productos con un aplicador terrestre y sin generar el descontento de toda nuestra comunidad”, explicó Villegas.
Los vecinos sacaron fotos y filmaron lo que estaba ocurriendo. Ese material fue adjuntado a la denuncia, que quedó ratificada por dos vecinos de la zona que salieron de testigos.
En paralelo a esa presentación –que deberá pasar a la división de Delitos Ambientales de la Policía de Investigaciones para seguir con su curso legal– la comuna resolvió aplicar las sanciones previstas por la ordenanza vigente sobre el productor y el aplicador ya que, entendieron, la responsabilidad es compartida.
La ordenanza que hoy está vigente en Coronel Domínguez fue sancionada en 2011. “En ese momento fue una construcción colectiva junto con varios actores, pero ha habido avances y necesitamos una nueva”, consideró Villegas, que adelantó que están trabajando en conjunto con otras localidades de la zona para sancionar una ordenanza común.
La normativa actual prevé la prohibición de aplicar agrotóxicos de forma terrestre en un radio de 30 metros del ejido urbano; y, en el radio de 500 metros, sólo se puede fumigar con productos de banda verde (según los fabricadores, menos nocivos para la salud de las personas) y con receta y fiscalización de un ingeniero agrónomo de la comuna. Respecto de las aplicaciones aéreas, prohíbe la aplicación de agrotóxicos en un radio de 1.500 metros y, entre esa distancia y los 3 mil metros, sólo puede hacerse con expresa autorización de la comuna y en casos excepcionales, como la potencial pérdida de una cosecha por una plaga. Esas aplicaciones, además, sólo pueden realizarse bajo ciertas condiciones climáticas que garanticen que el veneno no irá a parar al pueblo.
El sábado, cuando se hizo la aplicación ilegal, el viento soplaba fuerte y trasladaba los venenos directamente hasta la zona urbana, confiaron a El Ciudadano vecinos de la zona.
Ordenanza de futuro
“Desde agosto del año pasado estamos reuniéndonos con representantes de las distintas comunas de la zona )como Coronel Bogado, Albarellos, Cármen del Sauce, Villa Amelia y Álvarez), con organizaciones ambientalistas y con productores agropecuarios para trabajar en una ordenanza común, adaptada a la realidad de cada una de las localidades, como por ejemplo las que tienen escuelas rurales y las que no. Pero el objetivo es poder encontrar una normativa que contenga el interés común de convivir y producir cuidando el ambiente y la salud de la gente”, explicó Villegas.
“Avanzamos en la creación de una ordenanza común de transición hacia la agroecología, incorporando avances científicos, nuevas técnicas y fertilizantes de base biológica para cambiar gradualmente el modo de producir”, dijo la presidenta comunal.
El motivo de esta búsqueda conjunta es que cada una de las localidades de la zona cuentan con legislaciones diferentes en términos de distancias y prohibiciones, lo que hace muy difícil establecer un contralor efectivo en materia de aplicaciones de agrotóxicos.
Sin embargo, para Villegas, es menester que sea “un Estado superior”, como el provincial, el que intervenga para tomar este tipo de decisiones en forma seria, “porque puede haber tantas ordenanzas como visiones diferentes respecto del tema ambiental. Coronel Domínguez participa activamente de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y es la sede de los encuentros con distintos actores para elaborar la nueva normativa.
