«Se trata de una medida de urgencia y transitoria, que consiste en la limitación de retiro de dinero en efectivo. En 90 días terminará». Domingo Cavallo, encendido y con tono firme, se dirigía una vez más al país desde el microcine del Ministerio de Economía para anunciar un paquete de medidas. El creador de la convertibilidad lanzaba su plan final para sostener el uno a uno, un programa en el que él mismo ya no creía. No estuvo sólo en la defensa. El 1 de diciembre de 2001, desde un programa periodístico, Fernando de la Rúa con su ya clásico tono lento y cansino (parodiado hasta el hartazgo esos días) confiaba en que «la medida fue comprendida y bien recibida, ya que la gente entendió que era necesaria». Veinte días después, con el «corralito» en plena vigencia, el radical abandonaba la casa de Gobierno en helicóptero.
La medida fue implementada a través del Decreto 1.570/01, y la validez se extendía hasta la finalización de la fase internacional del canje de deuda pública, estimada en tres meses. Esta operación nunca se completó, pero el denominado «corralito» provocó la ira de los argentinos, que con manifestaciones populares provocaron la renuncia del presidente.
El «corralito» se basaba en nuevas reglas de funcionamiento del sistema financiero:
-No se podían retirar más de 250 pesos o dólares en efectivo por semana de cuentas bancarias por parte del titular.
-La restricción sería levantada en 90 días.
-Las extracciones podían hacerse en pesos o dólares.
-Se mantenía el tipo de cambio 1 a 1.
-No había restricciones a los movimientos entre cuentas.
-Se podían comprar bienes (automóviles, inmuebles, computadoras, etc.) a través de transferencias bancarias.
-Se prohíben las transferencias al exterior.
En algunas oficinas se diseñaron varios mecanismos para saltar el «corralito», en el caso de cuentas importantes. Así, se organizaron compras masivas de acciones de empresas argentinas cotizantes en Wall Street, títulos públicos con demanda de los propios tenedores fuera del país, transferencias de acciones de empresas que no coticen de manera abierta con compradores fraguados, etcétera.
Para el resto del público, empezó a surgir una red de «amparos» judiciales, con singular amplitud de acción en provincias (Chaco, La Rioja y Formosa). El mecanismo era simple. Se abría una cuenta en esas provincias, se transferían los dólares o los pesos, se recurría a un estudio de abogados «especializados» y ciertos jueces de esas provincias agilizaban el retiro obligatorio. Esta acción vía amparos continuó firme aún cuando De la Rúa ya no habitaba Olivos y había sido reemplazado por Eduardo Duhalde. La solución oficial no fue encontrada desde la Justicia, sino con otras maniobras. El entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, comenzó a citar a los beneficiarios de los fallos judiciales de los amparos para verificar si el dinero que se retiraba estaba declarado en Bienes Personales y Ganancias. Santo remedio.
La aplicación de la medida tuvo momentos mediáticamente casi bizarros. Cavallo fue a defender su creación al programa de Susana Giménez. Convencido de las bondades del «corralito», contestaba preguntas de los televidentes de la diva. En un momento, surgió el cuestionamiento de una seguidora que no había podido utilizar la tarjeta de débito para una compra menor que 10 pesos (piso para operaciones que no sean al contado). La conductora preguntó por qué no era obligatorio para compras menores. Cavallo ensayó una serie de explicaciones sin mayor rigor hasta que reconoció que «no sé por qué no es obligatorio».
Hace sólo 10 días, Cavallo fue nuevamente consultado por una cadena de TV brasileña sobre si estaba arrepentido por haber decidido el «corralito». «Faltó inteligencia y sagacidad política», reconoció, pero aseguró que no estaba arrepentido.
La historia continuó. El 9 de enero de 2002, el entonces ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, anunció la ampliación para la autorización de los retiros de efectivo a 1.500 pesos en el caso de las cuentas sueldo y a 1.200 para el resto de las cajas de ahorro. En un escueto discurso, el exfuncionario dijo que el nuevo límite involucraba al 96% de los trabajadores». Antes, Duhalde había decidido la salida de la convertibilidad y ubicado en 1,4 peso el valor del dólar.
Oficialmente, el «corralito» terminó con Roberto Lavagna, el segundo ministro de Duhalde, que anunció el 2 de diciembre de 2002 la finalización de las restricciones y la liberalización de los depósitos retenidos por alrededor de 21.000 millones de pesos, exdólares. La medida fue acompañada por controles cambiarios, por los cuales no se permitió a ninguna persona o empresa adquirir más de 100.000 dólares. El 28 de diciembre de 2006, la Corte Suprema avaló la pesificación y reprogramación de los depósitos, ordenando para un caso la devolución de los fondos a razón de 1,4 peso por dólar depositado más la inflación minorista que hubo en el período y una tasa de interés anual del 4%. La cuenta dio 3,08 pesos por dólar, más o menos la cotización oficial en ese momento.
