«Queremos que la Nación tenga la misma actitud con Corrientes que con las provincias kirchneristas, como nosotros tenemos con cada municipio hacia adentro». La advertencia la había lanzado días atrás el radical Arturo Colombi, gobernador correntino. Pero este jueves la advertencia se transformó en anuncio y el mandatario anticipó que pedirá ante la Corte Suprema la devolución de casi 1.000 millones de pesos que el Gobierno nacional retuvo a su distrito para financiar la Anses.
«Tenemos las cuentas equilibradas. Queremos que haya un trato igualitario en todas las provincias, a algunas le mandan fondos para pagar sueldos y a otras no le mandan para hacer obras», se quejó Colombi.
«Creemos que esta retención que se realiza para el sostenimiento de la Anses no corresponde. En un plazo no mayor a los 30 días estaremos haciendo la presentación ante la Corte», ratificó el gobernador.
La demanda de Colombi se alinea con las embestidas judiciales de José Manuel De la Sota y Antonio Bonfatti contra la Nación. Córdoba recurrió a la Corte para exigir a la Casa Rosada el pago de 1.040 millones de pesos previsionales adeudados, pero además la Legislatura sancionó una ley para dejar de girar el 15% de coparticipación. Santa Fe inició el trámite administrativo para cobrar 1.307 millones de pesos provisionales, pero también se presentó ante el máximo tribunal por la detracción del 15% de coparticipación que está destinado a los déficit de las cajas provinciales.
Sin embargo, Corrientes no solo reclama dinero de retenido de coparticipación federal, según fijó el Pacto Fiscal de 1994. También exige el pago de fondos atrasados por regalías de las represas de Yacyretá y Salto Grande, y por el Plan Federal de viviendas, que sumarían otros 800 millones de pesos.
Para Colombi, Corrientes sigue «discriminada» en el reparto de fondos para obras públicas. «Es la penúltima provincia en recibir recursos de los distintos planes». El único mandatario radical del país le reclama a la administración de Cristina Kirchner que le gire a su provincia 250 millones de pesos para la construcción de casas sociales.
«Tenemos un equilibrio positivo, pero con el correr del tiempo el ahogo va a llegar en algún momento. Nos estamos comiendo nuestros ahorros. Tenemos demandas, tenemos que hacer obras públicas, tenemos que afrontar la educación. La situación se va agravando mes a mes», sostuvo el mandatario.
