La Justicia de Corrientes ordenó este jueves que dos patrones de una explotación forestal paguen una indemnización por haber sometido a trabajo en condiciones ilegales a peones víctimas de trata, informaron fuentes judiciales.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Federal de Corrientes, a cargo de los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas de Badaró, tras una propuesta del fiscal Carlos Schaefer y la procuraduría especializada en trata, Protex, que fijaron como monto indemnizatorio la cifra de 555.564,37 pesos para cada trabajador.
Según determinó la Justicia, son en total ocho víctimas que fueron explotadas en una forestación a lo largo de 45 días, desde el 23 de abril de 2013 al 7 de junio de ese año, en jornadas de trabajo que realizaban desde las 7 de la mañana hasta el atardecer (aproximadamente las 19), es decir 12 horas diarias.
La sentencia recayó en Iván «Gringo» Giménez (45) y Angel Alessio (68), quienes en mayo de 2018 habían sido condenados a cuatro y seis años de prisión respectivamente por el delito de trata de personas por explotación laboral agravada, según se comprobó en el caso detectado en una explotación forestal de la localidad correntina de Paso de los Libres, informaron fuentes judiciales.
El fiscal general de la órbita federal en Corrientes, Carlos Schaefer, calificó al fallo como «histórico» y explicó que es la primera vez que se dicta una sentencia en ese sentido para un caso por el crimen de trata laboral sin querella.
«No tiene precedentes porque el primer caso en el que indemnizaron fue uno de trata con fines de explotación sexual en el sur del país pero con querella», dijo el funcionario a Télam.
De acuerdo con lo señalado por los jueces en la condena, para la reparación económica dispuesta se dispondrán una camioneta Toyota Hilux de Alessio y una pick up Mazda de Giménez, así como dos terrenos ubicados en la localidad de Rafael Castillo, partido bonaerense de La Matanza, que fueron decomisados en la sentencia a prisión de mayo de 2018.
En esa oportunidad el tribunal no hizo lugar al pedido de reparación patrimonial reclamado en su alegato por el fiscal Schaefer, quien logró revertir esa negativa en instancia de casación.
