El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, a través del juez José María Escobar Cello, cerró un capítulo oscuro de la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina (PFA) en la capital provincial.
En una sentencia dictada el pasado 25 de febrero de 2026, se condenó a los ex jefes de la delegación, Guillermo Gabriel Gallo y Leonardo Rafael Benítez, por haber liderado un esquema de corrupción institucional que transformó la sede policial en un espacio de privilegios a medida para un preso de alto perfil.
El inquilino de la Federal
La causa, iniciada a principios de 2024 tras una denuncia anónima, permitió acreditar que el detenido Juan Ignacio Suris —quien cumplía una condena por tráfico de estupefacientes a disposición del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca— mantenía un régimen de detención ilegal a cambio de dinero.
Según lo probado en el debate, Suris pagaba sumas en pesos y dólares, principalmente al subcomisario Benítez, para acceder a comodidades que contrastaban drásticamente con las condiciones del resto de la población carcelaria.
Entre los beneficios documentados, desglosa el fallo, se encontraban:
Uso exclusivo de instalaciones: Permanencia diaria en el casino de oficiales, un área del primer piso que el detenido utilizaba casi como una oficina privada.
Comodidades sin control: Tenencia de dispositivos electrónicos, electrodomésticos y uso irrestricto de telefonía móvil.
Trato preferencial: Recibía visitas sin registro ni controles de horario, y el personal policial, bajo órdenes directas de la superioridad, le realizaba mandados personales y compraba comida y medicamentos.
Gestiones de lujo: Incluso se registraron compras de asado y bebidas alcohólicas para compartir con otros internos, siendo el personal policial quien realizaba las compras en supermercados locales.
Un sistema de corrupción a cielo abierto
El fallo señala que este accionar «desnaturalizó la función de custodia» y configuró un claro cuadro de corrupción institucional.
Testimonios de agentes subalternos revelaron que el trato hacia Suris era impropio; una oficial relató que el detenido llegó a tener la contraseña del celular del subcomisario Benítez, demostrando una confianza que quebrantaba la jerarquía policial.
La investigación, que incluyó intervenciones telefónicas autorizadas, confirmó que cuando Suris fue trasladado a otra unidad, el trato hacia el resto de los detenidos en la sede santafesina cambió radicalmente, eliminando los beneficios que antes gozaban.
Resolución judicial
Los imputados Gallo, Benítez y Suris optaron por un juicio abreviado, una vía procesal que permite una resolución más rápida a cambio de admitir la responsabilidad en los hechos.
En cuanto a la comerciante entrerriana Mariana Martínez, quien estaba imputada por colaborar en las maniobras de entrega de dinero, el Tribunal ordenó su separación de la causa principal tras haberle concedido la suspensión del juicio a prueba, contando con la conformidad de la Fiscalía Federal.
Con este fallo, la Justicia pone un límite a la desnaturalización de la función pública, recordando que la custodia de personas privadas de la libertad debe estar regida por la igualdad ante la ley y el estricto cumplimiento de los reglamentos carcelarios, valoró la acusación.
