El Supremo Tribunal Federal de Brasil, equivalente a la Corte Suprema argentina, abrió este viernes una investigación formal contra el presidente Jair Bolsonaro por el delito de prevaricato, en el marco del escándalo por una supuesta sobrefacturacion de un contrato de vacunas indias contra el coronavirus.
La decisión fue publicada a las 22.30, durante el partido Brasil-Chile por los cuartos de final de la Copa América 2021, y ordena a la Policía Federal que se encargue de interrogar al presidente ante la sospecha de que estaba al tanto de un caso de corrupción en la compra de vacunas Covaxin (desarrollada en la India) y no lo denunció a las autoridades judiciales.
El caso está relacionado con la denuncia del encargado de importación de vacunas del Ministerio de Salud, Ricardo Miranda, hermano del diputado bolsonarista Luis Miranda, quien dijo haber recibido presiones por parte del ala política de la cartera para firmar rápidamente un contrato con 1.000% de sobrefacturación en la compra de vacunas Covaxin.
Los hermanos Miranda relataron bajo juramento a la comisión del Senado que investiga al gobierno por su rol en la pandemia. En esa instancia, dijeron que le habían avisado a Bolsonaro del escándalo el 20 de marzo, pero que el mandatario no hizo la denuncia del caso –una obligación del mandatario– a la Policía Federal.
El contrato se cortó esta semana a causa del escándalo. La decisión de Weber se conoció horas antes de que este sábado, en más de 300 ciudades del país, la oposición reclamara la renuncia y el juicio político del presidente ultraconservador.
El escándalo, otro más, por 320 millones de dólares
Un grupo de senadores había pedido este lunes al Supremo Tribunal que inicie la investigación finalmente concedida por lo que ya se conoce como el «vacunagate».
El senador Randolfe Rodrigues, uno de los que presentó la demanda ante la máxima instancia judicial, explicó que el contrato de intención de compra firmado entre el gobierno y la empresa india Bharat Biotech, por 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin, contiene «numerosas irregularidades que deben ser aclaradas por el presidente».
Bolsonaro respondió que no tiene cómo saber lo que ocurre en cada uno de los ministerios y negó su responsabilidad por los supuestos sobreprecios.
«Podemos estar frente a varios casos de tráfico de influencias, corrupción pasiva y activa, prevaricato y otros delitos», declaró el senador Rodrigues sobre el negociado que implica un costo de 320 millones de dólares por vacunas aún no certificadas por la agencia reguladora de Brasil.
