La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos condenó hoy a la Argentina a pagarle unos 185 millones de dólares en concepto de compensación a la empresa British Gas (BG) por el congelamiento de tarifas durante 2001 y 2002.
El máximo tribunal estadounidense dejó firme la sentencia previa al rechazar una apelación presentada por la Argentina, en una extensa y conflictiva causa iniciada por la demanda de la compañía británica de gas natural en 2003.
Esta era la segunda oportunidad en que el alto tribunal consideraba el caso dado que a principios de este año, los jueces revirtieron un fallo de la Corte Federal de Apelaciones de Washington que se había negado a tratar el tema.
Ahora, los jueces no hicieron comentarios pero resolvieron dejar firme el fallo de un Tribunal Arbitral de la Organización de la Naciones Unidas que condenó a la Argentina a indemnizar a BG con 185 millones de dólares.
La demanda en los tribunales internacionales fue iniciada por la ex accionista de Metrogas en 2003 por el congelamiento de tarifas tras la devaluación y pesificación de la brutal crisis económica y financiera que afectó al país en 2001 y 2002.
BG asentó su reclamo en acuerdos bilaterales de protección de inversiones entre Argentina y el Reino Unido que, según el grupo, el Gobierno había violado al impedir la readecuación de tarifas.
Incluso, la compañía británica argumentó que el congelamiento de tarifas redujo el valor de su participación en Metrogas, cuyas acciones fueron compradas por YPF en 2012, tras la nacionalización de la petrolera.
El primer fallo a favor de BG fue en 2007, por parte de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, en inglés), que le concedió una indemnización inferior a los 223 millones de dólares solicitados.
Y el año pasado el grupo británico recurrió a la Justicia norteamericana para pedir la ratificación de esa indemnización.
Si bien el tribunal de Apelaciones de Washington que trató el caso sostuvo que no tenía jurisdicción porque, según el acuerdo bilateral, primero debía tratar la demanda la Justicia argentina – la misma posición que esgrime el Gobierno- luego la Corte ratificó la decisión del tribunal de la ONU.
En su defensa, el grupo británico siempre argumentó que no quiso comenzar una demanda local porque el Gobierno buscó restringir el acceso a la justicia y tomar represalias contra los inversores que le demandaban en los tribunales internacionales.
También sostuvo que seguir el trámite en los tribunales locales no hubiera prosperado frente a los antecedentes judiciales por los cuales el Estado no fue penalizado por las medidas adoptadas durante la crisis de 2001.
