La Corte de Apelaciones de Nueva York fijó para el 13 de abril una nueva audiencia para analizar el pronunciamiento del juez Thomas Griesa que habilita a la Argentina a pagar a sus acreedores, en el marco del litigio que mantiene con los fondos buitre.
En la nueva audiencia, el tribunal tendrá oportunidad de expedirse sobre la apelación de los holdouts de postergar la fecha del 14 de abril, dispuesta por Griesa para el cumplimiento del acuerdo con la Argentina, así como sobre el pedido de los holdouts de postergación de ese plazo.
La audiencia, citada para las 10 en el piso 17 del edificio de la Corte de 40 Foley Square, se realizará apenas un día antes del plazo fijado por el juez de Nueva York para el cumplimiento del acuerdo cerrado entre el Gobierno y los fondos buitre liderados por NML, de Paul Singer, en el marco de la mediación de Daniel Pollack.
Ese mismo acuerdo contemplaba la posibilidad de extender el plazo de efectivización de los compromisos con los holdouts si las partes entienden que el proceso de pago está encaminado, es decir que el Gobierno haya avanzado en la derogación de la Ley Cerrojo y de Pago Soberano y haya salido al mercado a colocar los bonos ya anunciados por el ministro de Economía y Finanzas, Alfonso Prat Gay.
Otro elemento que podrá tener en consideración el tribunal es la presentación de un Amicus Curiae que realizó el Gobierno de Estados Unidos, en el que manifestó a la Corte de Nueva York su posición favorable al pedido formulado por la Argentina respecto al pronunciamiento de Griesa.
Esta presentación del Gobierno de Barack Obama se concretó mientras el mandatario se encontraba en Argentina, dos días después que el gobierno de Mauricio Macri elevó ante la Corte de Apelaciones un pedido destinado a ratificar la orden del juez Griesa que permite el levantamiento de las medidas cautelares para poder cerrar el acuerdo con los holdouts.
La audiencia fijada por la Corte de Apelaciones tiene como objetivo analizar el pedido que el mismo Griesa hizo al tribunal el 19 de febrero para que lo autorice a levantar la restricción que pesa sobre la Argentina para el pago de la deuda reestructurada y puso como condición para esto que se «se levanten los obstáculos legislativos» y el pago con los holdouts.
