La camarista federal Laura Cosidoy dejará su lugar en el Tribunal Federal Oral de Rosario, tras la aparición de un expediente que la muestra como defensora pública de tres jóvenes que fueron detenidos durante la dictadura militar bajo la ley que juzgaba «actividades subersivas».
El tribunal que integraba Cosidoy debe juzgar a los responsables del destino de un grupo de estudiantes secundarios de San Nicolás, de la escuela Don Bosco, enrolados con el desaparecido obispo Carlos Ponce de León. La causa investiga el destino de dos desaparecidos: Carlos Farayi y Gerardo Cámpora, y el secuestro de José María (Cholo) Budassi.
Cosidoy fue recusada «por su falta de imparcialidad» ante su estrecha relación con el general Leopoldo Galtieri» por un grupo de familiares de víctimas y querellantes, patrocinado por abogados de HIJOS, Lucas Ciarnello, Alvaro Baella, Nadia Schujman y Ana Oberlin.
Sin embargo, la camarista rechazó la recusación, lo que derivó en que sus dos compañeros del Tribunal, Omar Paulucci y Ricardo Vázquez, se expidieran sobre el tema, algo que hicieron de manera disímil.
Vázquez opinó que la recusación de HIJOS era «abstracta», en cambio Paulucci rechazó la recusación porque se esgrimió imparcialidad del juzgador. La decisión derivó en un recurso ante la Cámara de Casación, que designó al juez José María Escobar Cello para conformar el tribunal.
Mientras este nuevo tribunal discutía sobre la recusación de la camarista, apareció en el tribunal un expediente iniciado a tres jóvenes militantes encausados por la ley 20.840, que juzgaba las «actividades subversivas». Se trataba de María Luisa Corelli, Alicia Cámpora y Gustavo de Cara, y Cosidoy había sido defensora de los tres jóvenes.
Tal como había descripto en su alegato en la causa Díaz Bessone, la abogada de HIJOS Ana Oberlin, «la ley 20.840 era un ropaje de legalidad de un proceso en el cual a estas tres personas Corelli, Cámpora y De Cara le arrancaron declaraciones bajo tormentos, se las hicieron firmar y con estos documentos los llevaron a juicio».
