El Gobierno reforzó los controles en el comercio exterior y el movimiento de divisas, a partir de la creación de un nuevo órgano que estará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y que integrarán las principales áreas de la gestión económica.
A través del decreto 2103/14, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo creó la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior, que tendrá como objetivo «verificar el precio y la cantidad de los bienes y servicios exportados e importados por el país conjuntamente con el ingreso y el egreso de divisas».
La Unidad estará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Jorge Capitanich, y estará formada por representantes del Ministerio de Economía (a través, en parte, de la Secretaría de Comercio); la AFIP; el Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
«La Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior desarrollará las siguientes tareas: a) Efectuar el monitoreo de las operaciones de comercio exterior, procurando su seguimiento y trazabilidad. b) Coordinar el acceso, por parte de los organismos competentes, de los reportes de las operaciones de comercio exterior a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales exigidos por la normativa vigente. c) Efectuar el seguimiento de los ajustes y denuncias formuladas por los organismos de control relacionadas con las operaciones de comercio exterior. d) Solicitar y brindar información a otras jurisdicciones sobre los temas de competencia de la Unidad», explica el decreto.
En los considerandos se explica que «es necesario establecer un sistema de trazabilidad y seguimiento de las operaciones de comercio exterior a los efectos de asegurar la estabilidad macroeconómica» para «instrumentar un mecanismo que permita la participación de diferentes áreas del gobierno en el proceso de verificación de las operaciones de comercio exterior tanto de importaciones como de exportaciones».
Asegura que «dicha necesidad tiene su origen en el incremento de la magnitud del comercio exterior dado que éste ha crecido sistemáticamente en el período 2003-2013, alcanzando en el año 2011 un monto aproximado de ciento cincuenta mil millones de dolares (u$s 150.000.000.000) de acuerdo a los datos suministrados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS». Y agrega que «las empresas multinacionales participan en aproximadamente el sesenta y ocho por ciento (68%) del comercio exterior argentino».
Asimismo, la norma recuerda que «la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS ha detectado diferentes casos de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y precios de transferencia que disminuyen el monto de impuestos a pagar en la REPUBLICA ARGENTINA promoviendo al mismo tiempo sistemas encubiertos de transferencias de divisas afectando de este modo la calidad de vida del pueblo argentino mediante maniobras delictivas».
«Que una operación de subfacturación de exportaciones implica establecer un monto total de facturación de las mismas por debajo de su precio real impactando en menor rentabilidad y reducción de los tributos a pagar en nuestra jurisdicción y violando la ley penal cambiaria logrando de este modo apropiarse de la divisa en una cuenta del exterior e ingresando un menor monto al país. Ello repercute negativamente en la economía generando: menor cantidad de divisas ingresadas, tributos determinados y pagados por menor valor y alteración de la cadena de valor. Que una operación de sobrefacturación de importaciones implica que los bienes importados son valuados por encima del valor real con el objeto de transferir más divisas al exterior y lograr un impacto negativo en los resultados de la empresa a los efectos de evadir el impuesto a las ganancias en el país. Que los precios de transferencia manipulados entre empresas vinculadas permiten efectuar remisiones ilegales de utilidades o afectar el pago de tributos localmente, perjudicando a todo el pueblo argentino», insiste.
