“Alertas sospechosas” es el nombre de un protocolo de acción que implementó el gobierno de Santa Fe para perseguir delitos económicos.
Según un decreto que firmó el 29 de julio pasado, el gobernador Miguel Lifschitz, la Dirección de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad provincial investigará la posible comisión de delitos económicos por parte de personas físicas y jurídicas. Las alertas serán emitidas por distintas reparticiones de los ministerios de Seguridad, Economía y Justicia.
La resolución ordenó la creación de un “Protocolo para la Detección y Prevención de Delitos Económicos” que tiene como objetivo la detección de inconsistencias patrimoniales sospechosas y la circulación de activos ilícitos, informaron voceros del caso.
Además, las fuentes explicaron que una vez detectado el presunto delito se originará una “alerta sospechosa” que le permitirá a la Dirección de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad comenzar una investigación para determinar si efectivamente se trata de un delito económico.
“Este protocolo viene a sistematizar un procedimiento que, utilizando la información patrimonial con que cuentan determinados organismos del Estado y al advertir una anomalía patrimonial o una maniobra que genere sospecha de un proceder ilícito económico, sepan cómo actuar”, expresó Ramón Soques, director de la repartición.
El funcionario citó dichos del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro sobre atacar a las mafias en todos los frentes: “No sólo los encarcelamos, también investigamos su patrimonio”, manifestó.
A su turno Pullaro dijo que Santa Fe “es la primera provincia en el país donde a los delincuentes se les subastan los bienes obtenidos con el dinero mal habido. Mientras en el país se discute si se aplica o no la Ley de Extinción de Dominio”.
Los organismos que están sujetos a la emisión de las “alertas sospechosas” son: la Administración Provincial de Impuestos (API), el Servicio de Catastro e información Territorial, el Registro General de la Propiedad, la Inspección General de Personas Jurídicas y la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos.
Además, se establecieron ocho pautas generales ante las cuales están obligados a emitir la alerta, entre las que se pueden destacar la detección “de cualquier hecho económico que no guarde relación con las actividades declaradas y realizadas por personas humanas y jurídicas” o “movimientos de sumas de dinero en efectivo superiores a 450 Salarios Mínimos Vitales y Móviles”.
Una vez que la repartición analiza la alerta recibida, tiene dos caminos: determinar la existencia de elementos suficientes para que, con esos datos, se eleve una denuncia al Ministerio Público de la Acusación (MPA) o al Ministerio Público Fiscal Federal según corresponda el tipo de delito detectado, siendo el Ministerio de Seguridad el encargado de presentar la denuncia; o desestimar el reporte debido a que no existieren elementos suficientes para elevar denuncia alguna.
La Dirección de Investigación Patrimonial deberá “llegar a la conclusión de que existen elementos suficientes para elevar al ministro de Seguridad un informe sugiriendo la denuncia en la Justicia, quien en definitiva deberá juzgar o por el contrario, al carecer de motivación suficiente, devolverá al organismo de origen», remarcó Soques.
Por otro lado, en el decreto firmado por el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad Pullaro, se invita a municipios y comunas a celebrar un convenio de adhesión para incorporarse al procedimiento.
“Cuando el gobernador Lifschitz y el vicegobernador Carlos Fascendini me convocaron para ocupar este cargo, me encomendaron entre otras cosas trabajar para mejorar las herramientas de lucha contra el crimen. Lo voy a hacer hasta el último día de mi gestión, para dejarle a quien me suceda una cartera en las mejores condiciones posibles”, expresó Pullaro.
