De la implementación de estos criterios, que tendrán impacto sobre cinco millones de trabajadores informales, estarán a cargo dos dirigentes de las organizaciones sociales que el miércoles fueron nombrados por el ministro Daniel Arroyo como parte de su gabinete. Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, fue designado secretario de Economía social y Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, subsecretario Promoción de la Economía social.
Arroyo había anticipado en la campaña que considera a los movimientos “parte de la solución y no del problema”. Para reactivar las cooperativas, Desarrollo Social destinará un refuerzo de 30 mil millones de pesos durante este año, dicen en el Ministerio, donde el concepto de trabajador de la economía popular -entendido como otro enfoque desde el que encarar la crisis de empleo-, es uno de los ejes del programa.
Como se sabe, durante la gestión de Cambiemos la totalidad de los programas sociales fueron transferidos al ministerio de Desarrollo Social. En esa reasignación, se cambió la contraprestación de los integrantes de cooperativas de producción, o de construcción, mandando a todos los beneficiarios de planes sociales a estudiar. La medida fue tomada por el mismo gobierno que en esos momentos cerraba escuelas, e intentaba desarmar los bachilleratos para adultos, ajustando el gasto educativo. Y en los hechos, desarmó miles de cooperativas de trabajo. En los cuatro años de gestión macrista, cerca de 8 mil cooperativas de trabajo perdieron su matrícula o fueron dadas de baja.
Uno de los motivos fue que, mandando a todo el mundo a estudiar, el estado nacional ajustó el gasto destinado a dotar de herramientas, maquinarias e insumos a las cooperativas de trabajo, un “ahorro” que luego, por el agravamiento de la crisis social, lo llevaría finalmente a tener que aumentar la cantidad de planes sociales.
“Sabemos que la economía formal no llega a generar el empleo que necesitamos como sociedad. Hay una decisión de pasar del asistencialismo al desarrollo de la economía popular, porque como viene planteando el ministro, el asistencialismo fracasó como política pública para erradicar la pobreza”, dijo a Página/12 tras su designación Daniel Menéndez.
El nuevo subsecretario agregó que, para darse una idea, “con un crecimiento de la economía del 3 por ciento anual, que está dentro del rango de lo considerado un crecimiento normal, se generan 150 mil empleos; pero cada año en la Argentina se agregan al mercado laboral 150 mil personas. Es decir que con un crecimiento económico normal no hay forma de dar la pelea contra la pobreza”.
Entre los reclamos de los movimientos para dar impulso a la economía popular hay además otras dos patas: la realización de un plan de integración sociourbana, que urbanice 4 mil asentamientos y villas, y el desarrollo de la agricultura familiar.
Otro aspecto esbozado como intención del plan de gobierno y en el que se esperan definiciones es el reconocimiento de derechos laborales a quienes cobran el salario social complementario. El tema fue anticipado por el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción. Está vinculado a la posibilidad de acceder a una obra social y -como tema de mayor peso- a contar con aportes jubilatorios. Hay trabajadores de la economía social que llevan más de veinte años en cooperativas, como es el caso de las fábricas recuperadas o el reciclado, y se acercan a la edad de retirarse sin posibilidades de hacerlo con un haber que reconozca sus años de esfuerzo.
Fuente: Página 12.
