El interior del país sigue sufriendo la escasez de garrafas de gas, necesarias para cocinar y calefaccionar los hogares ante las bajas temperaturas, mientras que el Gobierno, la oposición, los empresarios, los comerciantes y los defensores de consumidores cruzan acusaciones por la responsabilidad y el problema no se soluciona.
La cadena de acusaciones comienza en el Gobierno, que apunta contra los comerciantes minoristas por los problemas de distribución y sobreprecios, y pone a la administración kirchnerista como último eslabón, cuando el resto de los actores le adjudica todas las responsabilidades.
En sus últimas conferencias, la presidenta Cristina Kirchner optó por no referirse explícitamente a los problemas con el gas, y en cambio destacó las políticas energéticas de su Gobierno y el de su marido y antecesor, Néstor Kirchner.
Quien sí expresó su postura fue el recientemente ratificado interventor del ENARGAS, Antonio Pronsato, quien acusó directamente a los comercios minoristas por los inconvenientes de abastecimiento y sobreprecios, y negó que existan problemas de volúmenes o cupos.
En esa línea, el Gobierno bonaerense de Daniel Scioli informó que seis de cada diez comercios de la provincia que comercializan garrafas de gas licuado de petróleo lo hacen con sobreprecios, de acuerdo con los relevamientos de sus inspectores en doce ciudades.
Desde la oposición, el diputado Fernando Solanas salió al cruce al sostener que el Gobierno «no garantiza» el gas a los sectores más humildes, quienes pagan hasta «60 pesos» por una garrafa social, cuando esta tendría que costar sólo 16.
Por su parte, el vicepresidente de la gasífera cordobesa Special Gas, Roberto Forelli, dijo que los problemas en el abastecimiento no fueron provocados por el faltante de gas, sino por la escasez de subsidios para poder ofrecer las garrafas a «precios sociales».
En este contexto, los Gobiernos provinciales tuvieron que salir a destinar dinero para subsidiar más envasado de gas licuado de petróleo, como es el caso de Córdoba, que destinará 4 millones de pesos por mes para lograr que las empresas ofrezcan 200 mil garrafas sociales más.
El aumento de más cupos de gas licuado de petróleo a las fraccionadoras ubicadas en las provincias va llevando lentamente la situación a la normalidad, pero tras dos meses de crisis y cuando las temperaturas polares están a punto de extinguirse.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación volvió a reclamar la intervención de la Secretaría de Comercio Interior, que preside Guillermo Moreno, y a la Secretaría de Energía para encontrar «una solución en el plazo más breve posible».
El defensor, Anselmo Sella, contradijo al Gobierno al sostener que no son los comerciantes minoristas los que producen problemas de abastecimiento y sobreprecios, y culpó a las distribuidoras y fraccionadoras.
Según un relevamiento de la Defensoría, las distribuidoras y fraccionadoras van proveyendo al comercio minorista cantidades de gas «mucho menor que las necesarias y muy inferior a las provistas en la misma época del año pasado».
Daniel Menéndez, coordinador del Movimiento Barrios de Pie, se reunió este martes con Sella y tras ello afirmó que «el primer responsable es el Gobierno, ya que hay falta de control por parte del Estado que es quien debería garantizar el precio fijado».
En segundo lugar, Menéndez ubicó «a las distribuidoras y a las empresas que, en este vía libre por falta de controles, producen situaciones de especulación que son sufridas por los más humildes».
A su vez, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, reclamó hoy la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la garrafa social, para que pueda ser comercializada a precios bajos sin necesidad de elevados subsidios.
«Es realmente un absurdo que por un lado el gobierno nacional subsidie el precio de la garrafa social y, por otro, le cobre el 10,5 por ciento del IVA a los sectores sociales más pobres, que son los destinatarios de esas garrafas», dijo Polino.
