Dirigentes alineados con Sergio Massa y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticaron este lunes al gobierno nacional, luego de denunciar recortes en pensiones por invalidez y discapacidad. En tanto que la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), que depende del Ministerio de Desarrollo Social, confirmó ayer las bajas en pensiones por invalidez pero advirtió que “tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas”.
Desde el massismo, los dirigentes Mirta Tundis y Daniel Arroyo, se manifestaron acerca del “dolor de tener un Estado ausente para quienes más lo necesitan”.
“El gobierno, al igual que hizo con el Pami, se agarra de casos puntuales en los que hubo abusos, los cuales deben ser corregidos, para recortar gastos, quitar derechos y utilizar el presupuesto en publicidad. Estamos ante un conflicto social creciente del que el gobierno no parece tomar nota”, señaló Arroyo.
Por su parte, la diputada nacional Tundis remarcó: “Ya no es novedad que el gobierno le siga quitando los derechos a los que menos tienen. Ahora da de baja las pensiones no contributivas, las pensiones por invalidez y a aquellas personas que tienen un 76% de incapacidad. Aquellos que menos tienen y más necesitan siempre son los más perjudicados por la insensibilidad social del macrismo”.
A su vez, la ex presidenta Cristina Kirchner apuntó contra el gobierno nacional por el recorte y subrayó: “Los que con dificultad tienen un techo para vivir también se quedaron sin pensión”.
La ex presidenta aseguró que “desde junio, el gobierno empezó a dar de baja pensiones por discapacidad” y cuestionó la política social del Ejecutivo nacional.
Nación alegó “irregularidades”
“En modo alguno la CNPA se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica. Las bajas efectuadas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios. Las revisiones son una obligación de todos los gobiernos”, indicó la CNPA en un comunicado.
El presidente de la comisión, Guillermo Badino, señaló además que “en el año 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones, y entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, se llevó a 1.800.000 pensiones, donde básicamente lo que hubo fue otorgar pensiones en locales partidarios”.
“Hoy hay municipios con el 38% del padrón electoral pensionado inválido, médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados médicos y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido. Lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que dice el decreto reglamentario, no hacemos nada extraordinario ni nuevo”, señaló, al negar que la decisión esté vinculada al pedido del presidente Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2% de déficit fiscal.
La pensión mínima por discapacidad es de 4.400 pesos pero la mayoría cobra 7.000: según trascendió en los últimos días, la quita alcanzó a beneficiarios cuyos cónyuges percibían una pensión o jubilación o tengan un ingreso formal superior a tres salarios mínimos (que se encuentra en 8.060 pesos), o posean bienes como un automóvil.
