“El ataque contra Cristina Kirchner no fue una cosa aislada, ni fue el único ni el último hecho de violencia protagonizada por la derecha radicalizada», reflexionó Mario Santucho, sociólogo y periodista referente de la Revista Crisis, al analizar un aumento de los hechos de violencia política en el país. Según un registro llevado adelante por Crisis en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), sólo en lo que va del año hubo 70 casos relevados, los cuales representan más de un tercio de los ataques perpetrados desde el 2020.
El mapa interactivo de Radar registró un total de 189 casos de violencia política en Argentina desde febrero de 2020, fecha en la que comienza el registro: 151 de ellos son ataques contra signos y lugares, mientras que 23 casos son de hostigamiento e intimidación. Los restantes 15 se encuentran en el eje de ataques contra la integridad física y la vida. En lo que va del 2023, el registro relevó 70 casos de violencia política de la derecha radicalizada, cuatro de ellos ocurridos en Rosario. Si bien existen zonas de mayor densidad de denuncias, los ataques tienen una expansión territorial muy importante.
Consultado sobre la situación electoral que atraviesa el país, Santucho evaluó que el contexto “No parece hacer disminuir los casos a medida que se acercan las elecciones, a pesar de que quienes serían los representantes de estos grupos de ultraderecha están pugnando por llegar al gobierno. Es decir, no parece que perciban como contradictorio el intento de conducir las instituciones y el despliegue de una violencia por abajo”.
«Lo que nosotros vemos es que, al interior de la ultraderecha, aparece una corriente en particular que son los grupos que deciden actuar de manera violenta», dijo Santucho en diálogo con El Ciudadano. El Registro de Ataques de Derechas Argentinas Radicalizadas (Radar) es un proyecto periodístico llevado adelante entre los integrantes de Revista Crisis junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). El registro busca llevar adelante un mapeo colaborativo de hechos de violencia política en todo el país, con el fin de “fortalecer la democracia y la defensa de los derechos humanos”.
La punta del iceberg
“La iniciativa nació a partir del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y la lanzamos cuando se cumplió un año. Trabajamos bastante en tratar de aportar respecto de lo relacionado con cómo fue el intento de magnicidio de Cristina, y nos dimos cuenta que ese intento de magnicidio no fue algo aislado, sino que era parte de una construcción, un proceso que se fue generando en el marco de la emergencia de la ultraderecha. Surgió un área de grupos y personas que planteaban el paso a la acción directa violenta, y de hecho ha habido muchos casos en el último tiempo”.
Desde el colectivo que lleva adelante este proyecto califican como “derechas radicalizadas” a aquellos sectores de la ultraderecha que apelan directa o indirectamente a la violencia como método de acción política. No se trata de un calificativo orientado al contenido de sus ideas, sino a las agresiones y ataques desplegados con intención de silenciar, amedrentar, disciplinar o aniquilar reivindicaciones de derechos individuales y/o colectivos, instaurar miedo e influir en la discusión pública.
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Santucho aclaró que los hechos de violencia protagonizados por la derecha radicalizada, y por motivos que puedan definirse como políticos no son un fenómeno que tenga larga data en Argentina: “Los ataques políticos no integraban el común denominador del sistema político argentino. Es algo que emergió junto con un sujeto político en los últimos años. O si estaba, era muy marginal”.
El Radar distingue cinco posibles categorías, no excluyentes entre sí, de ataques políticos organizadas por su narrativa de odio: ataques contra identidades políticas, reaccionismo y apología a la dictadura, hechos de misoginia, antifeminismo y contra las disidencias sexuales, situaciones de nazismo, antisemitismo y supremacismo, y en quinto lugar los ataques de índole racista o xenófobo.
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“Una de las contraindicaciones para hacer esto es que muchas veces estos hechos de violencia buscan ser una señal. Buscan un efecto más bien simbólico más que instrumental, buscan que el hecho violento tenga un efecto de propaganda, pero después de lo que sucedió con Cristina, la proliferación de estos hechos y además de la posibilidad de que esos mismos sectores lleguen al gobierno nacional, nos pareció más interesante darle la importancia de dejar de fingir demencia y asumir el tema, visibilizarlo para empezar a pensar formas de reacción, de denuncia o de cuidado”, dijo Santucho.
Para el periodista, el atentado contra la vicepresidenta reveló lo débil que resultó ser el sistema democrático para recuperarse del golpe que significó el intento de magnicidio: “El atentado reveló hasta qué punto la democracia, el sistema político estaba poco preparado para algo así y por lo tanto la reacción fue muy torpe. No hubo una reunión entre todas las fuerzas políticas, no hubo ninguna reacción a la altura de lo que surgía y la justicia tampoco. Pasó un año y no se avanzó en un proceso que aporte a la verdad y la justicia”.
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“El atentado funcionó como un neutralizador de la capacidad de reacción democrática de la sociedad y como un desinhibidor de esa misma potencia agresiva de los grupos de ultraderecha. Lejos de ser algo que mostró hasta qué punto ya no se puede y ser un punto de inflexión para decir bueno esto ya no sucede más, para nosotros lo que vemos es que, al contrario, funcionó como un elemento de proliferación de catalización”, sentenció.
