El domingo pasado el presidente Mauricio Macri anunció durante el debate electoral que si gana las elecciones este domingo las cuotas de créditos UVA comenzarían a ajustarse por salario en vez de por inflación a partir de 2020. El anuncio, con tinte a promesa de campaña, respondía a un reclamo de miles de deudores que vieron aumentar el valor de las cuotas en un contexto inflacionario de incertidumbre financiera. El lunes pasado el Programa de Estudios Tributarios e Impositivos para la Administración Pública de la Defensoría del Pueblo porteña señaló en un informe que en enero las cuotas subirán cerca de un 23 por ciento. Un grupo de economistas consultados por <El Ciudadano< coincide en la necesidad de una intervención estatal, pero duda que el próximo gobierno pueda hacerlo: hablaron de estrategia de campaña y de la oposición que podrían poner los bancos en un acuerdo que los favoreció sin mayores costos.
No va más
Para el economista Federico Fiscella la propuesta de ajustar por salario no va a cambiar la situación de los viejos deudores, quienes seguirán sujetos a las variaciones del UVA. “El UVA no se mide claramente. El índice de este mes dio casi un 6 por ciento de inflación, con la incertidumbre que el dólar tiene más recorrido para moverse. La inflación de fin de año será grande y el traslado al UVA es directo”, explicó. Y descreyó de una posible intervención del Estado. “Son contratos entre privados impulsados por el Estado. Hay poco espacio de intervención sin tener una situación con los bancos. Pensar que el Estado puede asistir a los contratos sería sumarse un problema financiero más de los que tiene. El riesgo debe ser compartido entre quienes dan y quienes toman un crédito. En este caso, sólo lo tiene el deudor”, señaló.
Para Fiscella los créditos UVA remiten a la ley 1.050. “En los 80 las propiedades iban a remate porque las personas las liquidaban para pagar las cuotas”, agregó.
La economista Natalia Pérez Barreda dijo que el anuncio de Macri fue un “último intento para revertir el resultado electoral”. “Hay dos propuestas similares en el Congreso y recién ahora buscan dar una respuesta para el año que viene. Tampoco dicen que pasará con los que ya pagaron porque no hablan de retrotraer la situación. Parece más un slogan que una preocupación por la situación de los deudores”, opinó.
“Desde agosto a enero el salto sería del 23 por ciento. Las distintas fuerzas políticas deberán encontrar la solución definitiva porque el congelamiento temporario no termina de aliviar la situación. Son 90 mil deudores que vieron congelada la cuota pero que no saben qué va a pasar luego de enero”, agregó.
Por su parte, Salvado Di Stefano, opinó que los créditos UVA deberían discontinuarse. “Estuvo mal diseñado. Las personas no pueden pagarlo porque la inflación es muy alta y los salarios no se corresponden. Es inviable. Tendría que discontinuarse hasta que haya más certeza en el país”, concluyó.
Salvavidas
Desde la Cámara de Inmobiliarias (Cadeiros) señalaron la necesidad que el Estado tome medidas para generar nuevos créditos. “No hay forma de llegar a pagar uno. Para que la cuota pueda afrontarse, el monto del crédito tiene que ser bajo y no alcanza para comprar nada. Desde hace dos años no vendemos nada por crédito, ni siquiera llegan consultas”, señaló Sebastián Dib Kai, titular de la entidad que agrupa a las inmobiliarias.
“El crédito es uno de los pilares que tendría que tener el próximo gobierno para incentivar la construcción y el mercado inmobiliario”, agregó.
Trampa
Desde la Concejalía Popular dijeron que los créditos “son una trampa” y también los compararon con la ley 1.050. “Es un engaño que condena a los tomadores de créditos por un ajuste con una unidad de medida acorde a un indicador financiero y no a aspectos fijos”, señaló el titular del área, Nire Roldán.
El titular de la Concejalía descreyó las promesas de Macri. “Es una mentira más. Habla de soluciones que forman parte de propuestas de campaña. Él creó el problema haciéndole ganar fortunas a la banca financiera”, agregó.
