La firma OvoProt, junto con otras dos empresas avícolas, se hará cargo de Cresta Roja, que atraviesa una severa crisis por la cual peligran 5.000 puestos de trabajo.
Fuentes cercanas al Juzgado que lleva la causa indicaron a NA que Ovoprot, la cual posee su planta en Pilar, administrará la empresa en quiebra junto con las otras dos compañías.
Se trataría, entonces, de una inversión inicial de $20 millones para poner en funcionamiento la compañía.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, aportará los $6.000 correspondientes a cada trabajador, tal como negoció hace algunos días ante el cierre de la empresa y la ausencia de cobro de los empleados.
Todavía no se sabe si habrá despidos en la empresa ya que unos 3.500 puestos de trabajo son directos y otros 1.500 tercerizados.
Ovoprot se había presentado junto con otras cuatro firmas del rubro avícola ante la Justicia comercial, que tramita el estado de Cresta Roja.
La propuesta es, en un principio, por un plazo de 30 días, período en el cual se analizará la posibilidad de un fideicomiso, mientras «se avanza en la negociación de la etapa definitiva», sostuvo la jueza Valeria Pérez Casado en una resolución.
Dentro de los candidatos se encontraban también Granja Tres Arroyos y Soychú, entre otras, mientras que la familia Rasic había pedido, por su parte, impugnar la quiebra de la compañía, cuyo pasivo es superior a los 2.000 millones de pesos.
La jueza indicó, además, que los operarios cobrarán los $6.000 «mientras progresivamente se irían incorporando los empleados necesarios para cubrir los puestos de trabajo generados por la explotación provisoria, cuyos salarios sí serían abonados por el fideicomiso a constituirse».
El conflicto en Cresta Roja tuvo un quiebre el martes 22 de diciembre, cuando los operarios decidieron cortar totalmente la autopista Riccheri y fueron reprimidos por Gendarmería.
En esa ocasión, los trabajadores se habían manifestado durante la mañana en Plaza de Mayo con el objetivo de entregarle un petitorio al presidente Mauricio Macri y, al no recibir una respuesta inmediata, decidieron endurecer los métodos de reclamo e impedir el acceso al aeropuerto de Ezeiza durante unas cuatro horas.
