Cuando se tiene la sensación que ya no puede haber algo peor, la realidad supera la ficción. La crudeza de la vivencia social que atraviesa la ciudad quedó plasmada este martes en una audiencia imputativa que dejó a la intemperie las miserias, el dolor y el desprecio absoluto por la propia vida y la ajena.
Menores que incluso no llegan a los 16 años son la denominación común de una serie de hechos sangrientos que sembraron horror en marzo y son un eslabón más que muestra el crecimiento exponencial de la violencia criminalizada que no tiene ningún prurito a la hora de ejecutar hechos delictivos. Mano de obra barata y descartable, maleable por bandas organizadas que digitaron una serie de ataques al voleó que tuvieron como blanco trabajadores del servicio público de transporte –taxistas y colectiveros– y un playero de una estación de servicios, víctimas de un entramado criminal que rompe no sólo las reglas legales sino de convivencia.
Para los investigadores el fin es empujar voluntades, a través de mensajes mafiosos, para infundir terror en la sociedad y que el estado provincial dé marcha atrás con sus políticas públicas de seguridad, especialmente las vinculadas a ámbitos penitenciarios y dirigidas a los presos de alto perfil.
La fiscalía a cargo de Adrián Spelta, Franco Carbone y Patricio Saldutti imputó a cinco personas por la comisión de siete hechos. Los primeros tres vinculados a los crímenes de dos taxistas y el ataque a la comisaría 15ª, a principios de marzo. El denominador común, menores como ejecutores, mano de obra barata.
La mecánica de la banda
Alejadro Isaías «Chucky Monedita» Núñez es un viejo conocido de las crónicas policiales. Está calificado como preso de alto perfil y alojado en la cárcel de Piñero. Tiene sólo una visita y con ella tiene autorización para hablar por teléfono. Su interlocutora y pareja es Brenda Pared, alias la Cote o la Doña, hija del célebre y asesinado narco Sergio Pared. Esta mujer está en arresto domiciliario a disposición de la Justicia Federal en una casa en Funes.
Para los investigadores los ataques fueron dispuestos por Monedita a través de su pareja, quién digitó los hechos a cometer y bajó las órdenes a su núcleo de actuación. Gustavo Alejandro Márquez, alias Gusti, encargado de manejar el dinero de la banda, su pareja Macarena Solange Muñoz –se ocupa de los bunkers– y el hermano de Muñoz, un menor de edad apodado Matute, contaron.
La Doña seleccionó los objetivos y dispuso de los recursos junto a Gusti y su pareja y cuñado. Buscaron tres menores de edad, dos de ellos no punibles, para que mataran, contó la fiscalía
Michel C., de 16 y otros dos acusados están identificados como C. y D. Les dieron instrucciones, un arma y una nota que debían dejar en el crimen del primer taxista.
El 5 de marzo, a las 20.30, Michel estaba en bicicleta y C. tomó un taxi conducido por Héctor Figueroa en Oroño y Uriburu. Michel pedaleó hasta Flammarion y en las vías. Esperaba a D. y le avisó que el coche estaba en viaje, refirió.
Cuando D. vio el auto en Flammarion y Lamadrid disparó en reiteradas oportunidades, C. recibió un roce de bala y se bajó. En la corrida perdió una zapatilla y se olvidó de tirar la nota.
Se fueron todos corriendo por las vías. Se metieron en una casa donde llegó Macarena y se llevó el arma que luego fue utilizada en los dos hechos siguientes. En el lugar quedaron ocho vainas con la inscripción de la Policía de la provincia. Luego Yoana M. le entregó 300 mil pesos a cada uno de los pibes.
Segundo ataque
Al día siguiente hubo otro homicidio de un taxista, esta vez un llamado telefónico pidió el servicio a Lamadrid al 400 bis. Allí hay un pasillo que sale a la otra calle. El teléfono que se usó estaba a nombre de Raúl P., cuñado de Matute y Macarena Muñoz, que está imputada por encubrimiento.
Tras el primer crimen Gusti llamó a Michel y le dijo que había otro trabajo. Este pibe había estado con D. comiendo en el shopping y de ahí se fueron a la casa de otros adolescentes. Van todos para calle Lamadrid, al final por ese pasillo está la casa de Matute.
Según la pesquisa, en este hecho participaron Michael y D., que esperaron en la puerta del pasillo que llegara el taxi. Según un testimonio, uno de ellos dijo: «Ahí viene». Otro sacó un arma de un tacho y la cargó.
Subieron y a las cuadras, más precisamente en Marcelo T. de Alvear y Garmendia, dispararon al taxista en la cabeza. Salieron corriendo y Michel perdió la zapatilla, volvieron al punto de partida. Les pagaron 200 mil pesos a cada uno y se fueron a dormir de Matute, contó la Fiscalía.
Comisaría
La Doña le había dicho a Gusti que iban a atacar colectiveros, pero después cambió de idea y comunicó que ese trabajo lo hacían los del Santa Lucía, que «vayan a tirarle a farmacias, una comisaría o camión de recolección de residuos».
El 7 de marzo, mandaron al Colo, un pibe de 14 años al que le dieron 10 mil pesos, para llevar una moto a Matute. Éste con otro pibe salieron a buscar un camión recolector y como no encontraron balearon la comisaría 15ª. Esa moto fue secuestrada en el pasillo donde pidieron el servicio del taxista en calle Lamadrid, estaba estacionada en el ingreso, refirieron.
Gusti cayó preso a mediados de marzo por sacarle la moto a una mujer que supuestamente le debía plata. Según un testimonio, Macarena quería pagarle a D. para que fuera y mate a la mujer que denunció a Gusti.
Búnker
Matute fue detenido en un departamento ubicado en Anchorena al 1500 junto a C, uno de los menores. En este lugar se produjo el homicidio de Leonela Villalba. De esas investigación surge que allí vendían drogas, que era regenteado por Brenda Pared y Chucky Monedita. Había un hombre apodado Tatu que cuidaba y esta chica trabajaba cubriendo un turno de venta de drogas en el lugar, refirieron en la audiencia.
La culpa es de Bay
Según la investigación, después de todos estos sucesos Gusti echó a D. Luego Macarena Muñoz le dijo que tenía que entregarse, hacerse cargo y decir que fueron Brandon Bay y Fernando «Enano» Morel, ambos terceras líneas de Los Monos. Según el relato, la Doña lo apretaba con lo mismo y le dijo que le iba a poner un abogado conocido, le daba plata y le aseguro que saldría rápido porque era menor. Pero el chico no accedió.
También trascendió en la audiencia que el arma utilizada en los tres primeros hechos fue entregaba a la banda de los Menores, con influencia en el barrio 7 de Septiembre.
La otra pata
Con la misma metodología los ataques fueron dirigidos a colectiveros, en esta seguidilla que incluyó el crimen del playero Bruno Bussanovich apareció nombre de Axel Rodríguez, alias Franco, con domicilio en la zona oeste y con arresto domiciliario.
Según la Fiscalía desde su casa digitó los dos ataques a colectivos, uno fatal, y el crimen del playero.
La noche del 6 de marzo un trabajador de la línea 122 fue atacado tras finalizar el recorrido en México y Cerrito. Dos hombres a bordo de una moto Twister se le pusieron primero a la altura de la puerta y dispararon, luego al frente y volvieron a gatillar pero no salieron los disparos. El chofer se salvó.
Según la fiscalía, el mismo motociclista, trasladó al dia siguiente a un adolescente hasta Mendoza y Guatemala. Lo dejó en la parada y unos segundos después el pibe tomó el primer colectivo que pasó. Era un interno de la línea K conducido por Marcos Daloia. Subió, le disparó al chofer en la cabeza y se bajó. Cruzó Mendoza y tomó calle México donde lo alcanzó una moto que lo sacó del lugar. Esa moto fue ubicada y luego secuestrada en Nicaragua al 2200. También encontraron ropa, un gorro y una remera a la que le hicieron un dermotest y dio positivo, y un celular. Uno de los detenidos dijo que esa moto la había llevado al lugar José M., hoy prófugo.
Los fiscales recalcaron que el colectivo estaba lleno y un solo pasajero se quedó para brindar su testimonio. El colectivero falleció el 10 de marzo. Otro de los menores contó que el que tirador no tiene más de 17 años.
Rodríguez además fue imputado de mandar a colgar un trapo con una leyenda amenazante el 9 de marzo en Circunvalación y Oroño. Un testigo reservado contó que Rodríguez estaba enojado porque lo habían colgado mal, quería que lo pusieran más abajo para que lo vieran los automovilistas. Dijo que sólo sabía que la orden la dio Mansilla.
El crimen del playero
La fiscalía contó que aparentemente no había mano de obra para ejecutar este hecho y le pidieron colaboración a Brenda Pared. Gusti mandó a D. a hacer el trabajo, el adolescente tenía que pagar una moto que la Policía le había sacado y era de Gusti, contaron en la audiencia.
Cerca de las 20 del 9 de marzo subieron a D. a un Uber desde calle Anchorena al 1500 (donde vivía Matute) hasta la casa de Rodríguez. Allí recibieron un llamado de dentro de la cárcel, dijo que era Mansilla, un hombre todo tatuado y morocho. Este hombre que la fiscalía deslizó que se trata de Claudio «Morocho» Mansilla dijo que le pegaran a cualquier empleado de la estación de servicio, incluso le aconsejó que se ponga un conocido pegamento para que no le «saltaran» luego las huellas.
La fiscalía dijo que había que profundizar esta línea de investigación en relación al Morocho Mansilla al que vincularon a Esteban Alvarado.
En cuanto a la mecánica la acusación contó que Joana G., la esposa de José M., fue con un arma y la nota que D. debía tirar en la estación de servicios. Apareció un hombre apodado Melo con un auto y otro al que le decían el Viejo que manejaba. Los tres se subieron al auto, dieron algunas vueltas y lo dejaron a D. en calle White, reconstruyeron.
D. caminó hacia la estación y se quedó junto a un árbol decidiendo si lo hacía o no, cuando el playero entró a la cabina, fue, sacó el arma, se le cayó la nota y le disparó. Volvió al auto, se fueron por colectora. El viejo prendió fuego el auto, luego fueron de Rodríguez caminando, se cruzaron con un control policial y el viejo les ordenó que siguieran caminando.
Una vez en la casa Macarena le refirió dónde tenía que cobrar. Fue en Uber y cuando volvió de cobrar 400 mil pesos Gusti se cobró la deuda de la moto con esa plata.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio después que la jueza Paula Álvarez tuvo por formalizada la imputación. Luego se retomó la discusión sobre las medidas cautelares, la fiscalía pidió la prisión preventiva para todos, lo que fue ordenado por la magistrada por el plazo de ley.
