Por Alberto López Girondo / Tiempo Argentino
Masivas movilizaciones contra un acuerdo secreto entre los gobiernos de Abdo Benítez y Jair Bolsonaro que retrotraía el reparto de energía eléctrica de la represa de Itaipú a las actas firmadas por las dictaduras militares, provocó una crisis política y el pedido de impeachment contra el primer mandatario paraguayo.
El convenio se firmó en mayo pero recién este fin de semana se filtró a la prensa la parte más controvertida de los cambios a un trabajoso acuerdo al que habían llegado Fernando Lugo y Lula da Silva en 2009 y que otorgaba la energía a los paraguayos a un precio mucho más adecuado a las necesidades de la población guaraní y a su proyecto de desarrollo y pagaba de regalías dos veces más que hasta entonces.
El documento firmado hace dos meses estipula, según el diputado paraguayo del Frente Guasú Ricardo Canese, que Brasil se quedará con entre el 84 y el 89 % de la producción a precio más barato. «Este abusivo acuerdo ocasionaría perdidas al Paraguay conquistadas años antes y reafirmadas con el acuerdo Lula – Lugo», dijo el parlamentario en una entrevista con Diario Contexto.
La difusión de estos cambios provocó la protesta de la oposición y el pedido de juicio político contra Benítez, del Partido Colorado, que llegó a la presidencia en agosto del año pasado. Las movilizaciones llenaron las calles de Asunción y de las principales ciudades del país y el lunes el jefe de Estado aceptó al renuncia del canciller Luis Alberto Castiglioni; el titular de la Administración Nacional de Energía (Ande) Alcides Jiménez; y el embajador en Brasil, Hugo Saguier.
Horas antes, Benítez anunció que se dejaba sin efecto el acuerdo y la apertura de negociaciones para acordar un cronograma de compras hasta 2022. Al mismo tiempo, el renunciante ministro de Relaciones Exteriores se atajó: «Hemos decidido solicitar al Brasil la convocación de las Altas Partes para que vuelva a las instancias eminentemente técnicas, donde siempre se ha decidido y tratado». De tal modo no continuarían los diálogos diplomáticos en privado.
El diario paraguayo Última Hora destacó que «uno de los puntos más cuestionados del acuerdo establece el aumento de la potencia contratada por la Ande para el año 2019 y de manera gradual hasta el 2022. Según los expertos, los incrementos repercutirían en sobrecostos de unos 250 millones de dólares o más para la institución», añadió. Ande es la empresa distribuidora de electricidad de Paraguay.
Benítez dio su versión de los hechos. «Por años Paraguay accedía a la energía excedente de Itaipú por encima de lo que le correspondía en el contrato», aseguró, lo que para él ubicaba al país en la posición de «pillo y poco serio», según la agencia noticiosa estatal IP. «Yo no me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque trato de sacar pequeñas ventajas en vez de construir credibilidad, integridad y autoridad para el gran proceso de renegociación», agregó.
Sin embargo, Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la Ande, explicó en un cable citado por Télam que con el acuerdo bilateral se obliga a Paraguay a comprar más energía segura (a mayor costo), lo que, en consecuencia, implica adquirir menos excedentes (energía barata). “Los brasileños consiguieron algo que desde hace 10 años buscaban”, aseguró.
Fue entonces que el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, empezó a levantar los ánimos en contra de este a su juicio ruinoso acuerdo. El dirigente opositor indicó que según el acuerdo de construcción y aprovechamiento establecido en 1973 entre los dictadores Emilio Garrastazu Medici y Alfredo Stroessner que finalizará en 2023, el 50% de la energía de la represa corresponde a Paraguay. Con la nueva acta se entregan derechos a Brasil hasta un año antes. Y además, se incrementarán los precios de la electricidad para los paraguayos.
Según este análisis, Paraguay deberá comprar toda la energía que necesite precio de potencia instalada, 26 dólares aproximadamente el Megawatt por hora (Mw/h), pero no disponer de la energía excedente, cuyo precio ronda los 5 dólares.
El caso se reveló tras la renuncia del presidente de la Ande, Pedro Ferreira, que se negó a convalidar el acta firmada entre ambos gobiernos.
En un tuit, Castiglioni , acérrimo enemigo de Fernando Lugo y antichavista declarado -fue uno de los que encabezó la oposición al ingreso de Venezuela al Mercosur en su momento- lamentó que se hubiera malinterpretado el convenio y luego de despidió de sus correligionarios con otro mensaje en la red social.
El 25 de julio de 2009 Lula da Silva y Fernando Lugo había firmado las notas reversales de un acuerdo que modificaba el original de 1973. Allí se reconocía el derecho de Paraguay a un precio mayor por la energía que le vendía a Brasil. De un plumazo, el país guaraní pasaba de recibir 120 millones de dólares al año a 360 millones. En ese entonces, el acta provocó críticas a Lula en su país ya que fue visto como una renuncia a derechos adquiridos.
“¿Quién construyó Itaipu? ¿Por qué el Paraguay tiene derecho a 240 millones más, por qué tiene derecho al final del contrato el 50% en el 2023? Todo eso es brasilero. Lo que ustedes van a hacer es la traición a la patria”, dijo esa vez Mario Couto, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los gestores de la destitución de Dilma Rousseff en 2016.
La lucha por la Soberanía energética fue uno de los lemas de campaña de Lugo, ex obispo de San Pedro, quien asumió la presidencia de Paraguay en 2008 y fue derrocado por un golpe institucional en 2012.
Los sectores más ligados al nacionalismo paraguayo entendieron desde siempre que si bien es cierto que Brasil había hecho el aporte más importante para la construcción de Itaipú, al arrogarse el derecho a disponer prácticamente a voluntad de la energía por 50 años iba a mantener por ese lapso la relación de dominación existente desde el fin de la guerra de la triple alianza (1865-1870), y como había ocurrido en aquellos años, eso impediría el desarrollo de Paraguay.
