La crisis de Lácteos Verónica, una de las marcas emblemáticas del sector lácteo argentino, dejó de ser un problema coyuntural para transformarse en una situación estructural que amenaza su continuidad.
En el último tramo de 2025, trabajadores nucleados en Atilra confirmaron que el calendario de pagos acordado con la empresa comenzó a fallar de manera sistemática.
Producción detenida y conflicto laboral
Los atrasos salariales derivaron en retenciones de crédito laboral por parte de los empleados, que sin declararse formalmente en paro, paralizaron de hecho la actividad productiva. Como resultado, las tres plantas que Verónica opera en Santa Fe se encuentran virtualmente detenidas.
De acuerdo al portal Bichos de Campo, el conflicto laboral está estrechamente vinculado con una crisis financiera más profunda: la empresa no dispone de leche cruda suficiente para procesar, un dato llamativo si se considera que su capacidad instalada -especialmente en la planta de la localidad de Clason- supera los 300.000 litros diarios. La falta de materia prima dejó fuera de operación líneas completas de producción, como dulcería, mantequería y quesería.
A esto se suma una situación aún más delicada para los trabajadores: descuentos previsionales y de obra social que fueron retenidos de los salarios pero no depositados, generando problemas de cobertura médica y aportes básicos.
Durante décadas, Lácteos Verónica fue un actor clave en el entramado económico de localidades santafesinas como Clason, Totoras, Lehmann, Suardi y San Genaro.
Hoy, la crisis se traduce en incertidumbre para cientos de familias. La dotación de personal se redujo mediante retiros voluntarios y cierres de puntos de venta, aunque, según denuncian delegados gremiales, las indemnizaciones y acuerdos pactados tampoco fueron cumplidos.
El deterioro no se limita al empleo directo. Transportistas, proveedores de servicios, comercios y actividades vinculadas a la cadena láctea también sufren el freno productivo, en pueblos donde las alternativas laborales son escasas.
El frente más crítico se da con los productores lecheros. Unos 150 tamberos de Santa Fe denuncian una deuda acumulada que ronda los 60 millones de dólares, equivalentes a casi 90.000 millones de pesos, por leche cruda entregada y no pagada.
Muchos productores aseguran haber pasado hasta tres meses sin cobrar, lo que los obligó a cerrar tambos al no poder afrontar salarios rurales, insumos y costos operativos. Incluso establecimientos de mayor escala están en situación límite, con casos de deudas que superan los 900 millones de pesos.
La particularidad del sector agrava el problema: la leche no puede dejar de producirse de un día para otro, lo que obliga a los tamberos a seguir entregando materia prima aun sin certezas de cobro, profundizando su deterioro financiero.
Cabe recordar que durante 2025 circularon versiones sobre posibles interesados en adquirir activos de Verónica o alguna de sus plantas. Se mencionaron contactos con empresas del sector, como Adecoagro, pero ninguna negociación llegó a concretarse. Según delegados y actores cercanos, las conversaciones no pasaron del plano informal.
La ausencia de definiciones estratégicas alimenta la percepción de que la empresa se encuentra en un callejón sin salida, donde opciones como una venta, una reestructuración profunda o una intervención judicial aparecen como caminos complejos sin respaldo financiero ni un plan claro.
La crisis excede a Verónica
El caso se inscribe en un contexto más amplio de dificultades en la industria láctea argentina, que en el último año vio caer o debilitarse a empresas como SanCor, La Suipachense, Luz Azul y ARSA. A la sobreoferta de leche cruda se suman precios deprimidos, caída del consumo interno y dificultades para exportar excedentes, configurando un escenario de márgenes ajustados y alto costo financiero.
Las compañías con menor capitalización o sin estrategias comerciales sólidas quedan especialmente expuestas, como evidencia la situación de Verónica.
A comienzos de 2026, la crisis de Lácteos Verónica continúa sin señales claras de resolución. La combinación de salarios impagos, falta de insumos, deudas con productores y ausencia de un plan empresarial mantiene a la firma en un estado que trabajadores y tamberos describen como de agonía prolongada.
El desenlace sigue abierto: la llegada de nuevos inversores, una eventual intervención estatal o judicial, o incluso un proceso concursal aparecen como escenarios posibles.
