Tras un largo letargo y en medio de la profunda crisis que golpea a la industria láctea, la Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), empresa que producía los postres, flanes y yogures de Sancor.
La resolución fue firmada por el juez Federico Güerri, del Juzgado Comercial N.º 29, luego de que fracasara el concurso preventivo iniciado en abril de 2024. La decisión incluyó la liquidación total de la compañía, la inhibición de bienes y el embargo de fondos.
También Güerri aprobó el retiro de maquinarias que otras empresas habían otorgado a ARSA mediante diversos contratos.
En tanto, en los últimos días, los trabajadores despedidos iniciaron una seguidilla presentaciones de Pronto Pago Laboral Colectivo en la Justicia. El reclamo incluye indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados.
«El instituto de pronto pago actúa como tutela de urgencia destinada a mitigar el estado de vulnerabilidad en que han quedado los operarios», señala una de las presentaciones.
La liquidación final de esta empresa láctea formaliza el despido de casi 400 trabajadores, distribuidos entre las plantas que la firma tenía en Lincoln (Provincia de Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba).
Ambas plantas ya venían con actividad intermitente, atrasos salariales y suspensiones desde 2023.
La acumulación de deudas con proveedores, transportistas y personal terminó por hacer inviable la continuidad operativa. En varias oportunidades, incluso, se registraron cortes de energía por falta de pago y paralizaciones productivas. El cierre implica la desaparición de marcas históricas en góndolas de todo el país: yogures Yogs y Primeros Sabores, y postres como Shimmy, Sancorito, Sublime y Vida, todos elaborados bajo licencia de SanCor.
La firma había sido creada en 2016 para adquirir la división de productos refrigerados de SanCor, en una operación encabezada por un holding vinculado al Grupo Vicentin por unos 100 millones de dólares.
En 2019, inversores ligados a Vicentin y al fondo BAF Capital tomaron el control con la promesa de modernizar y expandir la producción. Sin embargo, las expectativas no se cumplieron. Hace dos años y medio, la gestión pasó a manos de la venezolana Maralac S.A., vinculada a los hermanos Fernández, también asociados a La Suipachense. La crisis financiera, lejos de revertirse, se profundizó.
Desde la empresa atribuyeron la quiebra al contexto económico general: caída del consumo, inflación, aumento del costo de la leche cruda, subas salariales y devaluaciones. También mencionaron el impacto de programas de control de precios implementados en 2023. Sin embargo, referentes del sector lácteo sostienen que el desenlace no responde sólo a factores coyunturales. Señalan problemas de gestión y un concurso preventivo que no logró ordenar las cuentas ni atraer inversores que garantizaran un rescate.
Crisis generalizada
El golpe sobre ARSA se suma al conflicto abierto en Lácteos Verónica, cuyos trabajadores se manifestaron este fin de semana en la localidad santafesina de Lehmann ante el riesgo de perder unos 700 puestos laborales. En ese escenario, localidades con fuerte tradición láctea como Lincoln y Sunchales expresaron preocupación por la falta de respuestas empresarias y la incertidumbre sobre el futuro del empleo.
En Córdoba, el cierre de la planta de Monte Cristo impacta de lleno en una comunidad que dependía de la actividad industrial. Muchos de los trabajadores despedidos acumulaban más de tres décadas de antigüedad, incluso desde la etapa previa bajo la órbita directa de SanCor.
