Cristina de Kirchner logró convencer a los gremios afines de encarrilar la ronda de paritarias de este año al menos en uno de sus planos: los acuerdos tendrán vigencia por doce meses y sólo estarán sujetos a revisión en caso de producirse cimbronazos económicos. Fue la principal conclusión del encuentro que mantuvo en la quinta de Olivos con la cúpula de la CGT oficialista, que ya le había prometido cerrar aumentos salariales no superiores al 25 por ciento. A cambio, la jefa de Estado prometió agilizar la entrega de fondos para las obras sociales. De paso, hasta Hugo Moyano avisó ayer que los gremios que le responden negociarán por un año.
«Las paritarias son libres y cada gremio definirá la modalidad para llevarlas adelante. No habrá topes ni sumas fijas. Y se sobreentiende que nadie va a negociar por menos de un año», le dijo a este diario José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias, apenas terminada la reunión. También fueron el líder de la central oficialista, Antonio Caló, Omar Viviani (taxistas) y Ricardo Pignanelli (mecánicos, SMATA).
Cristina de Kirchner estuvo sola la mayor parte del encuentro. Sólo integró a la conversación a la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, una vez que se discutió sobre los recursos de las obras sociales sindicales. Y sobre ese punto le ordenó a la funcionaria mantener reuniones urgentes para acelerar los procesos de distribución de fondos.
«Ustedes saben cómo encarar las negociaciones, tienen experiencia», contó Lingeri que les dijo la mandataria. El dirigente reinterpretó esas palabras: «Nadie renuncia a reclamar lo que cree justo y, al mismo tiempo, nadie tira de la soga más de lo que debe. Sabemos la responsabilidad que tenemos».
De este modo, los gremios mayoritarios repetirán la dinámica de la última década de negociar salarios con vigencia anual. Ese mecanismo estaba en duda a partir de las subas abruptas de precios que hubo en diciembre y enero, y más luego de la devaluación del peso que se trasladó a todo tipo de productos. Sin embargo, el aparente sendero de estabilidad en el valor del dólar en los últimos días y la vigencia de los acuerdos de precios animaron al Gobierno a retomar el plan habitual de paritarias.
La salvedad es que los sindicalistas este año harán pesar las cláusulas de revisión que suelen incluirse en los convenios colectivos de trabajo, pero que por lo general no son utilizadas. Es decir, de producirse una disparada sostenida en los precios los gremialistas reclamarán sentar en la mesa de negociaciones a los empresarios para rediscutir y generar un nuevo aumento salarial para compensar las eventuales pérdidas en el poder adquisitivo.
El capítulo salarial de la charla fue relativamente corto, según los dirigentes. El resto del encuentro lo consumió el financiamiento de las obras sociales, un desvelo constante de los sindicalistas. Sobre este punto, Cristina se comprometió a incrementar los pagos mediante la revisión de pagos puntuales que reciben las prestadoras de salud de los gremios.
«Se revisará el aporte que hacen los monotributistas, que en ocasiones inscriben a todo el grupo familiar cuando detectan una enfermedad y eso termina por desfinanciarnos. También se actualizará el valor que nos reconocen (por los tratamientos médicos derivados) en las patologías más complejas y se buscará un método para evitar el flujo de afiliados que sufrimos hacia las empresas de medicina prepaga», contó Lingeri.
Los monotributistas son una queja permanente de los dirigentes. Alegan que pagan un aporte mucho menor al de sus afiliados de origen, y reciben junto a sus familiares la misma atención. En cuanto a los valores a actualizar, Lingeri se refirió a las prestaciones por dolencias graves que son reconocidas por la Superintendencia, que reembolsa el costo pero, a juicio de los sindicalistas, de modo tardío y por debajo de lo pagado por la obra social.
Mientras que la puja entre prestadoras sindicales y prepagas data de los años 90, cuando se desreguló el sistema y se habilitó el libre tránsito de afiliados. Desde entonces, algunas obras sociales pequeñas se aliaron a empresas de medicina privada y lograron cooptar un gran caudal de afiliados de buenos ingresos y, en general sanos, en desmedro de las organizaciones gremiales más grandes.
Según Lingeri, también hubo un compromiso oficial de actualizar el aporte estatal que el PAMI realiza a las obras sociales que atienden a jubilados. En cambio, descartó de momento la posibilidad de que el Gobierno habilite un bono para distribuir parte del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), integrado por aportes de las obras sociales para la cobertura de enfermedades complejas y que en la actualidad acumula unos 20 mil millones de dólares. «Por ahora el bono es inviable», admitió el gremialista sobre esa chance que manejaban en las últimas semanas.
El compromiso de negociar por un año encontró eco ayer de manera sorpresiva en Moyano. «No veo claridad cuando algunos quieren discutir cada tres meses, cada seis, cada ocho. Creo que las paritarias son para discutirlas anualmente, y hasta ahora nos mantenemos en eso», dijo el líder de la CGT opositora y de los camioneros. La afirmación de Moyano pareció responder a la dinámica que utiliza el SMATA de renegociar de forma trimestral. Pero también puede interpretarse como una señal de distensión hacia el Gobierno. Este diario dio cuenta semanas atrás de negociaciones sigilosas entre funcionarios y Guillermo Pereyra, número dos de la CGT opositora, para reabrir canales de diálogo con el camionero.
Moyano lo dijo al término de una reunión que mantuvo con el líder del Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner (ver aparte) y también advirtió que no se allanará a tope alguno, aunque aclaró que las demandas de su sector serán «de alrededor del 30 por ciento».
