La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió este viernes que «la mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico» conducen «las instituciones hacia un callejón sin salida», al cuestionar el criterio que emplea la Justicia para determinar la validez de una escucha al momento de configurar un delito.
«La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida», escribió la ex presidenta en su cuenta de la red social Twitter.
La ex mandataria recordó que «en el año 2016, en Comodoro Py los Camaristas de Casación (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡2 veces! Lo fundamentaron en ´una escucha ilegal´, metieron preso a (Carlos) Zannini (actual procurador del Tesoro) y le prohibieron a (al ex canciller Héctor) Timerman tratarse de un cáncer en EEUU».
«Después de la legalización de la escucha, (Mauricio) Macri -que era Presidente- felicitó públicamente a Hornos y Borinsky y criticó a la otra camarista, Ana María Figueroa, que había votado en minoría contra esa decisión», observó la Vicepresidenta.
Y agregó: «Ahora en 2023, el juez (federal Sebastián) Ramos de Comodoro Py en 20 días rechazó la denuncia contra Silvio Robles (vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti), que arreglaba fallos de la Corte en chats con D’Alessandro, Ministro de Seguridad CABA, diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en ´una escucha ilegal´».
«Por si alguien faltaba en este verdadero escándalo, el fiscal que intervino fue… ¡Stornelli! procesado por espionaje ilegal e impulsor de la ´Operación Puf´, donde buscó legitimar las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para salvarse de su participación en el D`Alessiogate», reseñó la titular del Senado.
Cristina Fernández afirmó que «Stornelli, para salvar al ladero de Rosatti -Robles- cita el voto en minoría de la camarista Ana María Figueroa en el caso Memorándum con Irán, que cuestiona que con una escucha ilegal se pretenda reabrir una causa. Solo con mafia mediática-judicial puede haber tanta impunidad», apuntó.
A modo de conclusión, la Vicepresidenta señaló que «hoy, a esta altura, hay que hacerse la pregunta del millón: ¿Qué hará ahora la Cámara de Casación con la causa Memorandum con Irán?».
Ayer, el juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia penal en la que Silvio Robles, el colaborador del titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti, había sido acusado de sugerir al ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, sobre cómo proceder en la causa iniciada por la controversia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.
El magistrado tomó esa determinación en coincidencia con el dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli, quien consideró que no se podía avanzar en una investigación penal basándose en un delito como la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas, informaron hoy fuentes judiciales.
La acción la había iniciado el abogado Gastón Matías Marano, quien dijo haber tomado conocimiento de los chats intercambiados entre Robles y D’Alessandro en base a la aplicación Telegram «a través de distintos medios de comunicación», y en cuanto a su contenido «refirió que incluirían consejos, por parte de Robles, respecto a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial» relacionado con el Consejo de la Magistratura.
Stornelli interviene también en una denuncia presentada por D’Alessandro por «la posible existencia de maniobras de inteligencia ilegal» como «parte de un plan criminal sistemático que califica como dirigido a dañar, ante la opinión pública, su imagen y reputación, tanto como la de otros funcionarios y magistrados».
En esta causa, el fiscal aseguró que la utilización de mensajes obtenidos a partir de la filtración del celular de D’Alessandro constituye un «obstáculo insalvable» que impide continuar con la investigación.
Además, Stornelli determinó que en la denuncia del abogado Marano no había «ningún medio o elemento autónomo y autosuficiente» distinto de aquellas supuestas comunicaciones que podrían haber sido obtenidas ilegalmente, y expuso que convalidar la investigación con elementos que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo colisionaría con «los más básicos e irrenunciables principios constitucionales».
Para Stornelli, ingresar al estudio de lo denunciado o asumir cualquier temperamento que implicara la prosecución de la acción iría en contra de la doctrina del ‘fruto del árbol venenoso'».
En apoyo de su dictamen, el fiscal citó precedentes judiciales que involucraban a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la grabación de una comunicación telefónica obtenida sin consentimiento de ambos interlocutores, en los que los principios y garantías de la intimidad prevalecieron sobre cualquier pretensión punitiva.
«El dictamen fiscal se encuentra debidamente razonado y justificado», remarcó Ramos al disponer «archivar la presente denuncia en concordancia con lo propuesto, en razón de que no se encuentra habilitada por parte de quien detenta la potestad de acusar, la acción penal».
Marano, el abogado que había presentado la denuncia contra Robles, es el mismo que interviene en la causa por el atentado contra la Vicepresidenta como defensor de Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar imputado como partícipe en el intento de asesinato.
Letrado de muchas conexiones y muy conocido en el ambiente judicial, Marano presentó la denuncia contra Silvio Robles a principios de este mes en Comodoro Py, cuando ya tramitaba otra denuncia contra el asesor de Rosatti en el fuero federal de Santiago del Estero.
