Las palabras de Axel Kicillof que descartaron reformas al impuesto a los Bienes Personales fueron recibidas como un bálsamo por el oficialismo en el Congreso de la Nación. Tanto en Diputados, en su carácter de Cámara de origen para proyectos impositivos, como en el Senado, los jefes de bloques kirchneristas Juliana Di Tullio y Miguel Pichetto se preparaban para empezar el año legislativo en febrero con una convocatoria a sesiones extraordinarias que obligaría a pagar un elevado costo político y riesgo de fugas dentro de la propia tropa. Los cambios anunciados por Ricardo Echegaray para la valuación de propiedades comprendidas por Bienes Personales, y que prácticamente duplicaban el universo de contribuyentes alcanzado por ese gravamen, habían empezado a generar resistencias similares a la resolución 125 sobre retenciones móviles, y no sólo en los bloques opositores.
Una semana antes de Navidad, Pichetto se encargó de alambrar con fórceps los votos del Frente para la Victoria para aprobar la suba de impuestos a los denominados bienes suntuarios. En aquel momento, la ira de los senadores oficialistas no apuntaba a Echegaray, sino a Kicillof, quien asumió el Ministerio de Economía y como primera medida envió al Congreso un proyecto de ley para aumentar la carga impositiva cuando el valor de los productos “de lujo” superara los 170.000 pesos o los 210.000 como sucede para el caso de los autos de alta gama. En la reunión de bloque previa a la votación en el Senado, Aníbal Fernández fulminó a puertas cerradas esa iniciativa calificándola de “disparate”. Otros senadores oficialistas la tacharon de “recesiva”, “inflacionaria” y contraria a la presunta raíz productiva del modelo kirchnerista.
Con la mayoría de los diputados de vacaciones en la costa, el proyecto sobre Bienes Personales anunciado por Echegaray el lunes, y fulminado in limine por Kicillof invocando a Cristina de Kirchner, estaba predestinado a un complicado trámite en el Congreso. Desde las jefaturas kirchneristas de ambas cámaras insinuaban una especie de 125 inmobiliaria. Con legisladores nacionales que deberían volver cada semana a sus provincias para enfrentar a sus vecinos y pobladores alcanzados por una nueva carga impositiva y el alza de las respectivas tasas municipales, en un contexto de suba de precios, cepo al dólar para operaciones inmobiliarias y en la previa de las negociaciones paritarias.
Con Sergio Massa extendiendo tentáculos sobre el peronismo kirchnerista, el proyecto para calcular la aplicación del impuesto sobre la base de la valuación de mercado de los inmuebles y ya no a partir del valor fiscal se encaminaba a complicar al kirchnerismo en ambas cámaras. Por eso ayer se festejó a baja intensidad que la presidenta Cristina de Kirchner descartara “terminantemente”, de acuerdo con el ministro de Economía, las reformas en el Impuesto a los Bienes Personales.
El encargado de la cartera de Hacienda dijo que “una medida de este tipo tiene efectos negativos y yo mismo opino que no hay que hacerlo”. La raíz política de esa declaración, más allá del cargo formal que ostenta Kicillof, proviene de las entrañas de La Cámpora, la guardia pretoriana que custodia también en el Congreso, a través de Eduardo Wado de Pedro y Andrés Larroque, las espaldas de la jefa del Estado.
En el fin de año 2013, el kirchnerismo parlamentario sesionó casi contra natura. Votó el ascenso y la jefatura del Ejército para César Milani como nuevo jefe del Ejército, a pesar de los cuestionamientos de organismos de derechos humanos afines como el Cels de Horacio Verbitsky. La sanción del proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial, que incluyó pedidos de cambios del mismísimo Pichetto cuando el paquete se debatía en Diputados, también fue leído por autoridades oficialistas del Poder Legislativo, como Di Tullio, como una concesión del Estado laico a la iglesia católica del papa Francisco.
Un indicio del malestar parlamentario del kirchnerismo en el Congreso fue la última ampliación del temario para las sesiones extraordinarias que vencieron el 31 de diciembre pasado sin que se celebrara ninguna sesión para debatir los nuevos proyectos incluidos por el Poder Ejecutivo.
Allí se contemplaba un proyecto de ley que sustituía el artículo 252 del Código Penal incorporando “penas específicas” para aquellos efectivos de las fuerzas de seguridad que “a sabiendas abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados”.
Ahora el Congreso espera una nueva convocatoria para sesionar durante febrero en extraordinarias. Ya no estaría incluido el castigo extra para los policías. Pero para retomar el rumbo, el nuevo Código Civil podría volver a contemplar un apartado que atrae a Kicillof: la función social de la propiedad.
