La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó este lunes que fue puesta «ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial», luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazara su pedido para ampliar mañana la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019», afirmó la expresidenta en su cuenta de Twitter.
«Por ello -añadió- mañana a las 11, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales».
El rechazo a su pedido de ampliación de la indagatoria fue comunicado por el presidente del TOF2, Rodrigo Giménez Uriburu, tras una deliberación de 30 minutos con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini, con quienes coincidió en que la próxima instancia que tiene la Vicepresidenta para exponer ante el tribunal es la que se conoce como «últimas palabras».
El planteo había sido formulado de manera oral por el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, quien reclamó que su pupila pueda defenderse de supuestos nuevos elementos introducidos por el fiscal Diego Luciani en su alegato que antes no hayan sido debatidos en el juicio.
El planteo de Beraldi estaba basado en que en la exposición de la fiscalía hubo cuestiones «fácticas» que tampoco estaban en la elevación a juicio, por lo que consideraba oportuno poder responderlas antes de los alegatos restantes.
Para sostener el planteo, el abogado de la exmandataria invocó los artículos 303, 380 y 393 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que hacen referencia a cuáles son los momentos en los que puede declarar un imputado.
«El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador. Asimismo, el juez podrá disponer que amplíe aquella, siempre que lo considere necesario», dice el artículo 303 del CPPN.
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«En el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa. El presidente le impedirá toda divagación y podrá aún alejarlo de la audiencia si persistiere», se indica en el 380.
El artículo 393 del Código establece, además, las reglas que deben seguirse en la «discusión final».
Tras el primer rechazo por parte del tribunal, Beraldi reclamó que esa decisión sea revisada porque «viola la garantía de la defensa en juicio y de igualdad de armas», a la vez que refirió que sería «una vergüenza» que se límite a la vicepresidenta en momento de responder a las acusaciones de la fiscalía.
«No es posible avanzar en este juicio sin que se escuche a la doctora Fernández de Kichner sobre las graves acusaciones» vertidas por el ministerio público fiscal, sostuvo Beraldi aunque, tras 5 minutos de un nuevo cuarto intermedio, el TOF2 rechazó in limine (sin analizar) su planteo.
La Vicepresidenta había informado este lunes que le pidió a su abogado que solicite la ampliación de su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública para la «audiencia de mañana».
«Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas», expresó Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter.
«Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto», indicó.
Este lunes se completó la novena audiencia del alegato acusador en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en la que los fiscales pidieron penas para todos los acusados.
