La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró un «un disparate mayúsculo» y una «maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático» la causa judicial que investiga el presunto direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, y denunció que es víctima de «persecución política» por parte del Gobierno «para tapar el desastre económico del país».
Cristina formuló declaraciones a la prensa en la mañana de este lunes 31 de octubre, al retirarse de los tribunales federales de Comodoro Py, donde prestó declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini, aunque sin responder preguntas del magistrado.
«Es un disparate mayúsculo. Estamos pidiendo la nulidad», dijo la mandataria al confirmar que durante su presentación ante el magistrado, pidió la realización de «una auditoría general» de las obras públicas y planteó la invalidación de su indagatoria.
«Es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático. Como hicieron con Lula (Da Silva en Brasil). Es una maniobra a nivel regional. Acá, en el país, es para tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina», sostuvo la ex mandataria.
Para Cristina, que se había expresado en términos similares durante la audiencia, el gobierno de Mauricio Macri «busca tapar el sol con la mano y tratan de esconder lo que es un verdadero desastre».
«Si nosotros éramos una asociación ilícita, este gobierno es una asociación ilícita terrorista, que impone el terror a la gente cuando va al supermercado o cuando le llega la factura de luz o gas», aseveró.
En sus declaraciones ante la prensa, la ex jefa de Estado señaló que la obra pública durante su gestión fue «aprobada por la Auditoría General de la Nación y la Comisión Revisora de Cuentas del Parlamento», con lo cual consideró un «disparate» pretender asociar su gobierno a una «asociación ilícita».
«Yo creo que apuntan contra dirigentes que pueden ser candidatos y ponen en peligro a su electorado. Por eso tampoco es casual la insistencia del voto electrónico con chip», aseveró.
Al respecto, estimó que «nadie puede pensar que la gente pueda votar estas políticas […] Lo han demostrado todos los técnicos. Es un momento de gran responsabilidad institucional», manifestó la ex jefa de Estado, a la tiempo que cuestionó el fuerte operativo policial en la zona de Comodoro PY, que generó pequeños incidentes a su salida de los tribunales.
La ex mandataria comentó que le solicitó al juez Ercolini una auditoria más amplia sobre la obra pública desde 2003 cuando asumió el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner.
«Un grupo de diputados presentó un proyecto para constituir una Comisión Bicameral de auditoria de obra pública desde 2003 y lo presenté también formalmente ahora. Porque no sólo pasó en Santa Cruz la descentralización de la obra pública», remarcó.
En otro tramo de sus declaraciones a la prensa, Cristina explicó que «las obras públicas que se han hecho en la República Argentina no las decidió el presidente o la presidenta, la decide el Parlamento en el Presupuesto y si el Congreso no le asigna recursos, las obras no se pueden hacer».
«Además, es el Legislativo nacional el que indica dónde se hacen las obras, son las provincias las que llaman a licitación, y si todo esto fuera poco desde 1994 son los jefes de Gabinete los que ejecutan y administran el Presupuesto de la Nación,» detalló.
Por último, la ex jefa del Estado aseguró que «las cuentas de inversión de la Administración Pública Central y descentralizada desde el año 2003 hasta el 2014 inclusive están aprobadas por la Auditoría General de la Nación y por la Comisión Revisora de Cuentas del Parlamento.»
«El que controla todo esto es el Congreso Nacional a través de la Auditoría General de la Nación,» completó la ex jefa de Estado.
