La presidente Cristina de Kirchner presentará hoy el informe «Papel Prensa: la verdad», en la que el Gobierno acusará a los dos socios del Estado dentro de la empresa, los diarios Clarín y La Nación, de haber adquirido las acciones de la familia Graiver bajo la presión de la Dictadura.
El encargado de entregarle en mano el expediente a la Presidente será el secretario de Comercio interior, Guillermo Moreno, quien se tomó más de los 80 días prometidos para la elaboración del documento.
El texto, de más de 400 fojas, explora el traspaso, que denuncia irregular, de la empresa de la familia Graiver a manos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, con participación minoritaria del Estado nacional, ocurrida en 1976.
Este atardecer, en el Salón de los Próceres Latinoamericanos, la Presidente encabezará la presentación formal del escrito que, sobre el relato de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, sostiene la hipótesis de que la transferencia accionaria fue bajo coacción.
La encargada de la redacción gruesa del escrito fue Beatriz Paglieri, morenista y directora en PP por el Estado, bajo la atenta supervisión del secretario de Comercio. Para el kirchnerismo se trata de una especie de Nunca más empresarial.
El informe se guarda bajo siete llaves en extremo secreto. Sin embargo, el documento no arrojaría más revelaciones de las que ya esgrime el Gobierno por la adquisición de la compañía. Hasta hoy, además de Moreno y Paglieri, los únicos que conocen detalles son la Presidente, su esposo Néstor Kirchner y el secretario legal Carlos Zannini.
Anoche, el Gobierno -a través de Oscar Parrilli- ordenaba el dispositivo K para adornar el anuncio. Un clásico: se invitó a gobernadores, legisladores, intendentes, además de empresarios y sindicalistas amigos. Néstor Kirchner volverá, para la ocasión, a Casa Rosada.
Los Papaleo, Lidia y Osvaldo, detenidos y torturados en el 77, tendrán lugares privilegiados. Ayer estaba en duda la asistencia de Rafael Ianover, número dos de Papel Prensa mientras estaba en manos de Graiver.
En cuanto a las medidas que podría disparar el informe, se especula con una decisión administrativa respecto del manejo de Papel Prensa o, quizá la más firme, la determinación del Gobierno de que la Procuración intervenga en el litigio sobre la propiedad de la empresa.
En paralelo, se espera el avance de la causa penal que lleva el juez Arnaldo Corazza, que investiga el circuito Camps y del que se desprendió un expediente sobre el caso Gravier. Ese punto es clave en la estrategia oficial: es el nexo entre el traspaso de la firma y los crímenes de lesa humanidad.
Ayer, ese planteo fue objetado por Gustavo Caraballo, ex embajador en la Unesco, que compartió cautiverio con los Papaleo, quien desvinculó la transferencia de Papel Prensa con la detención y tortura sufridas por los familiares de David Graiver.
Invocó, como argumento, que la venta se concretó a fines del 76, mientras que los apremios ocurrieron avanzado 1977. Pero, además, afirmó que en ningún momento los herederos de Dudy Graiver vincularon, en estos días, la tortura con Papel Prensa ni, más adelante, reclamaron indemnización por la empresa.
El caso Papel Prensa, en momentos en que apareció en escena el conflicto por Fibertel, potenció los cruces entre el Gobierno, empresas de medios y la oposición.
El Gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa, denunció Clarín y, en una editorial, acusó a la Casa Rosada de aplicar modos y acciones propias de los regímenes opresivos más intensos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la intención del Gobierno nacional de la Argentina de controlar a los medios independientes, calificando varias acciones oficiales perpetradas en las últimas semanas como una escalada peligrosa en contra de la libertad de expresión que afecta a todos los ciudadanos de ese país.
