La presidenta Cristina Kirchner promulgó ayer otras dos leyes que integran la reforma judicial aprobada por el Congreso, pero aún no hizo lo propio con la de modificación del Consejo de la Magistratura, que entrará en vigencia de manera automática.
La mandataria promulgó la ley que obliga a la presentación de “declaraciones juradas patrimoniales integrales” a los magistrados y otra que obliga a los tribunales a publicar “íntegramente todas las acordadas y resoluciones que dicten”.
A través de dos decretos las leyes entraron en vigencia y se suman a la norma que crea nuevas Cámaras de Casación y a la que regula las medidas cautelares en causas en las que interviene el Estado.
En cambio, la jefa del Estado no promulgó la ley que establece la reforma del Consejo de la Magistratura, ya aprobada por el Parlamento, que introduce cambios como la elección por el voto popular de los miembros del organismo y la ampliación de sus integrantes a 19.
De esta forma, al cumplirse los diez días hábiles tras la sanción de la ley en el Senado y al no ser vetada por el Poder Ejecutivo, quedará promulgada de hecho y podrá ser publicada en el Boletín Oficial.
Dirigentes de la oposición y organizaciones de abogados y jueces aguardaban que la presidenta promulgara esta ley para presentar ante la Justicia un recurso para frenar su aplicación, por entender que se trata de una iniciativa de carácter “inconstitucional”.
Con su vigencia automática, se acortaron los tiempos para que la oposición presente sus impugnaciones ante la Justicia para frenar la elección de consejeros a través de los partidos políticos en los próximos comicios, teniendo en cuenta que el 22 de junio vence el plazo para la inscripción de listas.
En la oposición también cuestionan un artículo del proyecto de reforma del organismo que selecciona y designa jueces que establece que una coalición de partidos políticos sólo podrá llevar candidatos a consejeros si conforma un frente electoral con el mismo nombre en 18 de las 24 provincias.
Entienden que este piso de 18 distritos de la ley tiene un “perfil proscriptivo” y supone una dificultad para la oposición en su armado electoral con vistas a los comicios legislativos del 27 de octubre próximo, aunque ya cavilan estrategias para sortearla, como la presentación de una lista consensuada y federal de candidatos a consejeros.
Fuentes del oficialismo consideraron que la ley llegará por la vía del per saltum a la Corte Suprema de Justicia y, a diferencia de hace algunas semanas, ahora existe confianza en que finalmente será convalidada por el máximo tribunal.
El paquete de leyes de la reforma judicial se completa con la norma que establece un nuevo régimen de acceso de personal a la Justicia por concurso y sorteo, que ya tiene la sanción del Senado y falta la aprobación de Diputados.
La ley 26.857, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, determina que “las declaraciones juradas patrimoniales integrales” de los funcionarios son “de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de internet, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación”.
Por ese motivo, la norma obliga a dar a conocer estos datos a los integrantes del Poder Ejecutivo, a los legisladores nacionales y magistrados del Poder Judicial, así como a los del Ministerio Público, los miembros del Consejo de la Magistratura, los embajadores y cónsules; el personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, el Servicio Penitenciario, rectores, decanos y secretarios de las universidades nacionales, entre otros funcionarios.
En tanto, la ley 26.856 obliga a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales de segunda instancia que integran el Poder Judicial de la Nación a “publicar íntegramente todas las acordadas y resoluciones que dicten, el mismo día de su dictado”.
